Uno de los mayores absurdos a los que lleva la actual polarización de la política y su comunicación mediática es que vuelve un sinsentido la deliberación pública. Un buen ejemplo de esto es lo que viene ocurriendo desde hace ya más de un año. La oposición alega que el Gobierno no cumple su programa, cuando debiera decir “en buena hora”. Y el Gobierno, que efectivamente cambió de perfil y programa, retruca que solo modificó el uso de los instrumentos, pero no la dirección y los objetivos.

Ambas partes, por tanto, recurren al programa como a un fetiche, del que una abomina y la otra venera. Ambas reclaman fidelidad al programa, una para enrostrarlo al Gobierno y este para demostrar coherencia.

Este juego del absurdo se replica luego frente a cada pieza que se mueve en el tablero de ajedrez de la política. Aprobada que fue la ley corta de isapres, de inmediato la oposición denunció al Gobierno por haber renunciado a su idea programática de suprimirlas. Y el Gobierno, en vez de resaltar que había logrado sortear una grave crisis y producir una solución que fortalece —no se sabe por cuánto tiempo— la provisión mixta de salud, sale al foro público explicando que “aquí no hubo perdonazo”, buscando apaciguar a sus sectores radicales.

Al contrario, nadie se congratula de que haya primado la razón, producido un acuerdo, evitado un desastre y encontrado una solución. O sea, en el estado de polarización en que nos encontramos, ya ni siquiera los logros que benefician a la sociedad en su conjunto se reconocen. La oposición, porque su sector más duro —que en esto arrastra al resto— entiende que la batalla comunicacional es total y no puede siquiera conceder una tregua; el Gobierno, con su confusión y grado de desavenencias internas, permite que aun sus mejores momentos pasen desapercibidos.

El país pierde por ambos costados. Pues este juego absurdo en que se hallan envueltos nuestros dirigentes les resta seriedad institucional y desacredita ante el electorado. A esta altura, apenas el 1% del país confía en los parlamentarios y los partidos políticos, según la reciente encuesta nacional Bicentenario.

Es increíble que ni siquiera este golpe letal a la legitimidad de nuestro sistema político provoque una reacción de los dirigentes, los medios de comunicación de la política y las élites de la sociedad en general. En vez de declararse en un proceso reflexivo y disminuir el diapasón bélico que continúa alimentando el absurdo, gobierno y oposición insisten con el mismo juego, danzando ante unas audiencias que esperan, si no soluciones, a lo menos que se gestionen oportuna y eficazmente sus problemas.

En fin, la fascinación con la letra del programa solo distrae al Gobierno y a la oposición de la tarea principal de conducir al país. Y, lo más probable, interesa aún a menos que el uno por ciento de la población.