Más que por el covid-19, la educación superior chilena se halla amenazada por el vacío de políticas de compensación y apoyo, vacío que comienza a ser llenado por medidas insensatas, tales como suspender el cobro de aranceles y derechos de matrícula que se discute en la Cámara de Diputados o boicotear las enseñanzas online según proponen algunos dirigentes estudiantiles.

El vacío es responsabilidad del Gobierno. A diferencia de lo ocurrido en otros países, no ha actuado decisivamente frente a la coyuntura. Se halla en deuda en dos frentes.

En lo inmediato, debe enunciar medidas efectivas para apoyar a los estudiantes en dificultades —mediante becas de emergencia, préstamos especiales, renegociación de deudas, etcétera—, tal como ha ocurrido en Alemania, Australia, Dinamarca, Estados Unidos y Taiwán.

Por el contrario, suspender el pago de aranceles provocaría un daño irreparable a las instituciones, cuyo ingreso principal proviene precisamente del pago de aquellos, de manera directa o con apoyo fiscal. Por su lado, los estudiantes necesitan flexibilidad y facilidades que las instituciones están proporcionando, pero que ahora corresponde a la autoridad ampliar.

Para el mediano plazo, el Gobierno debe explicitar —desde ya— una estrategia de financiamiento sustentable para el sector. Al momento no solo carece de una, sino que mantiene en vilo al sistema al no haber solucionado las fallas de la gratuidad, creado un justo régimen de crédito estudiantil contingente al ingreso, y sometido a deliberación pública la determinación del valor futuro de los aranceles, tarea que le corresponde por ley.

A su vez, las instituciones, con las limitaciones conocidas, han sido asertivas en mantener sus actividades de enseñanza, con el ingente esfuerzo de sus docentes y estudiantes. Llamar a unos fantasmagóricos paros online es un gesto de absoluto egoísmo que, de cumplirse, afectaría a los estudiantes en su conjunto. Más bien, se requiere activar colaborativamente las redes estudiantiles y movilizar los recursos al alcance de las instituciones, con el fin de asegurar el acceso y aprovechamiento de las clases en línea.

Una abrupta y masiva interrupción de la enseñanza sería un factor inmediato de desestabilización, con graves repercusiones, además, para la sustentación económica del sistema de educación superior.

Urge, por tanto, terminar con el vacío de conducción política, con las propuestas insensatas o disruptivas y con los egoísmos gremiales. Es hora de dar paso a unas conversaciones más constructivas sobre el futuro inmediato y próximo de nuestra educación superior.

José Joaquín Brunner