Políticas educacionales de gasto y control públicos
En breves dos años, todo ese dogmatismo ideológico ha ido quedando atrás y una nueva concepción de políticas se abre paso en el Gobierno.
José Joaquín Brunner, El Mercurio, 3 de junio de 2012
En medio de la desordenada agenda educacional del Gobierno, nacida más bien por presión de las circunstancias que de un programa propio, es posible discernir dos ejes fundamentales. Por un lado, más dinero fiscal para subvenciones, becas y préstamos estudiantiles (+SBP). Por el otro, más control sobre los mercados educacionales mediante regulaciones, agencias e intervención pública (+RAI).
Ambos ejes -más gasto y control-otorgan a la acción gubernamental un visible sentido de continuidad con la anterior visión de políticas para el sector. Representan, al mismo tiempo, un notorio giro en la orientación del elenco gobernante.
En efecto, recuerdo cómo hace no mucho tiempo, ideólogos y técnicos de la Alianza, entonces en la oposición, criticaban cualquiera demanda por incrementar los recursos presupuestarios destinados a la educación obligatoria. Alegaban que no existía evidencia de que un gasto mayor fuese una condición para mejorar la calidad de los aprendizajes; que los aumentos previos no habían tenido impacto sobre el rendimiento escolar; que cualquier esfuerzo se vería neutralizado por la existencia del estatuto docente, y que mientras no se mejorase la gestión de las escuelas, todo peso adicional iba a fondo perdido.
Predominaba, pues, una estrecha racionalidad de eficiencia económica al momento de concebir el proceso educativo.
En cuanto a las políticas enfiladas a ampliar el radio de control público en este sector y a guiar el mercado en el caso de la educación terciaria, el rechazo era inmediato. Bajo una inspiración neoliberal extrema, se llegó a cuestionar la necesidad de un currículo nacional común.
La acreditación de universidades fue mirada inicialmente con enorme desconfianza. La exigencia de proveer información a los estudiantes y a las familias para evitar el fraude educacional -asunto cuya importancia ya había subrayado John Stuart Mill- era vista como una amenaza de indebida intervención estatal. Era la ideología de los mercados transformada en caricatura de sí misma.
En breves dos años, todo ese dogmatismo ideológico ha ido quedando atrás y una nueva concepción de políticas -favorable ahora a un mayor gasto fiscal y control público de la provisión educacional- se abre paso en el gobierno, su tecnoburocracia y partidos que lo apoyan. Fue lamentable, sin embargo, y un serio error político, su timidez a la hora de proponer aplicar un ajuste tributario en beneficio de la educación temprana y de ciclo obligatorio.
El Gobierno desperdició la mejor oportunidad que tuvo a la mano. Por cierto, en algunos círculos perduran elementos de la dogmática anterior. En los grupos más puristas y antiestatales de la Alianza hay temor frente a las superintendencias educacionales, por ejemplo. O se critica al ministro Beyer por querer endurecer la acreditación y por cerrar colegios fraudulentos.
A los grupos más conservadores, en cambio, les preocupa la decisión del gobierno de seguir ampliando el acceso a la educación terciaria, y presagian un colapso de la empleabilidad de los graduados, invocando (apenas veladamente) la necesidad de reforzar el uso de criterios de selección académica y social para frenar la masificación. Si la educación superior no garantiza un contundente premio salarial -sostienen algunos-, entonces el Estado debería dejar de gastar en discriminación positiva vía becas y créditos estudiantiles subsidiados y los jóvenes limitarse a la educación obligatoria.
En la medida en que tales posiciones puristas y conservadoras sigan siendo periféricas dentro del oficialismo, es posible mantener también la esperanza de que la oposición concertacionista (una vez disipadas sus propias confusiones) actúe constructivamente y participe con sus propias propuestas en la profundización de esas políticas de mayor gasto y control públicos. A fin de cuentas, en su mayoría se gestaron durante los gobiernos de la Concertación y sus ejes principales -+SBP y +RAI- son parte de la identidad político-cultural de la centroizquierda.