Más recursos para fines públicos y mejores regulaciones para los mismos fines demandan rectores de universidades del Estado y privadas sin subsidio directo del Estado.
El reduccionismo del lucro vs. la complejidad de las universidades
Juan Manuel Zolezzi, Rector de la Universidad de Santiago y presidente del Consorcio de Universidades Estatales, http://www.juanzolezzi.cl/, El Mostrador, 14 de Junio de 2012
Quienes estamos en la porfía diaria por lograr un nuevo trato del Estado para con sus universidades, observamos inquietos el lento proceso de la tramitación del proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación Superior y el relativo a los requisitos de funcionamiento de universidades no estatales en relación al lucro.
Esto, pues hemos sido testigos de cómo un ex rector advierte a la autoridad ministerial y a todo Chile que existen empresarios de la educación superior que son capaces de vulnerar, mediante “triquiñuelas”, un sistema a todas luces desregulado y feble para obtener beneficios económicos. ¿Qué ha hecho la autoridad? Al respecto, estamos a la espera de señales claras.
Por de pronto, desde la otra vereda nos cabe a nosotros sugerir que las políticas de financiamiento para las universidades estatales debieran tener un fundamento menos tecnocrático, debido al carácter de formación integral inherente a estas instituciones de educación superior y a su valor social que es mucho más importante que la oferta, la demanda y la ganancia.
En consecuencia, es necesario comprometerse con ideas en torno al tipo de sociedad que deseamos construir. Si aspiramos a un sistema social que sólo reproduzca la inequidad, entonces podemos seguir siendo complacientes con la exacerbada interpretación y aplicación del modelo económico actual a la asignación de recursos a las universidades públicas.
Sacar a los bancos del sistema de créditos es un gran avance, pero junto con ello también debería haber una mayor preocupación por la forma cómo vigorizamos las universidades públicas mediante políticas públicas con sentido país. El esfuerzo por parte del Gobierno, no debe limitarse únicamente a la asignación de financiamiento según la demanda; más bien, le corresponde evaluar la oferta educativa de acuerdo a su calidad, sin considerar el lucro y con un sentido público de responsabilidad social.
Por el contrario, si pretendemos que la educación superior posibilite una real movilidad social, debemos basar todo el proceso de asignación de recursos en este criterio. No es posible argumentar que el surgimiento de una sociedad de oportunidades menos desigual y más inclusiva, sea el resultado de concepciones que visualizan a las universidades públicas desde la perspectiva del dinero y la ganancia a partir de la etapa inicial en que se les asignan incluso, los recursos más básicos.
No es razonable formar profesionales socialmente responsables, disminuir los niveles de desigualdad y generar una sociedad más justa si, de partida, un proceso como la definición de los aranceles depende crucialmente de qué tan demandada sea una carrera en el mercado de la educación.
Es injusto para estos planteles supeditar sus complejos procesos de formación de profesionales a una lógica reduccionista y simplificadora en la que prevalece sólo la demanda por determinadas carreras, la competencia con universidades privadas que cuentan con recursos millonarios y la definición de aranceles según la rentabilidad futura de esas carreras. La rentabilidad social de algunas carreras como Historia, Filosofía y Música, por ejemplo, requiere una mirada desde el punto de vista de sus externalidades positivas para la sociedad, más que su rentabilidad en el mercado. En consecuencia, un trato diferencial por parte del Estado.
El valor de los aranceles debería considerar el costo de la educación y el hecho que la calidad con que es entregada por las universidades no radica solamente en sus procesos de instrucción, sino en la idea de una formación integral. Es por esta razón que el concepto de universidad compleja que integra docencia, investigación y extensión no calza con una definición de aranceles que sólo considera la demanda por determinadas carreras o cuánto ganarán los futuros profesionales.
Por ello mismo, se necesita un modelo de financiamiento que contemple aportes basales permanentes y de mayor cuantía, lo que implicaría una disminución de los aranceles de pregrado, incrementar la investigación y potenciar la vinculación con el medio, entre otros beneficios. Esto es especialmente urgente si se tiene presente que el aporte basal a las universidades del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Aporte Fiscal Directo) sólo cubre, en promedio, el 20% de su presupuesto de operación, mientras en algunas universidades públicas apenas llega al 4% del presupuesto de operación. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado con sus instituciones de educación superior? Desde el punto de vista financiero, es escaso y preocupante.
El cambio radical del fundamento de las políticas de financiamiento es urgente, porque en el escenario actual las instituciones que lucran con la educación impactan negativamente en la sociedad, pues contribuyen al aumento de la exclusión social.
Sin duda, sacar a los bancos del sistema de créditos es un gran avance, pero junto con ello también debería haber una mayor preocupación por la forma cómo vigorizamos las universidades públicas mediante políticas públicas con sentido país. El esfuerzo por parte del Gobierno, no debe limitarse únicamente a la asignación de financiamiento según la demanda; más bien, le corresponde evaluar la oferta educativa de acuerdo a su calidad, sin considerar el lucro y con un sentido público de responsabilidad social.
Finalmente, se debe tener presente que la calidad de la educación universitaria no es el resultado de un contexto en el que imperan sólo la competencia, la ganancia y los indicadores tangibles. Esta condición depende crucialmente de la formación integral de profesionales no sólo capacitados para ser competitivos en el ámbito laboral, sino que, además, de la formación de ciudadanos comprometidos con el desarrollo país. A eso apuntan las universidades públicas e invitamos al Gobierno a sumarse a este compromiso.

Regular las universidades
Andrés Benítez
Rector Universidad Adolfo Ibáñez
Orlando Poblete
Rector Universidad de los Andes
Carlos Peña
Rector Universidad Diego Portales
El Mercurio, Jueves 14 de Junio de 2012
Uno de los principales problemas que aqueja al sistema de educación superior lo constituye su heterogeneidad. Esta se expresa en la calidad de los distintos planteles y en los fines y objetivos que persiguen, creando confusión y una desconfianza que afectan la legitimidad del sistema como un todo. Casos recientes, como el sucedido en la Universidad del Mar o aquellos en que se han visto involucrados miembros de la Comisión Nacional de Acreditación, son ejemplos claros de este problema.
La legitimidad, es decir, la convicción de que hay razones para ser merecedor de la confianza, es una parte fundamental de la tarea educativa. Si esa confianza no existe, entonces la tarea de esas instituciones se hace cada vez más difícil y las miles de familias que cifraron sus esperanzas en ellas experimentan una creciente frustración.
Una de las razones que explican lo anterior está, al menos en las instituciones creadas a partir de 1981, en la deficiente regulación del sistema. En esa oportunidad, se dispusieron un conjunto apenas mínimo de reglas para su funcionamiento. Se pensó que al exigir que las universidades se organizaran como fundaciones o corporaciones, es decir, como entidades sin fines de lucro, su orientación pública estaría asegurada. Y si bien eso fue así en una serie de instituciones que hoy han alcanzado prestigio y realizado un aporte significativo, implicó también que otras se alejaran del espíritu del legislador, con consecuencias que han sido nefastas para el sistema.
El modo de corregir esa situación y el primer paso para reconstruir la legitimidad del sistema como un todo lo constituye una mejora de la regulación a que están sujetas las universidades privadas en Chile, tanto las surgidas antes de 1981, como las que se crearon luego de esa misma fecha.
Hoy día, cuando se mira la legislación, se advierte que las universidades poseen el mínimo de regulación aplicable a las personas jurídicas en Chile. Los deberes de entrega de información al público, sus obligaciones de rendir cuentas, la necesidad de contar con consejos o juntas directivas independientes y responsables, poseen hoy una expresión apenas mínima. Y esa circunstancia ha permitido que algunas instituciones se administren con conflictos de interés en la medida que algunos de sus miembros tienen a su cargo tutelar la universidad y a la vez conducir las empresas con las que ella, a veces, se relaciona.
La misma circunstancia -la mínima regulación del sistema- es la que ha permitido también que algunas instituciones se mal administren, dañando las esperanzas de miles de familias. Y es en fin esa misma circunstancia la que ha creado la sensación creciente -que daña a todo el sistema- de que, a pesar que la ley lo prohíbe, hay algunas instituciones que, en los hechos, poseen fines de lucro y no reinvierten la totalidad de sus excedentes.
Creemos entonces que un primer paso para la mejora del sistema es incrementar la regulación a un nivel parecido, por dar un ejemplo, al que poseen hoy instituciones como las sociedades anónimas abiertas. No deja de ser paradójico que hoy en Chile una sociedad anónima posea mayor regulación que una institución universitaria. Pero eso no es todo. Una vez que esa mayor regulación se produzca -y la creación de la Superintendencia en actual trámite es un primer paso para lograrlo- será necesario atender a la economía política del sistema.
Desde 1981 y hasta ahora, las universidades privadas creadas luego de esa fecha, se han financiado casi en su totalidad con aranceles pagados por las familias con cargo a su renta actual o futura. El nivel de los aranceles se explica en muchos casos porque con cargo a ellos las Universidades sostienen sus comunidades académicas, realizan esfuerzos de investigación y expanden la planta física indispensable.
Al corregirse los aranceles -una tarea en la que el Gobierno está correctamente empeñado- se cambiará radicalmente esa economía política. Si los aranceles expresan sólo los bienes que benefician inmediata y directamente al estudiante, habrá otro conjunto de bienes, investigación y comunidades académicas entre ellas, que muchas instituciones no podrán sostener. Habrá entonces que pensar cómo se financiarán esos otros bienes o si acaso el Estado se resignará a su pérdida. Por supuesto -y en esto lo estudiantes tienen razón- los subsidios públicos y los otros cambios en la economía política del sistema, si los hubiera, sólo podrían aplicarse una vez que la regulación se haya incrementado en la manera que indicamos.
Sin mejorar la legitimidad del sistema -algo que sólo se alcanza mediante una mejor y mayor regulación- ningún cambio en su economía política tendrá éxito.