Cifras publicadas por “El Mercurio” a cuatro años de la implementación de la Ley de Inclusión:

Brusca caída en creación de colegios particulares subvencionados genera debate entre exministros de Educación

Mariana Aylwin dice que esta era “una crónica anunciada”, mientras que Harald Beyer afirma que un objetivo de la legislación era limitar el dinamismo en la creación de colegios. Sergio Bitar sostiene que la baja no es atribuible a la nueva legislación.

GABRIEL PARDO, El Mercurio, 5 agosto 2019

Amplio debate entre exministros de Educación y parlamentarios generaron las cifras, publicadas por “El Mercurio”, que dan cuenta de la brusca caída en la creación de colegios particulares subvencionados a cuatro años de la implementación de la llamada Ley de Inclusión.

La legislación, promulgada en el gobierno de Michelle Bachelet (en 2015), buscó eliminar el lucro, el copago y la selección en colegios que reciben fondos públicos. Además, los sostenedores debieron constituirse como entidades sin fines de lucro.

En el análisis se aprecia que en los cuatro años previos a la nueva legislación se crearon 192 colegios subvencionados, mientras que en los cuatro posteriores esa cifra bajó a 24. Asimismo, de 2015 a 2018, la cantidad de subvencionados pasó de 6.060 a 5.665 (395 menos) y los municipalizados de 5.279 a 4.925 (354 menos). Solo los particular pagados aumentan en matrícula y número, pasando de 592 a 678.

Aylwin: “No deja de ser paradojal”

Para la exministra Mariana Aylwin esta fue una “crónica anunciada”. En su opinión “lo que más sorprende es el aumento de la matrícula de los particulares pagados. No deja de ser paradojal que una Ley de Inclusión termine favoreciendo al sector privado pagado. También llama la atención que haya 354 municipalizados menos, y casi 400 subvencionados menos. Al final, esta ley puede terminar agrandando la desigualdad en lugar de disminuirla”.

El lunes, el exsecretario ejecutivo para la reforma, Andrés Palma (DC) dijo que esta baja es “totalmente esperada, ya que ahora hay que demostrar que se tiene un proyecto educativo diferente de los que hay en el territorio de influencia del colegio que se quiere crear. Y estimó que el aumento de establecimientos pagados “se debe a que sostenedores subvencionados decidieron pasar a pagados para privilegiar su organización comercial”.

Al respecto, Mariana Aylwin dice que sus declaraciones son “livianas”. “Palma señala que la disminución de los colegios subvencionados era algo esperable, pero eso nunca se dijo. ¡Lo dijimos nosotros!, los que estábamos con los pies en la tierra viendo la realidad”, agrega.

Beyer aborda creación de colegios

En tanto, el exministro Harald Beyer afirma que “uno de los propósitos de la Ley 20.845 fue limitar el dinamismo en la creación de colegios. E hizo prácticamente imposible la creación de nuevos colegios con subvención. También es muy posible que algunos, como consecuencia de las nuevas regulaciones, se hayan vuelto particulares pagados. Era habitual, si se mira la historia, que todos los años se cerraran colegios particulares subvencionados. Eso se mantiene y ahora, al no haber creación de nuevos, el número total cae”.

Por otro lado, agrega que “cabría esperar que a medida que el financiamiento compartido se vaya quedando rezagado y los ingresos medios de las familias suban todos los años va a existir una pequeña emigración desde colegios particulares subvencionados a particulares pagados”.

Bitar: “Hay que flexibilizar el tema de la propiedad”

Para el exministro de Educación del gobierno de Ricardo Lagos y también ministro en el primer gobierno de Michelle Bachelet, estas cifras se tratan de “ajustes marginales y hay que esperar que transcurra más tiempo de la Ley de Inclusión para sacar un juicio de fondo”.

La baja en la creación de colegios particular subvencionados y municipales versus un aumento de privados, en opinión de Bitar, “está determinada por factores que no dependen de la ley, como la baja en la tasa de natalidad y la disminución de estudiantes, así como el aumento de ingresos, que permite a más familias acceder a la educación particular pagada”.

Considera, por otro lado, “que hay que flexibilizar el tema de la propiedad de los colegios, dando más plazos, viendo los créditos, y no transformarlo en un sistema rígido. Además, hay que eliminar trabas burocráticas dando mayor libertad para la creación de colegios”.

El exsenador Ignacio Walker (DC), quien fue presidente de la Comisión de Educación del Senado, cree que “el tema no es el número de establecimientos, sino la matrícula, la que se mantiene casi idéntica. Hay un tema demográfico: hay menos niños y menos jóvenes que educar, lo que se traduce en que hay y habrá menor oferta educacional (ante menor demanda). Las cifras no me impresionan. Chile tiene un 63% de educación escolar privada, solo superado por Holanda y Hong Kong en el mundo”.

Respecto de la nueva legislación, dice que “el buen resultado no es cuantitativo, sino cualitativo: Chile era el único país en el planeta con lucro con fondos públicos, copago (barrera de entrada que afecta la libertad de elección) y selección (el llamado descreme). Éramos una anomalía mundial. Ahora tenemos la posibilidad de una educación menos segregada para avanzar a una sociedad menos segmentada”.

Mientras que Jaime Bellolio (UDI), diputado de la comisión de Educación, plantea que “los datos nos muestran uno de los objetivos de quienes idearon la ley, que era evitar al máximo la creación de nuevos establecimientos subvencionados, y por ende, de nuevos proyectos educativos diversos. En vez de poner el énfasis central en que todos los colegios —sin importar su sostenedor— entreguen una educación de calidad”.

El diputado Miguel Crispi, de Revolución Democrática, quien fue asesor del entonces ministro Nicolás Eyzaguirre, dice que “la educación en Chile se había convertido en un negocio para muchos y lo que aseguramos con esta ley es que cada peso público se ocupe en mejorar la calidad de la educación. Es claro que a algunos no les gustó el cambio en las reglas del juego”.