¿Es la educación en España realmente gratuita?

Un tercio de la infancia del país está en riesgo de exclusión, lo que dificulta que pueda tener las mismas oportunidades que el resto en su formación.
FERNANDO MUDARRA (AYUDA EN ACCIÓN), 20 OCT 2017 – 07:46 CEST
Solemos afirmar que la educación obligatoria en nuestro país es gratuita. Hablamos de colegios, institutos y docentes por los que padres y madres no tienen que pagar. Al menos no directamente, ya que —como conviene recordar— los pagamos entre todos con nuestros impuestos. Además, como debe ser en un sistema impositivo progresivo, los que más tienen pagan un poco más. Esa es la cantinela que tanto nos gusta a las ONG. La de la solidaridad, la cohesión social y la equidad. La misma que, ya desde estas primeras líneas, seguimos exigiendo a nuestro Gobierno y Administraciones para que continúen mejorando.

Sin embargo, cuando pasas un poco por el colegio o el instituto —algo habitual si tienes niños o adolescentes a tu cargo— el mantra de la gratuidad de la educación se desvanece un poco. Ya no es “tan gratis”. Los libros, las clases de apoyo escolar, las extraescolares o el comedor no son gratuitos. O bien dependen de ayudas y becas, o bien son las familias las que las pagan religiosamente. Y no podemos obviar que todas estas cosas son necesarias para que todos los alumnos dispongan de una educación de calidad, sin importar el ámbito socioeconómico de sus familias.

En los últimos años de recortes, la tijera no se ha frenado al llegar a la educación. España sigue a la cola de los países de la Unión Europea en inversión educativa total: destinamos el 8,2 % del PIB, tres puntos menos que la media de los países desarrollados (OCDE: 11,2 %). Este año las administraciones han hecho un esfuerzo, al incrementar el gasto público en educación un 1,7% (la mayoría destinado a becas generales, ayudas para libros de texto y de movilidad), pero nuestro presupuesto público en esta materia (un 4,36% del PIB) sigue por debajo de la media de la UE (4,9%) y de la OCDE (5,3%).

En el capítulo concreto de becas y ayudas al estudio, la inversión en los años más duros de la crisis (de 2010 a 2014) descendió 629 millones de euros. Si trazamos la comparativa europea, según datos de Eurostat, la media de la UE (3,8 % del PIB) casi dobla el porcentaje español, que se sitúa en el 2,2 %. Como se pregunta aquella canción del grupo El Último de la Fila, “¿dónde estabas entonces, cuándo tanto, te necesité…?”. O lo que es lo mismo: en la peor época para las familias, estas recibieron menor número y cuantía de ayudas y becas. Quizá, dicho desde la ironía, debiera haber sido al revés, aunque solo hubiese sido por hacer caso a la Convención de Derechos del Niño, de la que España es Estado parte; en todas las medidas que se tomen por un Estado, el interés superior del menor siempre debe prevalecer.

España sigue a la cola de los países de la Unión Europea en inversión educativa total

Mirando las cifras más de cerca, cosa que desde Educo y Ayuda en Acción, hemos hecho en un informe que ha visto la luz esta semana bajo el título La sombra de la gratuidad educativa en España, se despejan algunas incógnitas. También se plantean otras preocupaciones que afectan más profundamente a ese tercio de la infancia que vive en riesgo de pobreza y exclusión en nuestro país y que hace muy difícil que pueda tener las mismas oportunidades que el resto en materia educativa.
Además de las cifras, hemos entrevistado a padres, madres, docentes, trabajadores y trabajadoras sociales, alumnado y funcionarios de diversas Administraciones. Les hemos preguntado sobre la importancia que tienen las becas y las distintas ayudas al estudio para que el derecho a la educación sea un derecho que alcance a todos y todas por igual. Mencionaré solo dos de las conclusiones que se extraen de esos testimonios.

Una es clara: en las familias en riesgo de pobreza y exclusión, los niños y niñas tienen muchas papeletas para, en primer lugar, no disfrutar de una infancia plena (que significa, entre otras cosas, estudiar, jugar y vivir en un entorno seguro y motivador) y para, además, engrosar mañana las filas de los adultos pobres de nuestro país. Para que, aunque accedan a puestos de trabajo, no puedan sostenerse, ni a sus futuras familias. Porque la educación de calidad no es un coste, sino inversión pura en ciudadanía, desarrollo económico y paz social para el mañana.

El segundo gran titular del estudio habla del gran esfuerzo económico que están haciendo miles y miles de familias empobrecidas en nuestro país para garantizar a sus hijos una educación medianamente de calidad. Costes indirectos derivados de la educación como los ya mencionados (el comedor o el transporte del colegio, las clases extraescolares, de refuerzo educativo…) hacen que el sistema no sea equitativo y que aquellas familias que más lo necesitan —las que menos tenían y tienen— sean las que, proporcionalmente, más recursos tienen que dedicar. No en vano, entre 2009-2015 el gasto medio de los hogares españoles en educación aumentó un 34%.

Esta semana, en torno al 17 de octubre, Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza, muchas organizaciones sociales venimos realizando actividades de sensibilización y activismo en la ciudadanía durante esta Semana de lucha contra la pobreza. Nosotros reivindicamos que la educación es un derecho, pero también es y seguirá siendo el único argumento que podemos ofrecernos como sociedad para ser mejores en el presente y en el futuro, y para que la pobreza y la desigualdad sean tan solo un mal recuerdo del pasado.