Aunque no está dicho explícitamente en la ley que las creó, se debe subentender que quienes están impedidos de lucrar con las universidades son sus socios o controladores. No puede entenderse de otro modo la expresión “sin fines de lucro” porque la universidad, en cuanto institución, sí puede obtener ganancias o utilidades en la medida que las reinvierta en el cumplimiento de sus propios fines. No son las universidades las que lucran, sino sus fundadores, socios o directivos cuando autorizan transacciones relacionadas –contratos con personas naturales o jurídicas relacionadas por parentesco, convivencia o propiedad-. Afirmar que una universidad lucra es como creer que la que asesina es la pistola y no el que la dispara.

Desde un punto de vista conceptual el lucro, en cualquier transacción comercial normal, corresponde a la legítima ganancia o utilidad que el vendedor obtiene. Dicha ganancia o utilidad, a su vez, es la diferencia entre el precio de venta y los costos de producir el bien o servicio vendido.

En consecuencia, en el caso de las universidades la prohibición de lucrar debe entenderse, necesariamente, como la prohibición de cualquier transacción comercial con sus controladores o directivos que les genere a estos utilidades o ganancias.

Por desgracia, esta tan simple y natural conceptualización del lucro –que no requiere ningún cambio a las leyes vigentes- no ha sido aplicada por ningún Ministro de Educación para denunciar el lucro ante la justicia y, hasta ahora, tampoco por la Fiscalía que investiga, hace tres años y medio, las denuncias de lucro que pesan sobre 12 universidades privadas, tres de las cuales denuncié personalmente: UNIACC, Santo Tomás y San Sebastián.

Veremos a continuación algunos de los múltiples mecanismos que los controladores de algunas de las universidades privadas han utilizado, o están utilizando aún, para enriquecerse a expensa de la universidad, es decir para lucrar. Digo algunas, porque no me consta que todas las universidades privadas lucren.

Venta de Universidades

Las universidades privadas se crearon al amparo del DFL N°1 del 30 de diciembre de 1980, particularmente de su Artículo 15° que estableció que:

“Podrán crearse universidades, las que deberán constituirse como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. Estas universidades se regirán por las disposiciones de la presente ley y de sus respectivos estatutos; supletoriamente, les serán aplicables las disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, en lo que no sean incompatibles con aquéllas”.

El hecho que las universidades se rijan por el DFL N° 1 y sólo supletoriamente por el Código Civil tiene una serie de implicancias que son analizadas en detalle en el artículo de opinión de los autores  Patricio Herman y Patricio Cavadapublicado por CIPER, con fecha 15 de abril de 2013: “Lucro en las universidades privadas: Análisis histórico y propuestas”.

Desde el punto financiero, la gran diferencia con las corporaciones y fundaciones sin fines de lucro definidas en el Código Civil, es que a las universidades se les permite que quienes las fundan y posteriormente constituyen la corporación sean empresas comerciales, es decir, con fines de lucro. Una consecuencia directa de esto es el hecho que las universidades se puedan comprar y vender, bastando para ello que las sociedades comerciales que son socias o controladoras de la universidad cambien de dueño, lo que ciertamente no es posible hacer en las corporaciones y fundaciones sin fines de lucro a que se refiere el Código Civil. Este es una primera forma a través de la cual los dueños de algunas universidades han lucrado: vendiendo sus empresas con las que controlan una universidad, y por cierto obteniendo una utilidad mucho mayor que el aporte que hicieron al fundarla.

A modo de ejemplo, en el año 2003 los socios controladores de la Universidad Andrés Bello -Luis Cordero, Ignacio Fernández, Marcelo Ruiz, Álvaro Saieh, Miguel Ángel Poduje, Jorge Selume, Andrés Navarro y Juan Antonio Guzmán- vendieron las empresas a través de las cuales controlaban esta universidad al Grupo Laureate, en US$ 80 millones según reconoció Selume ante el fiscal Gajardo que investiga el lucro en 12 universidades.

Por igual mecanismo este grupo internacional con fines de lucro, compró las universidades de Las Américas y de Viña del Mar, alcanzando en 2015 una matrícula de 78.342 alumnos, lo que representa el 12,2% de la matrícula total de conjunto de las universidades

Pero estos no son los únicos casos…. y nadie hace nada.

Transacciones Relacionadas

Como vehículo para consumar el lucro, los controladores de las universidades han creado una maraña de empresas que vende bienes o servicios a sus propias universidades. Para comprobar esto, no es necesaria una investigación muy complicada. Basta con leer los Estados Financieros elaborados por las propias universidades, disponible en el sitio web mifuturo del Ministerio de Educación: en efecto, son las propias universidades las que, de acuerdo a las normas contables, deben mostrar las transacciones relacionadas en sus balances.

A modo de ejemplo, la Universidad San Sebastián declara, en sus Estados Financieros del 2013 –último disponible- cuentas por pagar a 9 sociedades anónimas relacionadas por un monto total de $ 13.389 millones. Sólo en el año 2013 esta universidad traspasó $ 2.506 millones a entidades relacionadas con sus controladores. Cómo, evidentemente, ninguna de estas sociedades anónimas es de beneficencia, dicho monto incluye las ganancias de cada una de ellas en las transacciones comerciales, es decir el lucro obtenido por los dueños de la universidad.

Cabe señalar que esta forma de lucro rebaja las utilidades de las universidades pues son parte de los costos o gastos de la operación, los cuales se financian con cargo a los ingresos por arancel siendo, en mi opinión, una de las razones por las que los costos de los aranceles son muy superiores a los costos de la docencia. En otras palabras, los elevados aranceles que cobran las universidades privadas sirven a financiar las transacciones relacionadas que éstas mantienen con empresas de sus controladores y, por ende, el lucro.

Como señalamos anteriormente, las transacciones relacionadas constituyen lucro y, de acuerdo a la ley vigente, deberían haber sido perseguidas judicialmente desde hace mucho tiempo. Si bien es cierto que la ley no tipifica el delito asociado a este incumplimiento de la ley –y mucho menos las penas asociadas- es inaceptable que año tras año el Ministerio de Educación reciba los Estados Financieros de las universidades en los cuales reconocen explícitamente la existencia de tales ilegales transacciones. Las transacciones relacionadas continúan…. y nadie hace nada.

Autocompra de Empresas Relacionadas

Desde que se produjeron las primeras denuncias de lucro algunas universidades comenzaron a pensar de qué modo podían borrar los rastros del lucro. Se inició entonces un proceso, que dura hasta hoy, de compra de sus empresas relacionadas por parte de algunas universidades.

Lo que a primera vista aparece como un buen mecanismo para terminar con el lucro, por cuanto las utilidades de dichas empresas pasarán a ser de la universidad, no lo es para nada una vez que se sabe cuánto han pagado las universidades a sus controladores para comprar la empresa relacionada.

El 16 de noviembre de 2011, siendo Secretario Ejecutivo de la CNA, informé al Consejo de la existencia de lucro en la UNIACC y el 7 de diciembre hice lo mismo respecto de la Universidad Santo Tomás. Puede ser una mera casualidad, pero el 16 de diciembre del mismo año la Universidad San Sebastián (USS) compró el 96,63% de las acciones de la empresa inmobiliaria Laguna Blanca Dos S.A. propiedad de sus controladores.

Según los Estados Financieros del año 2012 de la USS, el valor patrimonial proporcional del 96,63% de Laguna Blanca Dos S.A. adquirido por la USS a sus controladores, era de $ 4.206 millones. Sin embargo, la USS pagó por dicho porcentaje, la suma de $25.550 millones, lo que le significó una pérdida patrimonial de $21.344 millones y, consecuentemente, una utilidad por igual monto a sus socios controladores.

Esta absorción de empresas relacionadas por parte de las universidades puede ser una tendencia creciente a medida que se avance en la discusión de la Reforma a la Educación Superior, convirtiéndose en una suerte de retiro final de utilidades de los controladores que, muy posiblemente, perderán todo interés en administrarlas…. y nadie hace nada.

Avales a Empresas Relacionadas

El 9 de septiembre de 2015, en este mismo medio, publicamos una columna de opinión en la cual pusimos en evidencia que en algunas universidades privadas los altísimos aranceles que cobran han producido enormes utilidades, y por ende abultados patrimonios. A modo de ejemplo se citó el caso de la Universidad San Sebastián que inició sus actividades en 1990 con un aporte de los socios de $ 14,4 millones y tenía, al 31 de diciembre de 2013, un Patrimonio de $ 37.457 millones, todo en moneda de igual valor.

Aparentemente no es clara, a primera vista, la razón que pudiesen tener los controladores para continuar aumentando el patrimonio de las universidades en lugar de bajar los aranceles ya que no pueden repartir utilidades y, como se indicó, las transacciones relacionadas ya están financiadas con los ingresos de arancel.

Una primera razón para esta aparentemente irracional decisión, es la eventual futura venta de la universidad a otros inversionistas, venta en la cual el valor económico de la universidad depende, entre otros factores de su patrimonio.

Pero existe otra razón que no ha sido suficientemente puesta de manifiesto. Varias de las universidades se constituyen en avales, fiadores y codeudores solidarios de las empresas de sus controladores. A modo de ejemplo, según consta en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013, la Universidad Mayor es fiadora y codeudora solidaria de la empresa relacionada Inmobiliaria e Inversiones Rio Manso S.A. controlada, en su totalidad, por el rector de la Universidad Mayor, Rubén Covaburrias Giordano, y el vicerrector de desarrollo, Erich Villaseñor Maldonado. El monto total de dicha fianza es de $16.044 millones, lo que representa el 29% del patrimonio de dicha universidad. Esta situación fue puesta en conocimiento del Ministerio de educación por la CNA mediante oficio ordinario N° DP-0020404-15 de fecha 9 de junio de 2015.

Las universidades deben declarar, en sus Estados Financieros, las contingencias y compromisos con terceros. Muchas declaran que son fiadores y deudores solidarios de las empresas de sus controladores… y nadie hace nada.

El principal efecto indeseable del lucro en algunas universidades –aparte del hecho que se viola la ley- ha sido el continuo aumento de los aranceles, aumento que supera con mucho el verdadero costo de impartir la docencia. La diferencia entre el precio de los aranceles y el costo real de las carreras es necesario para que las universidades puedan financiar las transacciones relacionadas y aumentar su patrimonio con miras, como se estableció, a una eventual futura venta de la universidad o bien para constituirse en fiadores y codeudores solidarios de las empresas relacionadas.

El término del lucro debería atraer aparejado una disminución del valor de los aranceles pues ya no existiría, para las universidades privadas, ningún incentivo para generar los inmensos excedentes que se generan actualmente.

Existe, sin embargo, otro problema que es necesario resolver para poder disminuir los aranceles a los costos reales de las carreras. En el caso de las universidades complejas o de investigación, parte de los excedentes generados por los aranceles se destinan a financiar la investigación. En consecuencia, para que estas universidades puedan ajustar los aranceles a los costos reales, es imprescindible que el estado financie el 100% de la investigación, responsabilidad que ciertamente no corresponde a los estudiantes y sus familias.

Avanzar en la gratuidad sin haber rebajado previamente los aranceles significará que el Estado estará financiando los excedentes o utilidades que hacen factible el lucro de algunas universidades privadas. Tal despilfarro es ética y económicamente inaceptable y debería terminar lo antes posible.

El problema, en definitiva, es saber si tanto el gobierno como el Parlamento se atreverán a terminar con el lucro en circunstancias que todos los sectores, desde la UDI al Partido Comunista pasando por la Democracia Cristiana y desde los Masones hasta la Iglesia Católica y el movimiento Sodalicio de Vida Cristiana, tiene personeros involucrados en el negocio universitario.

Personalmente no creo que ello vaya a ocurrir, al menos sin “matices”, si no existe una fuerte presión y movilización social que los obligue. Y esta no es sólo responsabilidad de los estudiantes sino de todos los que tenemos hijos o nietos que están en o pretenden ingresar a la educación superior.