Cuando autores como el historiador británico H. Perkin hablan de una ‘sociedad de profesionales’ o el sociólogo H. Collins de la ‘sociedad de expertos’ y la ‘experticia’, sin duda lo que ocurre hoy en la sociedad chilena sirve para ilustrar sus tesis.

Para partir, los profesionales son el grupo social que en Chile más ha crecido durante las últimas dos décadas, de la mano con la enorme expansión de la educación superior cuyo alumnado se ha multiplicado casi cinco veces durante los últimos 25 años. Lo mismo sucede con los técnicos y profesionales que se gradúan cada año; en la actualidad fluctúan en torno a 130 mil. Significa que bajo la administración Bachelet se integrará más de medio millón de especialistas a la población económicamente activa.

¿Qué los caracteriza? Gruesamente, haber cursado estudios postsecundarios por al menos tres años, haber recibido instrucción en el uso de un cuerpo de conocimientos especializados, ostentar un certificado o credencial educacional que da cuenta de las destrezas adquiridas señalizándolas al mercado laboral, y gozar de remuneraciones y un status que habitualmente los distingue del resto de la población que no completó los mismos estudios.

Dentro de ese universo de graduados en continuo aumento, hay un subconjunto de personas que controlan  conocimientos particularmente sofisticados, gozan de un prestigio especial debido a ese manejo y son contratados en virtud de ese dominio con un premio salarial a veces suculento. Un nombre nuevo para estos expertos -abogados tributaristas, analistas políticos, gerentes de negocios, estrategas comunicacionales, evaluadores de riesgos, etc.- es el de ‘analistas simbólicos’, acuñado por el profesor Robert Reich de la Universidad de Harvard, ex ministro del trabajo del Presidente Clinton. Según este autor, las herramientas de esta elite intensiva en conocimiento son “algoritmos matemáticos, argumentos legales, ardides financieros, principios científicos, introspecciones psicológicas sobre cómo convencer o divertir, sistemas de inducción o deducción o cualquier otro conjunto de técnicas generadoras de dilemas conceptuales”.

Habitualmente los expertos poseen una educación más larga y exigente en alguna universidad de prestigio mundial, conducente a un grado avanzado de investigación o grado de doctor. Forman parte de comunidades esotéricas, interactúan entre sí en organismos, instancias y redes internacionales y, además del idioma propio de su disciplina o dominio de experticia, comparten el inglés como lingua franca de dichas comunidades.

Hasta aquí este brevísimo esbozo de una sociología de las ocupaciones de conocimiento avanzado. Arrancando desde este punto, ¿qué nos interesa hacer? Básicamente, mostrar como un grupo especial de expertos y profesionales participa en la primera línea de la política nacional.

Fíjese usted: el mayor intento por devolver legitimidad a la política y los políticos en medio de la turbulencia causada por los escándalos que hasta ahora nos disturban, quedó en manos de una comisión de expertos, encabezada por Eduardo Engel, uno de los mandarines de la tecnopolítica chilena. Otro ejemplo: la defensa de Chile ante la Corte de La Haya, y los casos judiciales que giran en torno a los escándalos, están en manos de abogados expertos en asuntos de derecho internacional y penal, respectivamente. Por último, las políticas fiscales, base -al menos en parte esencial- del éxito económico, el empleo y el desarrollo del país y, por tanto, de la popularidad del gobierno y la Presidenta Bachelet, se hallan en manos y discuten casi exclusivamente entre economistas y/o expertos en asuntos macroeconómicos. Es decir, otro grupo más de tecno-burócratas, analistas y académicos que dirigen la gobernanza fiscal.

O sea, tres asuntos claves de la coyuntura y la agenda gubernamental son gestionados actualmente por technopols, grupos expertos que forman parte de las redes de la política y las políticas públicas.

A su turno, como hemos venido analizando (aquí y aquí), los movimientos de opinión que se organizan en torno a esa agenda gubernamental son gestionados por la élite mediática, la cual se compone no solo ni principalmente por los propietarios de los medios de comunicación (como hasta hoy sostiene una opinión de izquierda zombie) si no, principalmente, por la dirigencia técnico-profesional del cuerpo periodístico y los académicos, editores y columnistas que ejercen como intelectuales públicos o analistas reputados.

En suma, son pues los opinantes expertos -analistas simbólicos por excelencia y especialistas en voces, relatos y figuras discursivas que circulan por la esfera pública- quienes se hallan a cargo de las corrientes de opinión cuyo movimiento otorga su fisonomía a la actual coyuntura.

Uno de los efectos típicos de la profesionalización de ciertas actividades es reforzar la autonomía de la esfera en que los grupos profesionales y expertos trabajan. Así ocurre, como acabamos de ver, con los medios de comunicación. Lo mismo con los asuntos jurídicos y judiciales, la actividad académica y las universidades y con la gestión del conocimiento utilizado en el diseño de políticas públicas.

La administración Bachelet se instaló en el poder ejecutivo hace más de un año con un discurso francamente renovador en materia de expertos y tecnocracia, manifestando su deseo de una democracia participativa, ciudadana y menos gerencial y tecnocrática. La idea subyacente es que los gobiernos previos de la Concertación habían sido en exceso tecnocráticos y, con ello, terminando por secuestrar la democracia, según se dice.

Pues bien, la Nueva Mayoría (NM) -como podía preverse- no ha podido deshacerse de la tecnocracia. Por el contrario, ha hecho amplio uso de ella y su conocimiento experto. Más bien, lo que intenta la Presidenta y su equipo es un recambio de las redes de política pública y de sus componentes de tecnoburocracia superior (aquella en cuya integración interviene la Alta Dirección Pública), de tecnócratas y technopols (fusión de académicos y políticos).

Como he dicho en otras ocasiones, se trata de una renovación de doble cara. Por un lado, una renovación generacional; por el otro, una renovación ideológica, con mayor énfasis -al interior del paradigma socialdemócrata heredado de la Concertación- en la centralidad del Estado, la coordinación de la sociedad mediante comandos político-administrativos, una limitación y regulación más decidida de los mercados, y un gasto fiscal generoso para asegurar beneficios sociales y garantizar derechos.

En ninguna de las dos caras, sin embargo, hay un debilitamiento del principio técnico, la experticia y el uso del conocimiento educacionalmente certificado para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas.

Éste, un principio axial de las modernas democracias racionalizadas, secularizadas y cientifizadas, no se ha debilitado ni un ápice bajo el gobierno Bachelet; al contrario -por circunstancias propias de la política y sus evoluciones, riesgos e incertidumbres- se ha fortalecido y vuelto más intenso durante los primeros doce meses de la actual administración.

Sin duda, esto entra en contradicción -o al menos provoca una tensión- con la promesa (anti-tecnocrática) inicial del gobierno y dificulta además la interpretación del recién anunciado ‘proceso constituyente’ de la Presidenta, el cual se desarrollaría “a través de diálogos, debates, consultas y cabildos, que deberá desembocar en la Nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana”.

¿Cómo conciliar el énfasis vivamente tecnocrático del gobierno con su voluntad de reimpulsar una democracia desde las bases y discursivamente? O, más en general, ¿cómo hacer converger una reforma política de carácter esencialmente tecnocrático con una reforma constitucional de naturaleza supuestamente deliberativa?

A partir de estas preguntas se abren interesantes cuestiones que aparecerán en el debate público durante las próximas semanas y que seguiremos desde aquí.

Por ejemplo, será necesario dar cuenta de la forma como en el nuevo cuadro se ordenan los diversos grupos de élite política en torno a las dimensiones de la reforma político-constitucional y de las reformas económico sociales.

Segundo, hacia adelante adquiere importancia la pregunta sobre cómo se establecerá un vínculo entre el conocimiento experto de las élites tecnocráticas y el conocimiento propio de la experiencia de la ciudadanía. ¿Quién y cómo arbitra entre estos tipos de conocimiento?

Tercero, en relación con las dos preguntas anteriores, surgirán nuevas aristas en torno al papel que jugará la opinión pública mediatizada y encuestada. Y, además, habrá oportunidad de ver qué ocurre con grupos de intereses específicos, movimientos locales y de regionalización y con ‘la calle’ y los movimientos de masas tradicionales, como estudiantes y trabajadores organizados.

Cuarto, será de interés, por último, ver cómo se comportan los propios grupos tecnocráticos cuyo poder descansa sobre las dinámicas estructurantes del actual capitalismo de la información y el conocimiento; esto es, sobre la profesionalización y la experticia.

En fin, si el momento actual aparece confuso debido a una gestión política poco clara de las élites y a las contradicciones discursivas del gobierno, hacia adelante cabe esperar todavía mayores equívocos y perturbaciones pues estamos ingresando a una zona de incertidumbres.