Hacia un nuevo sistema universitario

Jaime Bellolio y Hugo Herrera, 23 febrero 2017

“Para conservar fortalezas y paliar defectos, se debiese avanzar hacia un régimen de aseguramiento universal de la calidad, apoyo fiscal igualitario para los estudiantes y apoyo diferenciado a la investigación…”.

El sistema universitario chileno se halla en profunda revisión. Para saber qué cambiar y qué mantener, es necesario previamente hacer un diagnóstico diferenciado.

La calidad del sistema es heterogénea, pero comparativamente buena. Diez universidades chilenas califican dentro de las mil mejores del mundo. El sistema es, además, diverso, se compone de casas de estudio privadas y estatales, cristianas y laicas. La universidad ha devenido intensamente inclusiva: muchos alumnos hoy forman parte de la primera generación de sus familias que accede a ella. El sistema posee un régimen de aportes mixto. Este permite allegar más recursos que si el financiamiento fuese exclusivamente fiscal o privado. La mixtura en el control y el financiamiento posibilita la división del poder universitario y, con ello, altos grados de libertad académica.

Es relevante reconocer esas virtudes, aunque reguladamente, para evitar los problemas de endeudamiento privado excesivo, dificultad en el acceso, asimetría de información que juega contra los estudiantes, y garantizar de manera eficaz la calidad y la libertad del pensamiento en la investigación y la docencia.

Para conservar fortalezas y paliar defectos, se debiese avanzar hacia un régimen de aseguramiento universal de la calidad, apoyo fiscal igualitario para los estudiantes y apoyo diferenciado a la investigación.

La igualdad de trato a los estudiantes se justifica porque, si no ha de ser arbitraria y perjudicar a cierto grupo o sobrefavorecer a otro, la ayuda solo puede depender de la vulnerabilidad de los alumnos. El apoyo ha de asumir diversas formas: gratuidad, becas y créditos. Conviene preservar un financiamiento mixto, a fin de mantener al sistema con recursos suficientes y conservar allí la división del poder.

Según si el régimen académico y la forma de gobierno que asume una universidad favorecen la libertad y los tiempos y espacios requeridos por la investigación, ha de variar el apoyo fiscal a la actividad investigativa. Aunque toda institución de educación puede producir bienes públicos, el apoyo estatal a la investigación solo se justifica cuando ella se realiza de determinada manera, a saber: libremente y según la idea de verdad, sin cortapisas de carácter ajeno a la vida académica e investigativa.

El sistema debiese contemplar, entonces, tres tipos de institución.

El primer tipo sería el de las estatales. En ellas ha de imperar la libertad académica y haber una carrera definida, donde alcanzar el grado titular confiera inamovilidad (“tenure”). El régimen de gobierno ha de ser republicano, sujeto a un consejo superior con presencia relevante de miembros externos, que evite la captura de la institución. Deben ser provistas de financiamiento basal para la investigación y financiamiento concursable para grupos de investigación e investigadores individuales.

El segundo tipo sería el de las universidades privadas con subvención estatal. A partir del reconocimiento del hecho de universidades que asumen visiones comprehensivas del bien y su contribución a la calidad y diversidad del sistema, se debiera admitir que, en la contratación, las universidades puedan poner como requisito a un porcentaje no irrelevante de académicos, adherir a la visión de contenido que eventualmente asuman, no obstante la plena libertad académica en el ejercicio: los profesores han de poder dejarse conducir, sin trabas, por los resultados a los que los conduzcan sus investigaciones. La carrera académica debiese estar claramente definida y la calidad de titular conferir inamovilidad; el régimen de gobierno, considerar un consejo superior compuesto, en una proporción relevante, por miembros externos. Estas universidades han de contar con financiamiento basal para la investigación, y concursable para grupos de investigación e investigadores individuales.

Por último, se hallarían las universidades privadas sin subvención estatal. En estas ha de existir, al menos, libertad académica en el ejercicio, carrera académica definida, que considere el grado de titular y la calidad de titular inamovilidad; un régimen de gobierno sujeto a un consejo superior y en el que se aseguren instancias de participación de los académicos. Han de contar con financiamiento concursable para investigadores individuales.

Con un sistema así, se pondría fin a gran parte de las peculiaridades no justificadas del actual régimen. El sistema universitario pasaría a fundarse en principios que, aunque discutibles, se alejan del excesivo capricho que hoy nos rige y que el proyecto de ley del gobierno intensifica.

Jaime Bellolio
Diputado UDI

Hugo Herrera
Profesor titular UDP
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