Entrevista al Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), Bernardo Rivera, sobre la reforma de la educación superior en Colombia y, más abajo, reportaje sobre el mismo tópico publicado en University World News.
“Estudiantes, el Congreso los va a escuchar”: ASCUN
Por María del Pilar Camargo, periodista de Semana.com, 14 de octubre de 2011

Bernardo Rivera, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), habló de las propuestas a la reforma a la Ley de Educación Superior que planteará en la mesa de concertación con el Gobierno, los estudiantes y los docentes.
Tras crecer la división en el debate sobre la reforma a la Ley de Educación Superior, donde los estudiantes insisten en el retiro del proyecto y el Gobierno se mantiene en que no lo hará, los rectores anunciaron su deseo de participar en una conciliación. Así lo aseguró Bernardo Rivera, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN).
Rivera tiene claro que el balón ya está en el Congreso y que el diálogo debe hacerse con todos los actores. Lo que desconoce, dice, es si ASCUN aportará soluciones al articulado radicado o a una iniciativa nueva.
Semana.com habló con el vocero de los rectores para conocer cuáles son, en su criterio, los puntos más críticos de la reforma, y cuáles son las propuestas que resolverían la discusión.
Semana.com: En su criterio, ¿qué significado tienen las marchas estudiantiles de esta semana?
Bernardo Rivera: Los estudiantes se expresan porque no encuentran en el proyecto de reforma elementos de confianza que les garantice una educación superior de mayor calidad y equidad.
Semana.com: Usted anunció que los rectores participarán en un mesa de concertación con Mineducación, docentes y estudiantes, ¿cree que la discusión gravitará sobre un nueva reforma?
B.R.: Trataremos de conciliar. No sabemos si iniciaremos con un articulado nuevo o trabajaremos con la iniciativa del Ministerio de Educación. También desconocemos si acataremos las mesas que propone el vicepresidente Angelino Garzón. Como vocero de los rectores, ASCUN está dispuesto a ir a todos los escenarios de discusión, ya sea la Comisión Sexta del Senado o las mesas de concertación.
Semana.com: ¿Cuál es su llamado a los estudiantes?
B.R.: A que mantengan el debate, pero que no cierren las universidades. Que tengan confianza en que el Congreso los va a escuchar. Con los estudiantes nos compromete un ejercicio pedagógico y eso es lo que haremos.
Semana.com: Ustedes consideran insuficientes los recursos que promete el Gobierno ante la dimensión de las metas. ¿Por qué?
B.R.: Los rectores estamos de acuerdo con el Gobierno en que debe haber mayor cobertura, calidad, inclusión social, transparencia… Pero no estamos de acuerdo en los medios que propone para lograrlo.
En financiamiento, las cuentas no nos cuadran. El 3 por ciento sobre el IPC representa para las universidades estatales, por año, 62 mil millones, lo cual significa incorporar, con gran esfuerzo, 15 mil estudiantes.
Pero resulta que el gobierno se propone generar 600 mil nuevos cupos, es decir, 120 mil por año. No entendemos cómo se logrará esa meta. El gobierno no ha hecho un esfuerzo para que nosotros entendamos su modelo de financiamiento. ¿Dónde está la plata para esas metas?
De los 6 billones de pesos adicionales en recursos a las universidades públicas, sólo somos capaces de ver los 62 mil millones de pesos anuales del IPC. Además de la cobertura, hay que mejorar laboratorios, preparar profesores… El gobierno nos debería decir mejor cuántos recursos hay para las universidades privadas.
Además, nos va a costar más la cobertura si se trata de gente pobre, que, además, viene de la provincia. También cuesta llevar a la universidad hasta las regiones.
Semana.com: ¿Cuál cree que es el modelo de financiamiento ideal?
B.R.: La educación superior tiene una enorme rentabilidad social. La sociedad no debería reducir los recursos para la educación superior, sino incrementarlos.Si queremos calidad, eso cuesta, y ahora está a cargo de las matrículas, en el bolsillo de las familias. Tenemos que diseñar un mecanismo para que las sociedad sea la que pague los costos que representan un mayor acceso a la educación, la descentralización de la universidad pública, mayor calidad e investigación y la formación de los docentes.
Semana.com: ¿Está de acuerdo con la gratuidad?
B.R.: No. La gratuidad ha representando una cobertura muy baja. Abogamos para que ningún muchacho con capacidad intelectual se quede por fuera.
Semana.com: ¿Qué propone ante los créditos educativos?
B.R.: El Icetex tiene logros positivos al prestarle a los sectores sociales menos favorecidos. No obstante, falta mucho por hacer. Hemos hecho propuestas para vincular a las entidades bancarias. En este modelo, si los estudiantes terminan con un buen salario, tendrían que pagar la plata que fue prestada para su estudio, como ocurre en Australia.
Semana.com: Los estudiantes creen que algunos artículos “reflejan” la privatización y el ánimo de lucro. ¿Usted cree lo mismo?
B.R.: Nosotros no satanizamos la alianza de la universidad con el sector privado, pero eso no significa que estemos abogando por instituciones mixtas.
Semana.com: Todavía se plantea que instituciones técnicas y tecnológicas puedan pasar a la categoría de institución de educación superior. ¿Qué opina?
B.R.: Eso es lo más grave que tiene esa propuesta. La meta del Gobierno es que haya más técnicos y tecnólogos que profesionales universitarios. La educación técnica o tecnológica no es un nivel, es una opción de vida. Pero el Gobierno se está equivocando de estrategia, porque ahora como reacción adversa, las instituciones técnicas y tecnológicas van a comenzar a ofertar más programas profesionales y más muchachos van a matricularse en las carreras universitarias.
Semana.com: ¿Cómo se ha relacionado ASCUN con el Ministerio de Educación?
B.R.: Con la ministra María Fernanda Campo tenemos comunicación pero puede que no nos crea todas las veces. No todas nuestras observaciones las ha aceptado. Ella dijo que definitivamente quería que los temas polémicos se fueran para el Congreso.
Semana.com: ¿Por qué se negaron en un inicio a discutir la reforma en los foros?
B.R.: Cuando se habla de educación superior, se compromete a muchas generaciones. No queríamos discutir temas como el financimiento para 2012 en foros con cientos de personas, sino en una mesa de concertación y con los estudios en la mano. Ahora aspiramos a participar en la discusión en el Congreso.
Semana.com: ¿Por qué se opone a la propuesta de autonomía universitaria incluida en la iniciativa?
B.R.: La reforma habla de la autonomía de todas las instituciones de educación superior, comparando de forma irresponsable a las universidades que tienen de 50 a 60 grupos de investigación, con las instituciones de educación técnica y tecnológica. Tenemos 20 universidades acreditadas de 80 y esta certificación sólo la tiene una institución técnica y tecnólogica de 140 existentes. Tenemos 740 programas de alta calidad, y el 85 por ciento son de las universidades. ¿Cómo nos van a poner en las mismas condiciones en relación con la autonomía?
Semana.com: El artículo 111 del artículado dice “concluida la investigación y en un término máximo de un (1) mes, el viceministro de Educación Superior o quien haga sus veces, impondrá las sanciones o medidas correctivas que sean del caso, o dispondrá el archivo definitivo del expediente. La decisión que ponga fin a la investigación deberá adoptarse dentro de los siete (7) meses siguientes a la presentación de descargos por el investigado. Contra esta decisión procederá el recurso de apelación ante el Ministro de Educación Nacional”. ¿Qué opina?
B.R.: Lo que faltaba. Ahora la que decide finalmente es la ministra… Nos preocupa la concentración de facultades en el ministerio. Por hacer la política, hacer la norma, hacer la inspección y la sanción, el Ministerio de Educación perdió su compromiso de fomentar una educación más influyente y de más calidad.
Semana.com: ¿Qué le faltó a la reforma?
B.R.: Necesita aclarar las metas en cuanto a investigación y posgrados. ¿Quién se encarga y cómo lo va a hacer?
Quiero recordar que el 94 por ciento de los grupos de investigación registrados en Colciencias son universitarios, pero la ley dice que Colciencias es un aliado estratégico… Y no, somos nosotros. ¿En qué queda Colciencias si retiramos nuestros grupos de investigación? No hay una política sobre quién va a financiar la formación de los investigadores.
Semana.com: Ya está aprobado que los recursos de regalías podrán financiar la inversión física y tecnológica de la educación superior. ¿Qué opina?
B.R.: Amanecerá y veremos. Todavía no sabemos en qué van a quedar esos fondos regionales.

COLOMBIA: Deadlock over education reform continues
María Elena Hurtado, University World News, Issue: 194, 20 October 2011
Colombian university student representatives decided at a meeting in Bogotá on 15-16 October to continue their strike and mass protests until the government withdraws its higher-education reform proposal from parliament. On 13 October the largest nationwide protests held for many years left one student dead and eight severely injured.
The student protest centers around uneasiness over the recent reform of a 1992 law on higher education that aims to improve quality and increase coverage. Many feel it will lead to the privatisation of higher education and financial collapse of public universities.
The proposed reform would extend access to 50% of eligible students by 2014 and 64% by 2022; increase resources by almost US$56 million between 2012 and 2022, and create 600,000 new undergraduate and 45,000 postgraduate places by 2014.
Currently, only two Colombian universities rank among the top 500 in the world, 13.5% of university teachers have PhDs and only 37% of the country has access to higher education.
Under the reform proposal, lower-income students would not need to pay interest on loans and would receive a government subsidy. They would start repaying loans only when their earnings reached a certain level.
But some see the proposal as unrealistic.
Bernardo Rivera, executive director of the Colombian Association of Universities, told the newspaper El Espectador that “only 80 universities have quality certification and just 700 out of 3,500 programmes offered have been accredited to a high standard”.
Rivera said the money offered by the government was not enough to provide high quality education for the 600,000 new places proposed, not to mention the 95,000 of them that would be in public universities, a figure most students consider too low.
Moisés Wasserman, rector of National University, one of Colombia’s two top universities, added that the resources promised would not get public universities out of debt, which amounts to almost $350 million according to figures provided by student representatives.
Students also pointed out that the sum the government now allocates to public universities per registered student would be cut back in the new proposal.
“The government plans to devote only around $260 per student in the coming years, compared to an average of $1,825 today. Under this scheme, universities will have to put in the remainder, or will be condemned to academic mediocrity,” a student spokesperson told ABC Digital, a radio service in Paraguay.
The Colombian Association of Public Universities has asked the government to “state clearly that the budget allocations for public universities are a minimum, not a maximum. The funds must also be consistent with the targets for coverage and quality proposed.”
Bowing to protests by students, the government excluded for-profit universities from its original proposal, leaving in public, private and mixed higher education institutions.
But students are dissatisfied because the proposal still allows public universities to associate with private companies, something they consider a recipe for privatisation.
Students also complain that they were not consulted. However, Minister of Education María Fernanda Campo has stated several times that some 4,500 students and teachers have expressed their views in more than 28 regional forums.
Campo is weary about the comparison between the student protests in Colombia and Chile:
“For example in Chile 20% of young people study in public universities compared to 55% in Colombia; the tuition fee charged in that country is similar to that of our private universities; and the interest on student loans in Chile is so high that students take almost 20 years to repay them,” she said recently at a public ceremony in Cocorná, Antioquía.
In Colombia there are 1.8 million higher education students, of whom at least 690,000 attend private institutions. Only some of are participating in the protests, Campo told Colombia’s RCN radio.
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