Hay situaciones que amenazan con desequilibrar la balanza entre autonomía, diversidad y rendición de cuentas. Los colegios pertenecientes a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) se encuentran precisamente en ese dilema.

Ya hace tres lustros, a partir de los resultados de la prueba internacional PISA, la OCDE concluía que existe una asociación positiva entre autonomía responsable de los colegios y resultados del aprendizaje de los estudiantes.

En efecto, aquellos países donde los colegios gozaban de mayor autonomía en cuanto a cómo enseñar y evaluar a sus estudiantes, contratar profesores y asignar recursos, mostraban mejores rendimientos, provisto que dieran cuenta pública de sus resultados (OCDE, 2009).

En lo esencial, el sistema chileno consagra principios coincidentes con esa visión. Así, la Ley General de Educación (2009) enuncia que nuestro sistema se basa en el respeto y fomento de la autonomía de los establecimientos para definir y desenvolver su propio proyecto educativo. Reconoce, por consiguiente, una diversidad de proyectos institucionales. Y ordena que los responsables rindan cuenta pública de sus resultados.

La tríada —autonomía, responsabilidad y diversidad— es consustancial a los sistemas de provisión mixta como el chileno, donde la educación pública, obligatoria y gratuita, es ofrecida por colegios estatales y no estatales.

A su vez, en el entorno de los colegios, actuando sobre su dirección, gestión y personal profesional y estudiantes, se despliegan las instancias centrales, regionales, provinciales y locales que componen la gobernanza del sistema, instancias que regulan y deberían apoyar a las escuelas para realizar su proyecto educativo.

Suele designarse a esa compleja estructura con el término Estado; gobierno, Congreso y tribunales. A nivel del sistema, se expresa por numerosos organismos especializados de control y fomento, tales como el Mineduc, con su aparato central y descentralizado, personal y presupuesto; la Superintendencia de Educación, la Agencia de Calidad y el Simce, el Consejo Nacional de Educación, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y múltiples otras agencias.

Desde el punto de vista de los colegios, se trata de una tupida malla de normas de distinto origen y jerarquía, reglas de actuación, instrucciones, protocolos, reglamentos, sentencias, resoluciones, procedimientos y trámites. Su conocimiento y comprensión, según reconoce el propio Mineduc, es “una tarea ardua y compleja para la mayoría de los equipos directivos y de gestión escolar”. Al punto de haber tenido que encomendar una “Guía sobre Normativa Vigente – 2023”, destinada a los equipos directivos de los colegios, que tiene sorprendentes 194 páginas.

No debe extrañar, por lo mismo, que ya a fines de la década pasada se constató que el cúmulo de demandas hechas a los equipos directivos escolares “afectan negativamente la efectividad de su liderazgo” (CEDLE, 2018). En la práctica, dichos equipos están sobrepasados y, a veces, ahogados por esa malla de ordenanzas y requerimientos administrativos.

Además, deben lidiar con otra serie de exigencias provenientes de la sociedad civil: familias de los estudiantes, gremios docentes, medios de comunicación, partes interesadas de las comunidades locales, investigación académica sobre efectividad escolar, evaluaciones internacionales de resultados (PISA y ERCE), todo tipo de rankings de desempeño y resultados, opinión de los partidos políticos y la continua deliberación pública sobre el (mal) cumplimiento de la promesa educacional y sobre la (permanente) crisis de la educación.

Esta situación amenaza con atenazar a los colegios y desequilibrar la balanza entre autonomía, diversidad y rendición de cuentas. Los colegios pertenecientes a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) se encuentran precisamente en ese dilema, tanto por su (mal) diseño como por la tortuosa implementación de aquel.

Por lo pronto, poseen un régimen de gobernanza engorroso, compuesto por una dirección nacional de educación pública instalada en el Mineduc, los SLEP como aparato burocrático intercomunal, los Consejos Locales de Educación que acompañan a aquellos y, finalmente, los establecimientos, cuya dirección depende de los SLEP.

En seguida, en adición a la malla normativa que afecta a todo el sistema, los colegios SLEP deben acomodarse a un cuerpo de normativa complementaria especial. Este se halla compuesto por un conjunto de nuevos instrumentos de gestión: el Convenio de Gestión Educacional, el Plan Estratégico Local, el Plan Anual y el Plan de Mejoramiento Educativo. Solo este último es de iniciativa de los directores de los colegios, pero debe ser ratificado por el director del SLEP, el cual tiene la facultad de enmendarlo.

En suma, el diseño de los SLEP no se basa en la idea de un balance entre autonomía, diversidad y rendición de cuentas, sino en una concepción esencialmente administrativa, jerárquica, de control y comando desde el vértice (Dirección Nacional) hasta la base, donde los colegios y su equipo directivo aparecen disminuidos bajo el peso de una superestructura de múltiples organismos, instancias e instrumentos de gestión.

En la práctica, tal diseño evidencia variadas falencias. En Atacama, sencillamente colapsó. Mostró que existía una insalvable distancia entre los colegios y la cabeza nacional del Servicio; una continua rotación en el cargo del director ejecutivo; una pesada burocratización interna del SLEP; una extrema vulnerabilidad frente al paro docente; un descuido de los colegios, su infraestructura y equipamiento; una escasa relevancia de los directores de colegios y sus equipos; malas prácticas en la contratación del personal; redes clientelares que enredan las decisiones; líneas entrecruzadas de coordinación y jerarquía; débil rendición de cuentas; escasos incentivos para aumentar la efectividad de la enseñanza en los colegios; enrevesadas relaciones con los actores externos —educativos y otros— de las comunas, provincias y de la región.

Resultado: la educación estatal, bajo la forma de los SLEP, no ha encontrado un equilibrio entre autonomía, diversidad y una efectiva rendición de cuentas. Al contrario, los colegios exhiben mayor dependencia y confusión normativa; sufren una constante presión hacia la homogeneidad administrativa, y la rendición de cuentas se sustituye por controles burocráticos.

Es difícil imaginar que estos problemas podrían resolverse postergando o bien acelerando la creación de los SLEP. Se requiere, en cambio, una discusión a fondo sobre cómo restablecer el balance entre autonomía, diversidad y responsabilidad, restituyendo así la autoridad de los colegios, sus directivos y el cuerpo profesional docente.