Presidente Consorcio de Universidades del Estado y “crisis financiera” universitaria: “La forma de financiamiento ha generado los problemas”
Además, Osvaldo Corrales, aseguró, en ADN Hoy, que las entidades de educación superior del Estado “siguen cumpliendo con normalidad sus funciones en docencia, investigación y extensión”.
Durante esta mañana, en ADN Hoy, Osvaldo Corrales, presidente del consorcio de universidades del Estado de Chile y rector de la Universidad de Valparaíso, se refirió a las crisis financieras que enfrentan varias universidades del país, tanto públicas como privadas. En su intervención, abordó especialmente el impacto que ha tenido la gratuidad universitaria en la sostenibilidad económica de estas instituciones.
Corrales señaló que, a pesar de las dificultades financieras que algunas universidades han experimentado, no se puede hablar de una “crisis estructural” en el sistema universitario estatal. “Es importante dar tranquilidad a la opinión pública. Las universidades del Estado, incluso aquellas que han sido mencionadas, siguen cumpliendo con normalidad sus funciones en docencia, investigación y extensión”, afirmó el rector.
En cuanto a la gratuidad, Corrales destacó que, aunque ha sido una medida positiva para muchas familias, su diseño presenta problemas que han afectado a las instituciones de educación superior.
“Se ha traducido en lo que la Superintendencia de Educación Superior ha llamado un estrés financiero para las instituciones, tanto públicas como privadas adquiridas a gratuidad, porque la gratuidad financia solo el periodo de duración nominal de las carreras y luego de eso solo podemos cobrar la mitad del arancel que corresponde y eso por supuesto que supone una merma en los ingresos y en las capacidades que las instituciones tenemos”, explicó.
Asimismo, el rector detalló el impacto que tiene el crédito con aval del Estado en las universidades, especialmente en aquellas con una alta dependencia de este mecanismo. “Cuando un estudiante deserta durante el primer año, la universidad debe hacerse responsable por el 80% del crédito que se le otorgó, lo que implica una carga financiera significativa. Y luego hay que tratar de actualizar esa deuda con ese estudiante, los que muchas veces no están en condiciones de asumirla”.
Corrales finalizó asegurando que, desde la implementación de estas políticas de financiamiento en 2014, ha habido múltiples solicitudes a los gobiernos para corregir estas deficiencias. “La forma de financiamiento de la educación superior es la que eventualmente ha supuesto problemas y nosotros hemos hecho múltiples llamadas a los distintos gobiernos para que esas aristas sean corregidas”, cerró.
Debate en la U. de Chile: comunidad reflexiona sobre el financiamiento de las universidades estatales
El pasado 26 de noviembre se realizó el foro radial Hablemos TodUs: “Financiamiento para las Universidades del Estado” espacio organizado por el Senado Universitario y Radio Universidad de Chile, para reflexionar acerca del estado financiero actual y futuro de estas casas de estudios, en el marco de las nuevas propuestas del Gobierno en materia de educación superior.
El panel de expertos/as estuvo integrado por Pablo González, presidente del Consejo Asesor de la Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior del Mineduc y director académico del Centro de Sistemas Públicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de Chile; Myriam Barahona; presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios y Funcionarias de la U. de Chile (Fenafuch); y la Senadora Universitaria Sophía Naranjo, estudiante de la Facultad de Derecho de la U. de Chile. Patricio López, director de Radio Universidad de Chile, fue quien moderó la conversación.
Respecto al financiamiento que el Estado les entrega a sus universidades, Sophía Naranjo señaló que “no es suficiente para que estas puedan enfrentar sus desafíos” “El sistema actual, no sólo es insuficiente en términos cuantitativos, sino que adolece de fallas estructurales que impiden que las instituciones desarrollen plenamente su rol social. Esta situación histórica, que incluye la implementación del CAE y sus consecuencias, justifican un análisis crítico de la situación actual y la búsqueda de modelos más equitativos y sostenibles”, dijo.
Para Myriam Barahona la universidad se concibe como una institución que vende un producto, no obstante, esta visión no representa lo que son las universidades del Estado, precisó.
“En estos momentos las universidades no cuentan con los recursos necesarios para ejecutar todos sus proyectos. Por ejemplo, el actual presupuesto no nos permite avanzar en el desarrollo de nuestra carrera funcionaria, los académicos tampoco han podido avanzar en su carrera académica. Y la Universidad tampoco puede desarrollar investigación y extensión como corresponde. Para nosotros es importante que el Estado pague la deuda histórica que mantiene con sus universidades”, enfatizó.
Pablo González explicó que, según el último informe de la OCDE, Chile es el país que más porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) destina a educación superior, por lo cual, agregó, “el tema central no es el volumen de gastos, sino cómo se está gastando”.
Asimismo, indicó que todos los países de la OCDE tienen un sistema estatal fuerte, que no responde únicamente a las necesidades del mercado laboral, y que algunos de ellos incluso generan contratos específicos con cada universidad para determinar el valor público que dicha institución va a aportar. Añadió que en Chile eso es muy limitado, ya que las definiciones que realizan las universidades estatales surgen en buena medida de la convicción de las personas que forman parte de ellas.
“No hay una directriz democrática que defina aquello que se requiere producir y que no se puede hacer a través del mercado. Perfectamente podríamos pensar en un sistema donde, fundados en contratos de largo plazo y con la mirada puesta en el bien común de la sociedad, las universidades estatales tengan un financiamiento basal y los alumnos estudien gratuitamente en sus aulas. Y que exista, por otro lado, un sistema distinto de financiamiento para las instituciones privadas, con mucho menos apoyo del Estado, porque no se espera que estas produzcan valor público, sino que suplan las necesidades del mercado laboral”, expuso.
Sobre el proyecto de ley que pone fin al CAE y crea un nuevo instrumento de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES), la Senadora Universitaria comentó que “la condonación de la deuda es positiva para los estudiantes, pero hay que asegurar que no afecte la estabilidad financiera de las universidades”. “El estudiantado, demanda mayor transparencia en las condiciones de pago, flexibilidad en el sistema y garantías de que el FES no perjudicará a las universidades”, concluyó.
En tanto, la presidenta de la Fenafuch se refirió a la necesidad de elevar los niveles de exigencia en la fiscalización y regulación de las universidades privadas. “Las universidades Estatales cumplen con un estándar elevado de transparencia, que hoy las universidades privadas no cumplen, pese a que reciben financiamiento del Estado”, declaró.
Finalmente, el presidente del Consejo Asesor para la elaboración de una Estrategia de Desarrollo de la Educación Superior Chilena, instancia convocada por la Subsecretaría de educación Superior, sostuvo que “hay que sacar el debate sobre el medio y ponernos de acuerdo en qué sistema de educación superior queremos para ese país que queremos”, añadiendo que “el financiamiento es un medio para un fin y que primero hay que discutir sobre fines”.
“Nuestra aspiración probablemente tiene que ver con insertarnos a nivel internacional, ser una palanca potente del desarrollo, lo que requiere generar mucha más investigación aplicada a los problemas concretas que enfrenta el sistema productivo (…) En esa visión podemos recoger consenso y generar políticas de Estado que provoquen un cambio de trayectoria, y después discutir el financiamiento que queremos”, argumentó.
Subsecretario Víctor Orellana: “Al Gobierno le queda un proyecto de ley de educación superior que presentar”
Ante la preocupación por el financiamiento de las universidades del Estado, la autoridad de la Subsecretaría de Educación Superior dijo que estas instituciones requieren fortalecimiento. “No tenemos un régimen institucional adecuado”, advirtió.Diario UChile, 06-12-2024
Esta semana, la compleja situación que atraviesa la Universidad de la Frontera (UFRO) y la denuncia de una ola de despidos masivos en otras universidades estatales, generaron preocupación por el estado financiero de la educación pública.
En ese contexto, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, señaló que el Gobierno está interesado en fortalecer estas instituciones, pero apuntó a que la solución no solo está en entregarles más recursos.
“A veces es la propia abundancia de recursos la que genera situaciones de difícil administración, a veces se tienen recursos y se comprometen en inversiones o en contrataciones que no resultan sostenibles en el tiempo, entonces, no es un problema solo de recursos”, insistió.
Pese a que reconoció que sí hay planteles que requieren un mayor apoyo, como las universidades de Magallanes o de Aysén, “que están ubicadas en lugares de baja densidad población y naturalmente van a tener menos matrícula”, según Orellana, “se trata de varias situaciones que constituyen un escenario que tenemos que abordar en su complejidad”.
A juicio del subsecretario, el elemento central que aqueja a las instituciones públicas, “es que no tenemos un régimen institucional adecuado para las universidades del Estado y capacidades de administración adecuadas a ese régimen institucional”. “Por lo tanto, lo que ocurre, es que entramos a una especie de cultura del déficit, nos acostumbramos a funcionar de una manera subóptima y eso va generando varios problemas”, dijo.
En esa línea, Orellana aseguró que “al Gobierno le queda un proyecto de ley de educación superior que presentar”. “Siempre dijimos que íbamos a presentar un proyecto de ley que termina con el CAE, que moderniza el financiamiento, pero además, vamos a presentar otro proyecto de ley y una serie de ajustes necesarios para el proceso de modernización. En ese proyecto de ley vamos a hacer ajustes a la educación pública porque requerimos una mejor institucionalidad y a su vez, vamos a trabajar para que esa educación pública tenga una orientación, una planificación, para ayudar al desarrollo del país. Que no sea simplemente un conjunto de instituciones que, como se creyó en algún momento, compiten unas con otras como si esto fuera un mercado”, indicó.
De todas maneras, el subsecretario de Educación Superior advirtió que la transformación será progresiva. “Como nos interesa mucho el desarrollo de la educación pública, estamos disponibles para hacer estos cambios, que por supuesto son lentos y no se resuelven en cinco minutos, pero requieren que cambiemos nuestra actitud. Que nos dispongamos a una transformación paulatina de reconstrucción de la educación pública y que salgamos de una situación en que la educación pública tuvo que defenderse de un entorno institucional hostil, como ocurrió con las políticas de mercado en Chile. Vamos a salir, vamos a cambiar la tendencia pero esa transformación va a tomar un tiempo más largo”, sostuvo.
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