La citación de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados era a las 15 horas de este martes en la Sala de Conferencias Inés Enríquez del Congreso. El motivo era continuar con la discusión del proyecto de ley presentado por el gobierno que crea el Financiamiento Público para la Educación Superior (FES) y deja atrás el Crédito con Aval del Estado (CAE). Pero quizás si lo más relevante es que, aunque todavía en sus albores de primer trámite constitucional, la propuesta era sometida a votarla en general. ¿El desenlace? Una aprobación con ocho votos a favor, cuatro en contra y una abstención.

Favorablemente votaron los diputados Karen Medina (de la bancada Demócratas y Amarillos e independientes), Helia Molina (PPD), Alejandra Placencia (PC), Juan Santana (PS), Daniela Serrano (PC), Mónica Arce (del comité DC e independientes), Emilia Schneider (FA) y Felipe Caamaño (del comité DC e independientes). En contra estuvieron Sergio Bobadilla (UDI), Eduardo Cornejo (UDI), Marcia Raphael (RN) y Renzo Trisotti, en representación de Stephan Schubert (independiente del Comité Republicanos). Además, se abstuvo Hugo Rey (RN).

Aprobado en general, ahora al proyecto le corresponderá un plazo para discutir indicaciones, para luego dar paso a su discusión en particular en la misma comisión. El Ejecutivo debería pronto comenzar a arrojar luces sobre las modificaciones que le hará a su proyecto, algunas de las cuales han sido solicitadas por diversos entendidos desde que presentó la propuesta, entre mayor flexibilización, revisar la forma de retribución o ampliar los deciles de copago.

De hecho, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, dijo antes de la votación que “el Ejecutivo está disponible para ese nudo abordarlo en un paquete de indicaciones que conversemos en esta comisión junto a los partidos de oposición, de tal modo de llegar a consenso en esta materia y poder enfrentar este desafío. Es decir, tenemos total disposición a flexibilizar nuestra propuesta”.

Y es que ha sido en el contexto de estas discusiones muchos actores se han hecho presentes. Uno de ellos fue Emilio Rodríguez, rector de la U. de Tarapacá, y vicepresidente ejecutivo del Cruch, quien dijo que “el FES es una oportunidad importante para la educación superior y debería ser parte de una evaluación integral del sistema de financiamiento”, aunque señalando que el Cruch considera necesario modificar ciertos elementos.

Mientras, Nelson Vásquez, rector de la PUCV y presidente de la Red G9 de universidades (las denominadas como públicas no estatales), señaló en ese mismo marco que “el gobierno debe asumir avanzar en legislar este proyecto realizando ajustes significativos”.

En una línea similar, Osvaldo Corrales, rector de la U. de Valparaíso y presidente del Cuech, dice que les parece “que el proyecto avanza en un sentido correcto, sin perjuicio de lo cual creemos que para que sea sostenible y viable en el tiempo deben incorporarse algunas correcciones”.

En medio de esta discusión, el Centro de Estudios Públicos (CEP) realizó un análisis al funcionamiento del CAE, tomando en cuenta la reforma implementada en 2012 con la idea de reducir el impacto del endeudamiento estudiantil y mejorar las condiciones de pago para los beneficiarios.

Para el estudio se utilizaron tres bases de datos proporcionadas por la Comisión Ingresa mediante una solicitud de Transparencia: la evolución de los créditos otorgados desde 2006 hasta 2023, la situación de pago y morosidad, y las cuotas subsidiadas o rebajadas. Adicionalmente y para estimar la proporción del ingreso que las personas destinan al pago del CAE, se utilizó la base de datos de la IX Encuesta de Presupuestos Familiares hecha entre 2021 y 2022.

Los datos de dicha encuesta señalan que la mediana del pago mensual del CAE asciende a $ 46.979, y el 75% de los deudores informa pagar menos de $ 78.000. En promedio, el 14% de los deudores dice no tener renta, el 10% de los egresados reportan ingreso cero y en el caso de los desertores sube al 42%.

Pero además se pesquisó que el 50% de los deudores con ingreso mayor a cero destinan el 4,3% o menos de su ingreso mensual al pago del crédito. Visto de otra forma, el 84% de los deudores paga una cuota que representa menos del 10% de sus ingresos y 6% paga un 20% o más.

Una situación importante que revela el análisis es que a pesar de que el CAE ofrece beneficios para mejorar las condiciones de pago, como limitar la cuota mensual al 10% del ingreso, un 16% de los deudores con ingresos destina más del 10% de ellos a pagar la cuota, lo que indica que no han accedido a este beneficio. La situación afecta al 40% de los deudores pertenecientes a los dos primeros quintiles socioeconómicos. “Aunque el CAE ofrece beneficios como la contingencia por renta y la suspensión por cesantía, un 28% de los deudores no ha podido acceder a ellos”, dice al respecto Gabriel Ugarte, autor del estudio. Dicho de otra forma, casi un tercio de los deudores en etapa de pago destina el 10% o más de sus ingresos al pago del crédito o no tiene ingresos para el pago de la cuota.

Otro beneficio del CAE es la tasa de interés fija del 2% anual para quienes accedieron al crédito a partir de 2012. Los que lo obtuvieron antes pueden optar a una reducción automática de la tasa al momento de pagar su cuota, siempre y cuando estén al día y no registren atrasos. Y ahí se obtuvo que de las más de 24,3 millones de cuotas que podrían haber recibido el beneficio, poco más de 4,9 millones lo fueron, lo que equivale a un 20%.

Con todo, Ugarte dice que “dados los riesgos que implica la propuesta de cambio -FES- de esquema de financiamiento a la educación superior del gobierno, una alternativa posible es enfocar los esfuerzos en mejorar el diseño y la implementación del CAE, incorporando aprendizajes de modelos internacionales”.