No había duda de que la falta de relevo de todos los profesores que se jubilaron entre 2011 y 2017 ―llegó a reponerse solo a un 10% en 2012― iba a tener su reflejo en la precariedad laboral de las universidades, pues estas instituciones han suplido a estos catedráticos y profesores titulares de plantilla fija con unos docentes temporales con “sueldos de miseria” ―en palabras del exministro Manuel Castells―. Pero los datos publicados la pasada semana por el Ministerio de Universidades muestran una fotografía en la que solo la mitad del profesorado universitario tiene contrato fijo (50,8%), cuando hace siete años eran un 57,8%. La brecha entre universidades es enorme: tan solo el 26,2% de profesores son estables en la Rovira i Virgili (Tarragona) frente al 80% de la UNED o el 73,4% en la de Granada.

Las seis peores cifras de precariedad laboral se concentran en seis universidades fundadas entre 1989 y 1991, por lo que se las considera jóvenes (la última institución pública abrió en 2008): la Rovira i Virgi (26,2%), Rey Juan Carlos (31,5%), Baleares (32,9%), Pompéu Fabra (33,3%), Girona (33,3%) y Carlos III (36,7%). La estructura permanente la conforman los catedráticos y los profesores titulares ―ambas figuras pertenecen al cuerpo de funcionarios― y los contratados doctores, que son fijos; y los inestables son los ayudantes (que trabajan en la tesis), los ayudantes doctores, los profesores asociados ―hoy la mayoría― y los visitantes.

El catedrático de la Universidad de Vigo José María Da Rocha, en su artículo ¿Reducirá la LOSU la precariedad?, para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), describe el escenario en las entidades jóvenes: “En las universidades más internacionalizadas, que figuran en los ránkings de las mejores universidades menores de 50 años, una parte de la docencia se imparte con contratos a tiempo parcial para liberar fondos con los que realizar ofertas competitivas a profesores extranjeros”.

La Ley de la Reforma Universitaria, de 1983, creó la figura del profesor asociado para ligar la universidad a profesionales que pidiesen trasmitir su experiencia a tiempo parcial. Pero lo que parecía una buena idea, se ha terminado convirtiendo en la vía precaria usada por los campus para la impartición de docencia de forma barata, sin contratos fijos ―inviables en el transcurso de la anterior crisis―. Muchos docentes son en realidad falsos asociados ―no cuentan con un trabajo principal―, que buscan su momento de hacerse un hueco en la plantilla mientras cobran sueldos bajísimos (de 300 a 600 euros) e investigan lo que pueden, de cara a acreditar méritos en una oposición. En los últimos años, muchos falsos asociados ―hay tantos como profesores titulares― han ganado juicios a sus universidades al demostrar que ocupan allí puestos estructurales. Un tercio de los asociados es doctor y presumiblemente es el colectivo que aspira a ser funcionario.

La Ley Orgánica de Universidades (LOU, 2001) es clara en uno de sus artículos: “El personal docente e investigador con contrato laboral temporal no podrá superar el 40% de la plantilla docente”. Los números, sin embargo, demuestran que no es así. Solo en 15 de las 50 universidades públicas el número de permanentes supera el 60%; en el curso 2015/2016 eran 23 campus. En principio, la Ley Orgánica del Sistema Universitario ―que se va a aprobar previsiblemente en el Congreso a principios de marzo― va a obligar a las universidades a convocar concursos para convertir a 26.000 profesores asociados ―son el 19,8% del total de docentes, tantos como profesores titulares― en indefinidos con dedicación parcial. Esta estabilización otorga a los trabajadores vacaciones pagadas, indemnización, derechos de antigüedad o de optar a complementos salariales como premio a su labor docente.

Aunque la medida fue bien acogida por el colectivo ―aunque subrayaban que la estabilización no acaba con la temporalidad real ni con la precariedad―, en algunas comunidades ―en especial Comunidad Valenciana y Cataluña― los asociados mantienen una huelga intermitente. Estos docentes desconfían de los concursos de estabilización ―hay libre concurrencia, la plaza no tiene dueño― pues cada universidad concebirá su propio sistema. Administración Pública calcula que, en otras áreas, el 20% de los trabajadores no logra conservar la plaza tras el concurso.

Los asociados no podrán impartir más de 120 horas de docencia al curso y ello obligará a que el personal permanente dedique más tiempo a la enseñanza y menos a la investigación; y en ese escenario, la conferencia de rectores (CRUE) ha pedido más dinero. “La reducción del encargo docente en ciertas figuras debe ir acompañada de una fórmula de financiación que compense la necesidad de una mayor contratación”, afirmaron en un comunicado.

La LOSU afirma que la precariedad bajará con los planes de estabilización hasta el 8% del PDI (Personal Docente Investigador) ―tal y como obliga la Unión Europea―, pero de la lista de temporales el Ministerio de Universidades excluye a los casi 10.000 profesores asociados de ciencias de la salud (el 7,4% del total) ―cuyos contratos se rigen por un contrato acordado con el Ministerio de Sanidad― y a los 6.000 ayudantes doctor (4,5%), pues el ministerio considera esa figura el primer escalón de la carrera académica fija. Además de las estabilizaciones de asociados, se convocarán más plazas para investigadores no permanentes. Desde 2021, por cada 10 jubilaciones se pueden convocar 12 puestos, algo inaudito.

El catedrático Da Rocha es salomónico en sus conclusiones. “La ley elimina alguna disfuncionalidad del sistema actual para captar profesorado extranjero, como por ejemplo prescindir del requisito de estar acreditado para ser contratado (un trámite muy costoso en tiempo y dificultoso para los extranjeros que no residen en España)”, remarca optimista, “pero establece un límite del 8% sobre el número de profesores a tiempo parcial que la universidad puede contratar, impidiendo que se puedan seguir haciendo el mismo número de ofertas que se hacen ahora”.