A 11 días de ingresado el proyecto de reforma a la educación superior, el rector de la U. Diego Portales, Carlos Peña, critica el discurso de la ministra de Educación, Adriana Delpiano, detecta defectos en el texto ingresado al Parlamento y propone cómo mejorarlo. Sugiere distinguir entre universidades estatales, no estatales de orientación pública y privadas, estimulando a estas últimas a incorporarse al segundo grupo; propone un financiamiento de la gratuidad con algún tipo de impuesto a los graduados; y para la transición del beneficio en 2017, financiar a las estatales y convenir cuotas con las privadas para que así estas puedan sumarse a la gratuidad y absorber la brecha.

¿Qué conclusión rescata del proyecto? 

Lo más destacable es la presentación del proyecto. Se le manejó con tal sigilo y con tal ambigüedad, que ya había razones para dudar de su existencia. Hay que alegrarse entonces que el Mineduc haya despejado esa duda. Los aspectos criticables son muchos; pero pueden, en términos generales, reducirse a cuatro. En primer lugar, el proyecto parece creer que los problemas de la educación son producto únicamente de la falta de control y que ello puede remediarse entregando facultades omnímodas y pormenorizadas a organismos centrales servidos por funcionarios a tiempo parcial; en segundo lugar, distingue de manera muy gruesa entre entidades estatales y privadas, olvidando, de manera inexplicable, que hay entidades extraestatales con genuina orientación pública; en tercer lugar, el diseño de la gratuidad casi asegura la escasez de las instituciones que se plieguen a ella y encubre con una fórmula ingeniosa, pero falaz e insincera, la renuncia a la gratuidad universal. En fin, el Ejecutivo, y en especial la ministra, no han sido capaces de formular de manera clara el horizonte estratégico hacia el que quieren conducir a la educación superior. Por decirlo de otra forma: el proyecto tiene defectos internos; pero también carece del suficiente soporte conceptual de parte de quienes, como la ministra, tienen el deber de impulsarlo. El discurso de la ministra no ha estado a la altura de la ambición del proyecto.

¿Entre los defectos del proyecto está, como ha dicho el rector de la UC, Ignacio Sánchez, una amenaza a la autonomía? 

El rigor obliga a distinguir entre dos sentidos de la autonomía. Uno de ellos es político: es autónoma la institución que se gobierna a sí misma con la participación de sus miembros y sin sujeción a ningún poder ajeno. El otro sentido es administrativo financiero. Desde este punto de vista, una institución es autónoma cuando sus recursos no dependen de una sola fuente y cuando sus órganos, cualquiera ellos sean, decide independientemente acerca de sus programas. El proyecto no promueve ni estimula la primera versión de la autonomía y daña la segunda. Creo, sin embargo, que el rector Sánchez sólo se refiere a esta última…

El proyecto establece aranceles regulados para los planteles que entren en la gratuidad, pero no hay un control de cobros para las Ues. que no ingresen y sigan recibiendo CAE, ¿Qué le parece esto? 

La consecuencia de ese diseño es obvia. De aprobarse el proyecto en la forma que ha sido presentado, acabará consolidando dos sectores en la educación superior: uno financiado con rentas generales y sometido a las inevitables restricciones que son necesarias para el control del gasto, aprobación previa de programas, límites al volumen de estudiantes y al nivel de actividad; y otro financiado con renta actual o futura de los propios estudiantes que, en el mediano plazo, disminuirá el número de sus instituciones participantes, pero que consolidará a dos o tres como planteles selectivos y de alta calidad. La segregación del sistema -convertido en un espejo del sistema escolar- se habrá, pues, instalado definitivamente. Es increíble que un diseño como ese pueda ser presentado como una transformación revolucionaria.

Usted ha ironizado con la proyección de avance de la gratuidad ¿cree que se podría alcanzar la gratuidad universal?

No he sido yo quien ha ironizado, sino el creador de la fórmula para alcanzar la gratuidad quien es, al parecer,  un humorista involuntario. Sólo la ignorancia, o el humor, podría hacer creer que esa fórmula garantiza un derecho permanente. Cualquier abogado sabe que algo que depende de un hecho futuro e incierto, como el crecimiento tendencial del PIB, se llama mera expectativa y no derecho y menos derecho permanente como se hizo decir, equivocadamente, a la Presidenta. En cuanto al tiempo que tomaría la gratuidad universal ¿cómo podríamos saberlo cuando incluso el ministro Eyzaguirre acaba de confesar que lo ignora?

El gobierno ha dicho que las Ues. estatales podrían crecer en matrícula absorbiendo estudiantes de las que no se puedan mantener en el nuevo sistema y deban cerrar, ¿Qué le parece? 

Como otras cosas que se han oído por estos días -y se han oído varias-  se trata de una idea a la que falta reflexión. Basta pensar que dentro de las universidades estatales hay algunas de alta selectividad y calidad académica, a las que no les sería fácil, sin desmedro de sus proyectos, transformarse en planteles masivos y admitir alumnos sin selección previa.

El Ejecutivo ha invitado a los rectores a mejorar el proyecto ¿tiene ideas que sugerir? 

Hay varias; pero en lo fundamental dos. Distinguir tres sectores en el sistema y cambiar la fuente de financiamiento de la gratuidad.

¿Qué sectores debiera haber? 

Creo que la distinción correcta debe ser entre instituciones estatales, a las que ya nadie duda ha de dárseles trato preferente; planteles no estatales de orientación pública, para lo cual es imprescindible discutir criterios que permitan identificarlas; e instituciones particulares. Y el sistema debiera tener incentivos para que estas últimas vayan sumándose al segundo grupo.

Pero ¿cuáles serían los criterios que fijarían el umbral entre el segundo grupo y el tercero? 

Hay varios. Desde luego, hay criterios relativos a la forma de organización. Una institución pública debe contar con reglas que aseguren la existencia de comunidades académicas intelectualmente autónomas. Ello supone: a) la existencia de una carrera académica que asegure a sus miembros independencia crítica; b) sistemas de selección ciegos al origen, salvo que se trate de programas de acción afirmativa; c) formas de gobierno que aseguren la deliberación entre sus miembros; d) una organización autónoma que no esté bajo el control intelectual de poderes ajenos a ella misma; e) inexistencia de controladores directos o indirectos provistos de fines comerciales, etcétera. Hay también criterios relativos a los bienes que la universidad produce: nivel de su investigación, eficiencia y eficacia formativa de sus programas, intensidad de su vinculación con el medio, etc. Hay, en fin, criterios que se relacionan con sus planes. Disposición a contar con programas de investigación colaborativos entre instituciones, que permitan satisfacer objetivos de bienestar social o de interés nacional. Por supuesto la identificación de esos criterios -si acaso están o no presentes en la universidad de que se trata- debe estar a cargo de una agencia independiente, por ejemplo, puede ser parte de los sistemas de acreditación.

¿Qué debiera hacerse desde el punto de vista del financiamiento? 

En esto sugeriría distinguir entre el estatuto permanente, por una parte, y la transición que principia el año 2017, por la otra. En materia de estatuto permanente creo que la forma de financiar la gratuidad es un impuesto a los graduados. Eso, con todas sus dificultades, permitiría remover las barreras de entrada y al mismo tiempo financiar el sistema. En lo que respecta a la transición del año 2017, el desafío es doble: consiste en no aumentar el gasto fiscal y, al mismo tiempo, no dar razones para que las instituciones privadas se alejen ¿Cómo hacer para que más instituciones se sumen al beneficio, sin incrementar el gasto y sin disminuir el aporte a las entidades estatales? En lo inmediato hay una única fórmula posible. Financiar la gratuidad en las universidades estatales y establecer un mecanismo de transición en base a cuotas para aquellas privadas, las que así podrían absorber la brecha que la gratuidad les provoque. Si a ello se suma que, en esta primera fase, las universidades privadas más selectivas podrían establecer programas de acción afirmativa para estudiantes de los primeros deciles, creo que el sistema comenzaría a orientarse poco a poco de manera correcta: un mejor sector estatal y universidades privadas selectivas abiertas a todos los sectores. Esta fórmula que sugiero para la glosa del año 2017, permitiría avanzar en los propósitos de la reforma sumando a instituciones que, de otra manera, se mantendrán al margen.

Se sabe que la glosa será similar a la del año pasado, ¿en qué pie deja eso a la UDP? 

Bueno, confiemos que el gobierno escuchará propuestas alternativas como las que acabo de formular y que la glosa entonces no será la misma.

Pero si lo fuera…. 

La UDP ya ha hecho un gran ajuste financiero para adherir a la gratuidad. Cualquier otro ajuste obligaría a reducir nuestros recursos académicos y administrativos. Y dañaría severamente la calidad que hoy día posee y que la sitúa -de acuerdo al Times Higher Education- como una de las 40 mejores universidades de América Latina. El deber del Consejo Académico y del Consejo Directivo es cuidar que eso no ocurra. Una cosa es segura: la UDP no hará nada que lesione su carácter de institución autónoma del Estado y de cualquier otra entidad ajena a si misma; influyente en la esfera pública; que asegura a sus miembros independencia crítica ; y que está empeñada en diversificar las élites en Chile.

Si los invitaran a ser estatales ¿qué respondería la UDP? 

Rechazaría, por supuesto, esa amable invitación. En lo que de mí dependa, la UDP no será ni un dependiente del Estado, ni fiel de una iglesia, ni un departamento de una empresa. Seguirá siendo lo que es: dueña de si misma. En cualquier caso una invitación como esa muestra una mala comprensión del sistema universitario y de la esfera pública que, desde antiguo, es un ámbito entre el Estado y el mercado. Esa esfera es la que el proyecto desatiende. Quizá esa mala comprensión que muestra la ministra al querer absorber a entidades públicas no estatales -como la U. de Concepción- sea la raíz de todos los males del proyecto. La U. de Concepción, como la Austral, son expresivas del esfuerzo de una comunidad y su quehacer, lo han mostrado, es público ¿qué ganarían dejándose absorber por el Estado? Lo dije al inicio. Este tipo de observaciones de la ministra muestran que una mala comprensión del problema está a la base de los defectos de la reforma.