En relación con la entrevista de ayer, quiero decir que con Mariana Aylwin hemos tenido diferencias de fondo en materia de reforma educacional. Yo creo que, en el balance final, los proyectos de ley, tal como salieron del Parlamento, ciertamente no como entraron, serán valorados y legitimados socialmente.

El proyecto de Ley de Inclusión (lucro, copago, y selección), por ejemplo, tuvo un giro en 180 grados en su tramitación, y fue la DC la que hizo la diferencia. Hay que recordar que Chile es el único país del mundo que tiene lucro con fondos públicos en educación, copago, y selección; no hay otro país en el planeta Tierra con este sistema. Somos una anomalía mundial (literalmente). Con la Ley de Inclusión, eso se va a acabar, en forma gradual, introduciendo mayor equidad en el nivel escolar. El proyecto final, después de dos años de una negativa permanente por parte del Gobierno, incluyó los arriendos regulados permanentes, entre personas relacionadas, en materia de inmuebles, como alternativa a la compraventa, que era el último gran escollo que quedaba por resolver, y que ha traído mayor tranquilidad al sector particular subvencionado (casi todos los 5.000 colegios se están cambiando a corporaciones).

El proyecto sobre nueva educación pública (desmunicipalización) fue finalmente aprobado 34 a 0 en el Senado. Se acogió la tesis de la DC de avanzar hacia un esquema descentralizado, en base a Comités Directivos Locales, instituyendo que el establecimiento educacional será la unidad básica y fundamental del sistema (aporte del senador Carlos Montes).

El proyecto de educación superior fue aprobado, en general, en el Senado, 34 a 0, y todavía abrigo la esperanza en que en la discusión en particular, en la que nos encontramos ahora, de las 695 indicaciones presentadas (yo introduje 91, el Gobierno 83), lo que demuestra las serias deficiencias del proyecto inicial, que fue ampliamente criticado, salga un nuevo proyecto, distinto del primitivo.

En cuanto al proyecto sobre carrera docente, fue finalmente aprobada casi por la unanimidad en el Senado, con la ventaja de que se aplicará no solo a los 90.000 profesores del sector público, desde agosto pasado, sino que a los 100.000 del sector particular subvencionado, a partir de 2019.

Para qué decir de los avances en gratuidad. Este año habrá 360.000 beneficiarios, no solo de los sectores de menores ingresos en las universidades, sino que, a petición de los 28 parlamentarios DC, también en los IP y en los CFT (así quedó en el presupuesto 2017, y también en el de 2018). La gratuidad en la medida de lo posible, que establece el proyecto, pues dependerá de la situación económica del país, y de los niveles de la carga tributaria, coexistirá, por años y décadas, con becas y créditos, que ha sido desde 2011-2012 la postura de la DC.

Para qué decir el nuevo sistema de educación parvularia, y los cambios introducidos en ese nivel (subsecretaría, intendencia, reconocimiento oficial, 70.000 nuevos cupos en salas cuna y jardines infantiles), que fue aprobado y despachado por la unanimidad del Parlamento.

Todos estos proyectos han cambiado sustancialmente desde sus versiones iniciales, gracias, principalmente, a la DC (y a senadores como Carlos Montes).

No dudo de que estos proyectos, con el transcurso del tiempo, y con las mejoras, adecuaciones y perfeccionamientos que se les puedan introducir, serán ampliamente valorados, y que el próximo gobierno que asume el 11 de marzo no pondrá marcha atrás.

Definitivamente, hemos tenido diferencias con Mariana Aylwin en materia de reforma educacional.

Ignacio Walker
Senador DC