Reportaje y entrevistas en diario La Segunda, 14 de mayo de 2012.
Fuertes críticas internas en Comisión Ministerial sobre Acreditación: Advierten “conflictos de intereses”
Grupo de 23 personas convocadas para analizar el actual sistema -con miras a reformarlo- ha sesionado sólo una vez. Brunner objetó: “No me parece que el grupo que discutirá a fondo sobre cómo funciona el sistema deba estar compuesto por las instancias directamente involucradas”.
por: La Segunda, lunes, 14 de mayo de 2012
“Poca amplitud, falta de claridad en los objetivos, metodología muy compleja”.
Esas son algunas de las críticas que los propios miembros de la comisión ministerial sobre Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior -convocada hace un mes y medio para proponer una reforma al actual sistema de acreditación- realizaron tras la primera y única reunión de trabajo que han tenido.
La idea del gobierno es que el grupo (formado por 23 personas) realice un análisis del actual sistema identificando fortalezas y debilidades, con el fin de plantear mejoras. Esa información -junto con una evaluación internacional de OCDE- dará vida a un proyecto de ley que mejore el actual sistema, el que se ingresará el tercer trimestre al Congreso.
” El problema es que se le pide a la comisión sólo que se pronuncie sobre un documento que preparó el ministerio, y para eso bastaba una consulta por escrito. Hay poca amplitud de la consulta y se pierde la oportunidad de generar una discusión más amplia”, advirtió el investigador José Joaquín Brunner .
Y agregó: “Esta comisión fue constituida con poca claridad respecto de su naturaleza y objetivos. Varios manifestaron que no entendían bien el objetivo y, a mi juicio, no se clarificó”.
Al final, dijo, “quedamos en que habría un documento final que recoja todas las opciones que presente cada uno porque consensuar es imposible”.
“Todos son representantes de algún sector”
Pero no es la única crítica. También la composición del grupo convocado quedó en entredicho en la primera reunión (antes incluso que se entregara el material sobre el cual se iba a trabajar).
Ello, porque confluyen allí no sólo miembros del Ministerio de Educación y expertos en el área de educación superior, sino también representantes de todos los sectores que deben someterse a la acreditación (universidades, centros de formación técnica e instituciones), así como quien administra el sistema: la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). “Todos son representantes de algún sector sujeto de aseguramiento, por lo que hay un problema de conflicto de interés evidente”, dijo Brunner.
Y agregó: “No me parece que un grupo de trabajo que se supone discutirá a fondo sobre cómo funciona el sistema y qué debe cambiar, deba estar compuesto por las instancias directamente involucradas”.
De hecho, esa postura quedó registrada en el acta de la reunión cuando señala que Brunner “objeta que esta instancia esté integrada por actores que ocupan posiciones claves de supra y subordinación dentro del sistema (…) Y expresa su sorpresa respecto de que el presidente de la CNA esté presente como un miembro más de esa instancia cuando él precisamente preside el organismo público que está siendo sujeto a evaluación” .
“Hay que partir de cero”
El rector de la Universidad Mayor, Rubén Covarrubias -quien actúa como uno de los dos representantes de las universidades privadas en el grupo- admitió esta mañana que “será muy difícil llegar a un documento consensuado porque hay demasiados intereses involucrados, ya que confluyen dentro del mismo grupo posturas que colisionan entre sí”.
Y sostiene: “La metodología de trabajo futuro va a ser compleja… ya la actual forma de entenderse allí dentro es compleja”.
A juicio de Covarrubias, ” hoy día el proceso (que asegure calidad en la educación superior) tiene tantos problemas y dificultades, que hay que pensar en un sistema de aseguramiento que parta desde cero. Tenemos la oportunidad de hacerlo, porque hay demasiados intereses involucrados, por lo que se requiere repensarlo completamente”.
El acta también recoge las críticas de María José Lemaitre -experta del CINDA-, quien advierte que este proceso “requiere independencia respecto del Gobierno y de las instituciones de educación superior”.