La gratuidad se ha convertido en un agujero negro de cuyo campo gravitacional nada parece escapar.

Así, la primera medida del gobierno Piñera referida al sector educacional ha consistido en extender la gratuidad de la educación superior técnico-profesional en favor de los estudiantes pertenecientes a los hogares del séptimo decil, según la distribución del ingreso a partir del año 2019.

Para este efecto ha debido dejar sin efecto una disposición de la Ley de Educación Superior, aún antes de ser promulgada, de acuerdo con la cual sólo podía otorgarse la gratuidad a los jóvenes de dicho séptimo decil una vez que los ingresos estructurales del fisco representen al menos un 23,5% del PIB tendencial durante los dos años inmediatamente anteriores. Dado que esto no ha ocurrido, el gobierno optó por eliminar este requisito. ¡Así de simple! Y su compromiso es continuar extendiendo la gratuidad para los estudiantes de IP y CFT hasta incluir a los jóvenes del 90%.

¿Significa esto que el gobierno, y su coalición política de derechas, han descubierto repentinamente las virtudes de la gratuidad?

No parece ser así. Se trata, más bien, de una medida cuyo costo (alrededor de $20 mil millones de pesos, o 33 millones de dólares) ha sido considerado inferior a los beneficios que se espera cosechar. ¿Cuáles son éstos?

En lo inmediato, mantener el delicado balance de fuerzas en torno al Presidente dentro de la coalición oficialista. De hecho, el senador Ossandón y su corriente de la ”derecha social” declararon victoria tan pronto se anunció esta medida. Los demás partidos de la coalición gubernamental se alinearon tras la consigna presidencial —“La gratuidad ha llegado para quedarse”—, con excepción de Evópoli, que consistentemente viene postulando un modelo diferente de gratuidad.

Tácticamente, además, el gobierno anuncia esta política 48 horas antes de que los estudiantes salgan a ocupar las calles del centro de Santiago, no para proclamar su victoria con respecto a la expansión del modelo de gratuidad de la Nueva Mayoría y la administración Bachelet, sino para impugnar una gratuidad en la cual alegan ahora no sentirse representados, posición asumida también por sectores del Frente Amplio.

Evidentemente, con esta maniobra simbólica el gobierno no espera detener la movilización estudiantil, ni siquiera incidir en un menor número de movilizados. Sin embargo, a los dirigentes del movimiento les eleva la dificultad para explicar los motivos de la protesta. Ahora deberán convencer a la opinión pública de que no es esta gratuidad por la que han luchado, sino por otro modelo de gratuidad, seguramente más difícil de legitimar ante la sociedad civil.

Y en este punto ya estamos envueltos plenamente en los malentendidos de la gratuidad que el gobierno Bachelet inscribió orgullosamente en la página de cierre de su administración, creyendo que sería la portada hacia su legado histórico. En efecto, la gratuidad heredada por la administración Piñera está llena de contradicciones y defectos, es inviable económicamente y confusa en su base ideológica. Pero tiene un efecto no-buscado, imprevisto si se quiere, para sus autores y detractores: refuerza uno de los pilares del régimen mixto de provisión, al tratar por igual a todos los estudiantes e instituciones de educación superior a la hora de estructurar un nuevo modelo de costos compartidos para financiar a estas instituciones.

Luego, el argumento del Presidente Piñera sobre la gratuidad que “ha llegado para quedarse” tiene una segunda lectura menos obvia y más correcta que la del mero oportunismo ideológico o, incluso, de rendición frente al argumento del adversario.

En efecto, ese argumento dice que la naturaleza mixta de la provisión, y su economía política subyacente, están aquí para quedarse, precisamente en virtud de la gratuidad parcial establecida por la Nueva Mayoría. ¡Este es, pues, el legado! Que en la confusión creada por este malentendido, el Presidente levanta ahora frente a la oposición, elevando incluso la apuesta para incluir en este beneficio a los jóvenes de clase media que deseen estudiar en la educación técnico-profesional.

Sin embargo, el propio gobierno se halla envuelto también en este malentendido del cual nadie parece poder librarse. ¿Cómo entender, si no, su apuro por consagrar un principio de gratuidad que ha sido mal diseñado y que, en el contexto de una Ley de Educación Superior heredada de la anterior administración, representa una seria amenaza para el desarrollo sustentable de aquel sistema?

Pues seamos claros. Más allá del debate ideológico sobre el valor y significado de la gratuidad bajo diversos modelos, el actual, contenido en dicha Ley, está subfinanciado, produce daños colaterales, tiene graves problemas de sustentabilidad y necesita urgentes correcciones. Fue mal diseñado y aprobado a la carrera. Y su implementación —tal como está— amenaza con agravar todos los aspectos negativos. Partiendo por la gradual pérdida de autonomía de las instituciones, que irían haciéndose cada vez más dependientes de la voluntad de poder de los gobiernos, cualquiera sea su orientación.

Estos defectos necesitan corregirse. Por ejemplo, en el corto plazo (4 años), mientras dure este gobierno, la gratuidad cubrirá a una cuarta parte de la matrícula total de educación superior, debiendo por lo mismo establecerse un robusto y equitativo esquema masivo de becas y créditos para el 75% restante de la matrícula. De hecho, tal debió ser la primera medida que el gobierno anunciara, no una mera extensión suplementaria de una gratuidad que urge enderezar.

En seguida, el gobierno debió —y debe todavía— dar a conocer una estrategia coherente para el financiamiento mixto de la educación superior, con sus componentes de gratuidad, créditos y becas; sus fondos públicos y privados, de corto, mediano y largo plazo, destinados a las instituciones y los estudiantes.

En suma, todos nos hemos adentrado un paso más en este malentendido. El gobierno gana un punto táctico e incrementa su respaldo interno en la coalición, pero al mismo tiempo aumenta la confusión respecto de cuáles son sus propósitos.

La antigua Nueva Mayoría recién comienza a darse cuenta del verdadero desaguisado que provoca una política que, por un instante, creyó podía ser su más ilustre legado.

El movimiento estudiantil vuelve a la calle con banderas confundidas y ahora debe ir en contra de la gratuidad que un día soñó pondría en jaque al sistema.

Por último, el Frente Amplio, algunos de cuyos cuadros dieron forma a esta anómala gratuidad desde sus posiciones de influencia en el Ministerio de Educación a comienzos del gobierno Bachelet, harían bien en recordar aquella admonición de un ciudadano en la obra Ricardo III: “¡Desgraciada la tierra que gobierna un niño!”