Hace algunas semanas llamé la atención al fundamento religioso de este debate que continúa por la senda de las recriminaciones, de lo pecaminoso, de la contaminación o polución moral (como la llama Mary Douglas), de la defensa de la pureza de los asuntos humanos, los motivos desviados del negocio, etc. Es un tiempo de confusiones y de escasa atención hacia los argumentos, donde parce que no hay espacio para aprendizaje alguno. Pues nos damos vueltas y vueltas en el mismo lugar; lo que en alemán llaman “sich im Kreis drehen“ (darse vueltas en un círculo) o “auf der Stelle treten“ (caminar en el mismo lugar). A continuación, nuevos y viejos aportes al círculo que corre sobre sí mismo en el mismo lugar, mediante una selección de contribuciones de interés en contra y a favor. Pero no todo es “más de lo mismo”. Véase, al final, el análisis realista del profesor Raul Atria
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El lucro, el engaño y sus cómplices
Noam Titelman, Presidente de la FEUC y vocero de la Confech, El Mostrador, 19 de julio de 2012
Últimamente se ha debatido mucho sobre el lucro. Una acusación que durante bastante tiempo se mantuvo finalmente ha empezado a calar hondamente. La violación a la ley que prohíbe el lucro en nuestro sistema universitario es un problema altamente difundido e involucra a un número importante de instituciones y “empresarios” del rubro. Sin embargo, más allá de las defensas espurias, de buscar el último resquicio legal para defender una flagrante burla a la ley, han surgido voces que, por primera vez con tanta fuerza, develan sus posturas a favor del lucro en educación.
En ese sentido, se han escuchado una serie de alegatos que buscan defender la persecución de riqueza en el ámbito de la educación. Exactamente igual como si se tratase de la industria automotriz o de la comida rápida. La idea de los defensores del lucro es que la persecución de bienestar personal de quienes son dueños de las empresas productoras, en este caso universidades, junto con un mercado perfecto significará que los establecimientos competirán entre ellos reduciendo sus precios al mínimo y maximizando la calidad del bien entregado.
¿Cuál es el problema de buscar lucro en la educación? El problema, podemos decir con certeza, es que no funciona. Cuando los defensores del lucro en la educación plantean sus argumentos casi siempre se reducen a uno solo: cobertura. El aumento explosivo en número de universidades, CFT e IP sería suficiente para justificar esta situación. Sin embargo, tras esta afirmación, claramente se omite una parte de la historia, la más importante. ¿Cuál fue el costo de este crecimiento desregulado e incentivado en gran medida por la persecución de lucro? Un sistema en el que de un total de 97 instituciones que pasaron por procesos de acreditación institucional (varias ni siquiera lo han intentado), solo el 10% fueron acreditadas en todas sus áreas, mientras que un 60% solo cumple con mínimos cuestionables. Como lo explica el director del Centro de Estudios Públicos, Arturo Fontaine, las universidades no compiten vía precios, que solo suben, ni calidad, que puede ser difícil de medir antes de graduarse: las universidades compiten vía marketing.
Según un estudio reciente del CEP, presentado por Sergio Urzúa, aproximadamente el 42% de los titulados de establecimientos privados obtendrán una rentabilidad negativa: haber estudiado en este tipo de universidades, lejos de servir como herramienta de promoción social y económica, se ha vuelto un primer paso hacia el círculo vicioso del endeudamiento.
Curiosamente, el propio ministro Beyer, en su momento, afirmó que las universidades con fines de lucro nunca serán buenas universidades. Sin embargo, lo hemos oído despreciar en reiteradas ocasiones el informe emanado de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados en el que se señala en detalle algunas universidades que lucran y la manera en que lo hacen. Quizá uno de los elementos más interesantes de este informe que el ministro ha desechado son las afirmaciones a la comisión de su antecesor en el cargo, Felipe Bulnes: “No es casualidad que ningún ministro de Educación —incluyo ambas coaliciones— haya ejercido acciones decididas para controlar esta materia…debo decir que la ley no fue pensada para sancionar a una universidad por dicha circunstancia… Esa ley tiene 30 años, pero nadie puede dar fe de que efectivamente algunas de las universidades no la estén burlando, incluso, es público y notorio —algunas personas se refirieron a ello antes que surgiera esta polémica— que las universidades representaban un buen negocio, en el sentido de que, así lo entendí yo, era una buena fuente de retiro de excedentes y de ganancias particulares, aunque la ley lo proscribe”. En otras palabras, tenemos un sistema legal diseñado para hacer la “vista gorda”.
Es indignante e inaceptable, sobre todo cuando se considera la complicidad que ha tenido el Estado. Lejos de fiscalizar y castigar a quienes han infringido la ley, enormes y crecientes montos de recursos fiscales han terminado subsidiando esta situación. Según Contraloría, más de $ 85 mil millones fueron asignados solo a las universidades cuestionadas por el informe de la comisión investigadora y hay muchas razones para creer que el número de universidades y monto comprometido es bastante mayor.
El primer paso es terminar con esta verdadera complicidad en la que ha caído nuestro Estado. Se debe tramitar con urgencia una legislación robusta que permita fiscalizar y castigar a aquellos que estén lucrando con recursos fiscales. En segundo lugar, se debe prohibir y tipificar el delito cometido por aquellos que lucran y engañan a miles de chilenos. No es posible que la única sanción para quienes han cometido este ilícito sea revocar su estatuto de universidad.
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¿No al lucro en la educación? Precisando conceptos
Por Amaro Oróstica Ortega, Ballotage, Revista de Opinión Pública, 4 de julio de 2012
Publicado el 4 Jul, 2011
Más EducaciónUna de las principales demandas del movimiento estudiantil es “acabar con el lucro en la Educación”, en este sentido, la idea de dicha demanda es evitar que particulares, ejerciendo actividades educacionales, ganen dinero como si fuera un negocio solamente. En este sentido, el objetivo del presente artículo es contribuir a esclarecer algunas ideas que pueden tornarse un tanto confusas cuando se habla de “lucro en la educación”.
Las falacias de la derecha
Escuchando un debate entre Giorgio Jackson, presidente de la FEUC, y Hernán Corral Talciani, abogado y académico de la Universidad de Los Andes, respecto al lucro en la educación en un programa de televisión hace algunos días, pude anotar los siguientes argumentos para defender el lucro, argumentos que por lo demás resultan recurrentes en la derecha:
a.- La educación de mercado no es mala, porque la competencia aumenta la calidad. La experiencia práctica indica todo lo contrario: si lo analizamos en términos económicos, cuando la demanda es mayor que la oferta técnicamente no se produce una gran competencia –son más bien los demandantes los que compiten entre sí. La situación actual se reduce a muchos demandantes por educación superior y planteles que cobrando determinada cantidad de dinero satisfacen dicha demanda. El problema es que cuando esto ocurre la calidad queda a un lado, en tanto el que entre pague.
b.- Es perfectamente legítimo esperar obtener un retorno económico cuando se invierte dinero. Si hablamos de actividades comerciales por supuesto que sí. Sin embargo, por un lado la educación es un derecho –y como tal, sin perjuicio de que pueden colaborar los privados, debe ser asegurada por el Estado–, y por otro lado existe aquí una seria confusión conceptual que sólo enunciaré y desarrollaré más adelante: el problema no es que las Universidades generen excedentes, sino el cómo y a qué se destinan aquellos excedentes, y sobre todo, qué entendemos por “lucro”.
c.- Si reclaman por el lucro en la Educación, entonces después deberían trabajar gratis. Esto es derechamente un error conceptual grosero. Es muy distinto en términos económicos el retorno con excedentes producto de la inversión de dinero en una actividad económica, al pago de un salario por desarrollar un trabajo, salario que idealmente debiese representar la riqueza producida por el desarrollo de dicho de trabajo, pero que en una sistema económico capitalista como el nuestro en el mejor de los casos constituye una “explotación por la vía relativa”.
¿Qué es el lucro? ¿Cuál es el lucro que se puede y/o que no se puede permitir?
“Lucro” de acuerdo a la RAE puede ser definido como la “ganancia o provecho que se saca de algo”. Si lo aplicamos a la educación, sería entonces “ganancia o provecho económico que se obtiene producto de ejercer una actividad educacional”. De esta manera, el decir “no al lucro en la educación” implicaría impedir que todos los actores educacionales pudieran obtener estas ganancias. Aquí encontramos la primera imprecisión.
Resulta que en un sistema donde se cobran aranceles es prácticamente inevitable que las Universidades obtengan excedentes, partiendo por la Universidad de Chile, institución “pública” (entre comillas, porque sólo el 17% corresponde de su financiamiento es de carácter estatal). ¿Este es el lucro al cual nos oponemos? Estimo que es deseable que las Universidades obtengan excedentes económicos. El problema –como veremos a continuación– es que se hace con los excedentes.
Cuando una entidad obtiene excedentes, puede hacer con ellos tres cosas: reinvertirlos, invertirlos en otra entidad, o ser apropiados por quienes detenten la propiedad de ellas. Por otro lado, el artículo 30 de la LOCE (no derogado por la LGE, ya que esta última no se refiere a educación superior), establece:
Artículo 30: Las universidades, los institutos profesionales y los centros de formación técnica estatales sólo podrán crearse por ley. Las universidades que no tengan tal carácter, deberán crearse conforme a los procedimientos establecidos en esta ley, y serán siempre corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro para el efecto de tener reconocimiento oficial.
Al ser corporaciones sin fines de lucro, no pueden invertir sus excedentes en otras instituciones con fines comerciales. Sin embargo, no hay ningún problema para que sean reinvertidos. Además queda claro del tenor de la ley que estos excedentes no pueden ser apropiados por particulares. Por lo tanto, la primera dimensión de esta demanda estudiantil es evitar esta apropiación por parte de quienes detenten el control de la Universidad.
“Utilidades” y “ganancias”
La prohibición al “lucro” en la Educación tiene un componente estrictamente jurídico: lo que se prohíbe en verdad es el retiro de utilidades, es decir, la diferencia positiva entre lo invertido y lo retornado en una actividad económica determinada y rentable. Ahora bien, existe en nuestro país un sistema tributario que establece impuestos en base a las utilidades percibidas, sistema al que no están afectas las corporaciones sin fines de lucro. De esta manera, hablamos de utilidades cuando hablamos de los excedentes de una empresa o una persona generados por actividades con fines de lucro, y sobre ella se tributa. Pero lo correcto sería hablar de ganancia, es decir, cualquier diferencia positiva entre lo invertido y lo retornado, sin importar qué clase de actividad se trate, dado que las Universidades, al ser corporaciones sin fines de lucro, no perciben utilidades en estricto rigor.
¿Está prohibido realmente el lucro en la Educación Universitaria chilena?
Partiré con la respuesta que no me agrada: no, no esta del todo prohibido. Lo que está prohibido por la LOCE cuando habla de “lucro” es que los dueños de las Universidades privadas retiren las utilidades en su provecho, y este concepto normativo de “lucro” aplicado al caso particular lo podemos desprender del hecho de que se establezca que las Universidades deben ser corporaciones de derecho privado sin fines de lucro. Por lo tanto, no hay tributos respecto a estos excedentes como sí los hay para actividades comerciales.
Sin embargo, no está prohibido obtener ganancias. Y efectivamente existen formas para obtener ganancias, es decir, que parte del dinero de los excedentes que genera una institución universitaria llega al bolsillo de sus dueños. La más conocida y burda es aquella de ser miembros de una corporación universitaria y a la vez socios de una inmobiliaria para producir ahí la triangulación de los recursos. Lamentablemente no es ilegal, como muchos lo han alegado –quizás inmoral–, por lo que sería imposible plantear un eventual fraude a la ley por parte de todos los que se han enriquecido.
En definitiva, la consecuencia económica práctica resulta peor de que si el lucro estuviese permitido, dado que finalmente no se tributa sobre los excedentes como sí se haría si se les reconociera una naturaleza empresarial a las Universidades.
Pasos a seguir
Para ser ecuánime plantearé las posturas que deberían seguir siendo consecuentes con su idea defendida tanto quienes se oponen al lucro en la Educación como quienes lo avalan. De todas maneras aclaro que yo engroso la fila de los primeros.
Para los que nos oponemos, como cuestión fundamental, darle el contenido jurídico lo más amplio posible al concepto de “lucro”, que como vimos en la legislación actual se limita a “utilidades”. La idea es evitar que el dinero de quienes pagan la Educación universitaria llegue a los bolsillos de los dueños de las Universidades. Pero no basta con sólo prohibirlo, hay que establecer prohibiciones, imperativos y mecanismos de incentivo para que estos excedentes sean reinvertidos en las mismas instituciones educacionales.
En definitiva todo esto se debe entender como una medida parche, puesto que la idea es reformar completamente las bases del funcionamiento de la educación superior en Chile. Una reforma que implique mayor aporte del Estado a las instituciones públicas y por ende el fortalecimiento de éstas, sin perjuicio de la existencia de aportes a las instituciones privadas si es que cumplen ciertos requisitos, como por ejemplo; democracia interna, producción de conocimiento público, cupos de equidad, etc.
Para los que avalan el lucro en la educación, si son consecuentes con las “bondades” de un sistema de Educación de mercado, entonces deberían buscar el reconocimiento de las instituciones de educación superior como estructuras societarias pasa así poder obtener utilidades, tributar como cualquier empresa, ser veladas por una Superintendencia respectiva, y tener los mismos criterios de transparencia para todos los actores del mercado. Además se debiese permitir que las Universidades públicas funcionaran bajo el sistema de empresa estatal para poder competir en igualdad de condiciones.
Agradecimientos especiales a Édison Orellana Ramos, ayudante del ramo de Filosofía Moral de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, quien me inspiro para escribir este artículo gracias a su buena conversación y sincera amistad. Sin duda buena parte de las ideas planteadas aquí se originaron en aquella buena charla.
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Gratuidad y lucro en la educación chilena
Carlos Williamson, Profesor Titular Universidad Católica de Chile, Revista Humanitas, PUC-Chile
No ha sido fácil seguir la intensa polémica pública sobre la educación en Chile. En parte, por la variedad de actores y propuestas, pero especialmente porque la discusión ha quedado presa del oportunismo ideológico que pretende refundarlo todo, creando el espejismo de que la solución a los males pasa por volver a esquemas largamente superados: educación gratuita para pobres y ricos y provista en exclusividad por el Estado. Un balance que intente alejarse de tales reduccionismos, expresados metafóricamente por un alto dirigente estudiantil, “aquí no se trata de podar el arbolito, sino arrancarlo de raíz”, se hace urgente y necesario.
Es positivo, por cierto, que prime la adhesión mayoritaria a un modelo que ha probado ser virtuoso en materia de cobertura educacional y que se cimienta en la provisión mixta, estatal y privada, y la gratuidad reducida sólo a quienes no tienen cómo pagar sus estudios. Respecto del financiamiento en la educación superior, algunos dirigentes estudiantiles piden eliminar el cobro de aranceles y una reforma tributaria que financie con cargo a rentas generales educación gratis para todos. Otra corriente se allana a aceptar una alternativa más sensata y equitativa al focalizar mejor el destino de los recursos públicos, aceptando los aranceles, pero con becas que cubran integralmente el costo de los estudios para el 70% de los estudiantes con menores recursos. El Gobierno, por su parte, ha acercado posiciones y ofrece financiamiento para el 60%, con una combinación de becas y crédito a tasas subsidiadas parejas del 2%.
En la educación escolar la educación pública ya es gratis y nadie cuestiona que se mantenga así. Hay consenso en que la subvención tiene que crecer y que deben crearse corporaciones fuera de los municipios para administrar los liceos con rigurosos estándares sobre calidad. No hay acuerdo, sin embargo, respecto de la educación particular subvencionada, donde los estudiantes piden eliminar el financiamiento compartido, que permite que voluntariamente los padres puedan contribuir con aportes económicos a la educación de sus hijos. Se aduce que ello fomenta la segregación social: quienes no aportan reciben una educación peor. No hay evidencia sólida que demuestre la validez de esa hipótesis. Pero además, desafía al sentido común negar el derecho de cada padre a contribuir libremente para que su hijo goce de una educación de mejor calidad. Si existe estratificación social, ello es consecuencia directa de que la educación pública, gestión y profesorado incluidos, es de mala calidad y la subvención es insuficiente. ¿Por qué entonces estigmatizar a la educación privada de algo que no es de su responsabilidad y restringir la libertad de elección de los padres?
El otro ámbito de divergencias es respecto del lucro, demonizado como culpable de la baja calidad en una reacción muy chilena de apelar a lo emotivo: “con los bienes públicos no se lucra”, en lugar de buscar evidencia sobre los efectos del lucro en la baja calidad, donde no hay prueba alguna que sustente tal asociación.
Finalmente, muy grave es lo que se discute sobre el lucro respecto de las instituciones de educación superior no universitarias, centros de formación técnica e institutos profesionales, y en los colegios subvencionados. Como se sabe, una proporción muy significativa de dichas entidades persigue fines de lucro en conformidad con la normativa vigente. Las propuestas van desde prohibir el lucro o admitir su existencia, pero eliminar los subsidios fiscales. El cambio en las reglas del juego es evidente y las consecuencias sistémicas podrían ser devastadoras con costos sociales no despreciables. En efecto, en la educación escolar se forzaría al cierre de varios miles de colegios que se financian con la subvención. Corresponde a mono-sostenedores, en su mayoría emprendedores de ingresos medios que se ganan la vida “lucrando” y que en muchísimos casos han hecho un valioso aporte a miles de familias que confiaron en ellos y entregaron una educación de calidad. En la educación superior podría ocurrir otro tanto, siendo la prohibición del lucro la que tendría un severo impacto al clausurar la participación de entidades de incuestionable aporte formativo en la educación técnica y profesional de miles de jóvenes chilenos.
A estas alturas, la opinión pública tiene el derecho de conocer las reales consecuencias de estos cambios, hasta ahora ocultos por quienes los apoyan, y señalados sin razones fundadas como la panacea en la solución a los problemas que aquejan a la educación en Chile.
Publicado originalmente en El Mercurio de Santiago (2 de Septiembre de 2011)
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La Adimark, el lucro y el financiamiento de la educación
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Marcel Claude, Economista, El Mostrador, 11 de junio de 2011
Según la última encuesta Adimark, el respaldo al Gobierno se ha desplomado y, en el área de la Educación, sufrió la peor de las derrotas, cayendo 16 puntos porcentuales en mayo respecto de abril de este año, pasando de una aprobación del 60% a una del 44%. Esto no es coincidencia, ya que está en directa relación con la capacidad del movimiento universitario de hacerse escuchar y hacerle ver al resto del país la grave situación en que se encuentra la educación en Chile. La ciudadanía ha respondido consistentemente y se ha hecho eco del malestar expresado en el movimiento. En hora buena. Ambos fenómenos -la caída del respaldo al Gobierno y las contundentes movilizaciones estudiantiles- son un indicio de que una nueva conciencia política se está gestando en el seno de nuestra sociedad.
Una vez más en la historia política de Chile, los estudiantes marchan pidiendo cambios sustantivos en la educación. A estas movilizaciones se han sumado también académicos, funcionarios y altas autoridades universitarias. Es, como diría Serrat, todo un gesto de urbanidad ver a los rectores marchando con los estudiantes y reconociendo públicamente que este movimiento estudiantil es responsable y serio, al mismo tiempo que se sienten orgullosos de sus estudiantes. En lo personal, me produce una entusiasta y esperanzadora alegría.
Ya era hora de que se configurara un movimiento sólido y contundente que movilizara la conciencia ciudadana y repudiara la criminalización de las movilizaciones, que sólo buscan hacer ver el descontento que la gran mayoría de Chile no puede expresar, por la falta de una institucionalidad verdaderamente democrática.
Es que en el caso de la educación superior, así como en tantos otros aspectos de Chile, el desmadre no puede dar para más. Todo mal y muy mal. Quizás el peor de los males que aqueja a la educación superior sea el uso y abuso de la práctica ilegal de lucrar con las aspiraciones de los estudiantes y sus familias, lo que constituye una de las principales molestias que moviliza a estudiantes y académicos.
No estamos hablando de si el lucro debe o no existir, si es un mecanismo adecuado para asegurar la calidad y la democratización del derecho a la educación, sino más bien, de una práctica ilegal, puesto que, la ley no permite el lucro, pero éste se practica a vista y paciencia de todas las autoridades políticas y educacionales del país. Todos sabemos que es ilegal y todos sabemos que se practica, y los delincuentes que lo hacen son respetados ciudadanos de la sociedad chilena. Las cárceles están llenas de delincuentes que han cometido delitos menos graves y con menos consecuencias para las víctimas que los que cometen los dueños de universidades que lucran con la educación superior. Digo delincuentes porque comenten un delito y todo aquel que lo hace es un delincuente. Las autoridades, por su parte, al tolerar esta práctica, se convierten en protectorados del delito.
Ahora bien, todo esto sería “puro enojo” o como se estila decir “puro resentimiento”, si efectivamente el lucro hubiese probado ser un instrumento eficaz y eficiente para sostener la educación superior. No hay que ser ningún erudito para darse cuenta que, lejos de mejorar la educación superior con el “bendito” lucro, ésta se ha empeorado y deteriorado a niveles preocupantes. El lucro, por ejemplo, ha creado la institución del profesor taxi que hace clases en distintas universidades y que, por la baja remuneración, no tiene ni el tiempo ni los recursos necesarios para actualizarse y otorgar una adecuada atención de sus alumnos. La reducción contundente de los profesores de planta y el aumento masivo de los profesores taxi es claramente el resultado de la orientación hacia el lucro y no hacia la educación real y eficaz de los establecimientos educacionales.
El lucro, por otra parte, no ha incrementado la investigación ni el desarrollo. Según la información recabada por la OECD y el Banco Mundial, en Chile se gasta apenas un 0,7% de su Producto Interno Bruto (PIB) en Investigación y Desarrollo, al mismo tiempo que las principales instituciones que realizan investigación son las universidades estatales más importantes: U de Chile, U. Católica, U. de Concepción, U. de Santiago y U. Austral.
Lo más kafkeano es que el lucro en su afán de obtener las ilícitas e ilegales ganancias, ha masificado y sobresaturado el mercado del trabajo con profesiones y oficios que no tienen demanda suficiente y, en consecuencia, lo único que han conseguido es rebajar sustancialmente las remuneraciones a que pueden acceder los nuevos profesionales, lo que a su vez contribuye a incrementar el lucro de otras actividades productivas que tienen la posibilidad de contratar profesionales muchísimo más baratos. Lo peor es que muchos estudiantes deben cargar con una mochila de deudas adquiridas por estudiar carreras en las que no encontrarán trabajo y si lo encuentran, la remuneración no les permitirá ni siquiera pagar el crédito.
En conclusión, el lucro ha llevado a la educación superior al peor de los mundos. Y todo esto sin considerar el despilfarro de recursos que se permite este país para educar personas que no ejercerán sus profesiones. Recursos que, además, provienen mayoritariamente de las familias que hacen un gigantesco esfuerzo para educar a sus hijos.
Si todo esto no es estúpido ¿alguien me podría señalar qué lo sería?
El tema del financiamiento de la educación superior es otro teatro del absurdo. Los países que han alcanzado un desarrollo real y no el ficticio progreso que exhibe Chile, gastan como Estado, según las cifras entregadas por el rector de la U. de Chile, Víctor Pérez, el 1,7% del PIB en educación superior, mientras que en Chile esa cifra llega sólo al 0,3%. En países de alto desarrollo como Finlandia, el 95% del esfuerzo recae en el Estado y sólo el 5% en las familias. En Chile -muchísimo menos desarrollado que Finlandia- el 85% recae en la familia y el 15% en el Estado. Solamente en nuestro país, universidades estatales como la U de Chile, deben encarar con recursos propios el 90% de su presupuesto. Esta forma de financiamiento, por cierto, ha contribuido brutalmente al deterioro de la educación superior.
Esto nos obliga a pensar en un nuevo sistema de financiamiento. Debe superarse el modelo basado en el esfuerzo individual de las familias y pasarse a un financiamiento basado en los recursos públicos. Este último es el mal llamado sistema de la educación gratuita para todos. Digo mal llamado porque nunca la educación ha sido gratuita, la educación siempre ha costado dinero y mucho dinero, y siempre este dinero proviene de los que trabajan y pagan impuestos y/o de recursos naturales como el cobre, es decir, de un recurso económico que debería pertenecer a los chilenos.
La diferencia entre los dos modelos de financiamiento es que, en el que hoy prevalece, sólo podrán acceder los que tienen suficientes recursos propios para financiarlo, mientras que, con el sistema de financiamiento estatal acceden todos aquellos que tengan el interés y la capacidad, pero, en igualdad de acceso. Es así como, en el modelo de financiamiento estatal, tanto el hijo de un obrero como el hijo de un empresario tienen la misma legitimidad para acceder a la educación, puesto que ambos pagan impuestos y contribuyen a financiarla, el primero paga menos y el segundo más, y esa es una legítima forma de reducir la desigualdad de ingresos. Es por ello que no resulta pertinente cuestionarse si es justo o no que los hijos de los sectores acomodados accedan a la educación superior sin pagar un arancel. Si estos pagan impuestos concordantes con su nivel de ingresos no solo contribuyen a financiar la educación de sus hijos, sino que también contribuyen a financiar la educación de otros.
Por lo demás, tenemos recursos naturales como el cobre que permitirían educar a los jóvenes de Chile en condiciones inmejorables. Pero, ello requiere que efectivamente dichos recursos estén disponibles para el desarrollo del país y no para el lucro de los inversionistas extranjeros, como es lo que ocurre hoy en Chile.
El financiamiento público de la educación es, por otra parte, más eficiente que el modelo privado, puesto que todos los recursos se destinan a sueldos de profesores, investigación e infraestructura, mientras que con el financiamiento privado, un voluminoso monto de los recursos va a parar a los bolsillos de los propietarios de estas empresas-universidades.
Me gustan los estudiantes, cantaba Violeta Parra, porque son jardín de nuestra alegría y son aves que no se asustan de animal ni policía. Es muy importante que estas movilizaciones continúen y se fortalezcan, incorporando a más y más sectores de la sociedad chilena. No solamente porque contribuyen a romper la apatía y la desidia de Chile ante los problemas y las cuestiones de carácter público, sino también, porque son un nutritivo alimento de esperanza y confianza en el futuro de Chile.
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Lucro en la Educación Superior en Chile
Prof. Raul Atria, Director Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, 16 de junio de 2012
Lucro es la apropiación privada del excedente generado por una organización o empresa que produce bienes o servicios. Una organización con fines de lucro genera utilidades que puede repartir a sus dueños, como es el caso de las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada.
La organización sin fines de lucro es similar a una empresa ya que puede cobrar, remunerar, invertir en acciones, endeudarse y tener utilidades, pero no puede repartirlas a sus fundadores. Deben ser reinvertidas o acumuladas en el patrimonio corporativo. Su propósito es el bien común, lo cual les permite recibir donaciones deducibles de impuesto y beneficios tributarios. Estas organizaciones pueden darse la forma jurídica de fundaciones (un patrimonio adscrito a una finalidad legítima determinada, administrado por directores) o corporaciones sin fines de lucro (una asociación cuyos socios aportan a la constitución de un patrimonio corporativo sin que haya cuotas de propiedad sobre él). (Waissbluth. La Tercera, 15 de junio de 2012)
Los bienes de fundaciones o corporaciones y los excedentes que generen, ya no pertenecen a sus socios o fundadores. Si se disuelve una fundación o corporación, sus bienes pasan a la propiedad de quienes designen sus estatutos y si éstos nada dicen, pasan al Estado. Los socios o fundadores, aportan a un propósito de bien común y no pueden pagarse sueldos o transar con otras empresas por montos fuera de mercado ( si eso ocurre, las fundaciones o corporaciones se convierten de hecho en organizaciones con fines de lucro).
En Chile, el gobierno militar cuando hizo la así llamada reforma de 1981, legisló que las universidades no pueden tener fines de lucro. (pero no los Institutos Profesionales ni los Centro de Formación Técnica). Es paradojal que en Chile no se acepte el lucro en universidades, pero sí en IPs, CFTs y escuelas subvencionadas..
¿Cómo se sobrepasa legalmente la prohibición del lucro establecida por ley? Desde luego, con un blando sistema de control de legalidad de las instituciones sin fines de lucro y aplicando una o varias de las estrategias siguientes:
1. Haciendo que la Universidad carezca de patrimonio inmueble propio, el cual está radicado en una empresa externa, relacionada, la cual puede dar en garantía ese patrimonio para operaciones bancarias en condiciones más ventajosas que si esos bienes fueran de propiedad de la institución. La propiedad de la Universidad es en realidad un patrimonio intangible constituido por el flujo de recursos que ingresan por vías de aranceles y matrículas (estos flujos son actuales o diferidos y en los tiempos de duración de las carreras, con documentación anual) que conforman una cartera de deudores que puede ser valorizado a precios de mercado en las instituciones financieras). Esto hay que “transparentarlo”.
2. Externalizando servicios (uso de infraestructura o equipamientos, llegando incluso al caso de externalizar carreras) y pagando por esos servicios montos fuera de mercado. Esto hay que “transparentarlo”
3. Estableciendo un nicho de lucro por la integración vertical de IPS o CFTs asociados a la Universidad sin fines de lucro. La Universidad es entonces parte de un holding en el cual hay instituciones asociadas que tienen fines de lucro. Esto hay que sincerarlo y “transparentarlo” Cuando se habla de potenciar la formación técnica (muy loable) en la cual hay aproximadamente un tercio de la matricula total en la ES , lo que se está diciendo es que habrá un apoyo explícito del Estado a la expansión de la parte lucrativa de la ES. Esto hay que sincerarlo.
4. Por venta de la “universidad”.¿Pero, qué es lo que se vende?. Se vende la cartera de deudores de acuerdo a su valor financiero, lo cual explica que la instituciones que son vendidas a terceros tienen o han tenido en las fases previas a la transacción, una fuerte expansión de su matrícula. Los compradores de este “patrimonio intangible” no son necesariamente universidades, sino que suelen ser fondos de inversión muchas veces extranjeros (i.e Laureate, Apollo) o nacionales con participación de socios extranjeros (ie. Linzor Capital; Southern Cross).
Hay una estimación conservadora de aproximadamente 120 mil alumnos que están hoy en Chile en Universidades “vendidas” a fondos de inversión, de los cuales hay algunos que transan sus acciones en bolsas extranjeras Bolsa de N.Y. ( como es el caso de Laureate). Se trata pues de Universidades que estrictamente hablando no son chilenas. Estimando un monto promedio de 2 millones de pesos de aranceles, esto significaría que la cifra de negocios de estas universidades vendidas alcanzaría a 240 mil millones de pesos al año. Esto hay que sincerarlo.
Tenemos una legislación “estupenda”: legitima la orientación de bien público de las Universidades con la prohibición del lucro, pero al mismo tiempo deja amplios espacios para el lucro por ausencia o debilidad de control de legalidad, o por vacíos legales. Las Universidades que no tienen un estatuto público, llegan entonces a ser un fantástico negocio privado legitimado por su “vocación” pública (no lucro).
Habría tres cursos de acción posibles para abordar estos sesgos:
1. dejar las cosas como están (ambigüedad tolerada y legitimada)
2. que se cumpla la ley y se amplíe para prohibir con rigor y eficiencia el lucro de las universidades e IPs (los CFTs habría que ponerlos bajo un estatuto separado)
3. abrir un espacio delimitado a instituciones con fines de lucro, reguladas, supervisadas con estricta prohibición de recibir fondos públicos o donaciones privadas, directa o indirectamente.
En cualquier alternativa, es un paso necesario e indispensable someter este tema al debate público informado y asegurar la sostenibilidad económica, social y política de las universidades estatales, que son las que aseguran un espacio para que la educación superior sea tratada como bien público.
Jueves 16 de junio de 2011