La acreditación institucional necesita algunos cambios
José M. Salazar, miembro del directorio Aequalis.- Recientemente, la Comisión Nacional de Acreditación ha presentado su cuenta pública 2016. Junto con plantear algunas recomendaciones para la reforma del sistema de aseguramiento de la calidad que la Comisión extrae de su propia experiencia, también ilustra su actividad durante el último año.
En materia de acreditación institucional, por ejemplo, informa que el 90% de la matrícula se radica en las 44 universidades, 18 institutos profesionales y 17 centros de formación técnica acreditados. Un incremento del 16,7% respecto de la última cuenta pública que presentó la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado en 2007, cuando se reportó una cobertura total de este instrumento de política respecto de la matrícula sectorial que era de un 73,4%. Una primera conclusión, entonces, es que la matrícula total se consolida entre instituciones acreditadas. ¿Es éste un buen o mal resultado?
Desde el prisma de los resultados, 21 instituciones fueron evaluadas por la Comisión en 2015. Diecinueve fueron acreditadas. 6 obtuvieron 5 o más años, punto desde el cual suelen agruparse los resultados destacados en acreditación. Sólo una universidad privada y un centro de formación técnica fueron acreditados por el mínimo de 2 años. En las áreas de acreditación electivas, 10 instituciones se acreditaron en vinculación con el medio, 6 en investigación y 3 en docencia de posgrado, a lo que hay que agregar otras 3 instituciones que se acreditaron simultáneamente en las tres áreas electivas, todas ellas universidades. Del total de instituciones acreditadas a la fecha, 34 lo están en vinculación con el medio, 22 en investigación y 13 en posgrado, mientras otras 13 cubren simultáneamente todas las áreas electivas.
Así observados, los números sugieren que las 44 instituciones de educación que no están acreditadas tienen una matrícula total de 127.559 estudiantes, o el 10% de la matrícula nacional. Aunque existen diversos motivos para que una institución no se presente a la acreditación, la percepción de una cierta fragilidad institucional que pone en riesgo el proceso es muy común entre los casos estudiados. Con una matrícula promedio cercana a los 2.900 estudiantes, muchas de estas instituciones no poseen todavía las capacidades financieras y educacionales necesarias para consolidar una gestión profesional. Las 81 instituciones acreditadas, por su parte, parecen haber demostrado niveles de desempeño aceptables, en términos de dar cuenta de las demandas del entorno y de las exigencias que les fija su propia misión. Entre ellas se cuentan todas las instituciones de mayor prestigio y productividad científica en el país.
Con todo, es llamativo que 35 universidades se encuentren acreditadas en investigación y 26 en posgrado, sobre un universo de 57 universidades autónomas. Desde el prisma de la acreditación institucional, tal decisión implica que la Comisión estima que esas 35 instituciones son eficientes y eficaces en su producción científica. Según el reporte 2014 de Scimago Lab, Chile es el cuarto productor de publicaciones científicas en la región, después de Brasil, México y Argentina. No obstante, posee el mejor índice de citas por artículo dentro de este grupo (2,56). A pesar de tales desempeños, su lugar en el ranking mundial de productividad científica Scimago cayó del lugar 21 al 25 entre 2003 y 2012, en parte porque el crecimiento de su producción científica fue más lento que el observado en países con similares niveles de productividad e impacto (como España, Hungría, Grecia y Portugal). También es importante notar que sólo 10 universidades chilenas publicaron más de 1.000 artículos en el periodo 2008-2012, concentrando casi el 75% de la producción nacional.
Aunque producción científica y acreditación en investigación no son exactamente lo mismo (ni existe una fórmula de cálculo que traduzca automáticamente la una en la otra), es al mismo tiempo evidente que una completa falta de alineación entre ambas hace que el sistema de aseguramiento pierda su función coordinadora dentro del marco de políticas. Eso demanda una revisión integral de los respectivos criterios de evaluación con miras a enfatizar el peso de los resultados en la evaluación de las políticas y mecanismos que las universidades usan para gestionar el desarrollo, implementación y cierre de proyectos de investigación con financiamiento externo. Por otra parte, la incidencia que el crédito con aval del estado tiene en desarrollo de la matrícula, hace que muchas instituciones de educación superior hagan lo imposible por acreditarse. La experiencia ha mostrado lo pernicioso que ese incentivo ha sido para la transparencia y legitimidad de los procesos de acreditación, al punto que predispuso en el pasado a la Comisión Nacional de Acreditación para no tomar decisiones que afecten el vital acceso al crédito entre instituciones de desempeño discreto.
Necesitamos, por eso, que los criterios y procedimientos aplicados a la acreditación del área obligatoria de docencia de pregrado sean complementados con otras herramientas que permitan enfatizar la importancia de los resultados de los procesos formativos, al modo en los resultados de investigación deben condicionar los resultados de acreditación en esa dimensión. Ante la imposibilidad de contar con un instrumento equivalente a PISA para la educación superior, muchos sistemas nacionales están dirigiendo su atención a las encuestas de compromiso estudiantil. Ellas permiten advertir fluctuaciones en las condiciones que permiten aprendizajes de calidad. Aunque imperfectas, permiten visibilizar los esfuerzos que las universidades hacen en pos del aprendizaje de sus estudiantes, además de facilitar diferentes comparaciones entre instituciones similares a través de las distintas etapas del proceso formativo. Las evaluaciones institucionales se enriquecerían significativamente si incorporaran una variable de este tipo en la evaluación institucional del pregrado. Ojalá que la Comisión cuente con el liderazgo suficiente para abrir una conversación sectorial que permita robustecer los instrumentos en aplicación, enfatizando la importancia de los principales resultados que genera la educación superior.
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