10 de noviembre de 2019
Señor Director:

A propósito de la reflexión de Cristián Warnken, el viernes, sobre la negativa presión que lo políticamente correcto ejerce dentro de las universidades, cabe anotar que la experiencia comparada ilustra el punto con abundantes lecciones. En efecto, limita el libre intercambio de opiniones, reduce el espacio del pensar disidente o heterodoxo, empobrece las culturas institucionales, debilita la enseñanza al declarar que ciertos temas o lenguajes están proscritos por razones políticas, infantiliza a los estudiantes, afirma prejuicios y estereotipos sociales, crea uniformidad ideológica, levanta barreras para explorar hipótesis que puedan cuestionar el sentido común dominante.

Se supone que las universidades existen, precisamente, para crear un ámbito especial de protección para el ejercicio público de la razón y la libertad intelectual. Es la vieja tradición de la libertad de enseñanza, aprendizaje e investigación que se halla al centro de las organizaciones académicas.

Si un académico asume como jefe de departamento, director de escuela, decano de facultad, vicerrector o rector, ello no puede limitar su libertad de pensar y comunicar libremente sus opiniones, publicar columnas de diarios, artículos o libros. Es de suyo evidente que lo hace como académico o intelectual público y no a nombre de la organización. Si se desea tener rectoras o rectores universitarios que sean reconocidos como académicos e intelectuales, y no únicamente burócratas, gerentes, relacionadores públicos u operadores políticos en esos cargos, es esencial no limitar el rol intelectual imponiéndoles limitaciones en nombre de la corrección política o los avatares de la coyuntura nacional.

José Joaquín Brunner
Académico UDP