El Gobierno actúa sobre un diagnóstico equivocado de la educación escolar
José Joaquín Brunner, Foro Líbero
17 de septiembre de 2014
El Gobierno actúa sobre un diagnóstico equivocado de la educación escolar
Cualquier reforma de cierta envergadura del sistema escolar -como propone llevar adelante el actual Gobierno- supone un diagnóstico adecuado sobre los problemas y desafíos que es necesario enfrentar.
En Chile hay una amplia base de acuerdo en torno al diagnóstico más adecuado: es imprescindible mejorar la calidad de las oportunidades que el sistema ofrece y, en particular, elevar la capacidad de jardines infantiles y colegios para compensar -desde el momento más temprano posible- las desigualdades de la cuna. Este diagnóstico supone una reforma mayor y más profunda que la enunciada por el gobierno, la verdad sea dicha, bastante estrecha y no conducente al fin deseado.
Esa base de acuerdo afirma algo esencial, respaldado por la experiencia nacional e internacional: que las reformas esenciales tienen que ver con la sala de clase, los profesores y las prácticas pedagógicas, con la motivación y el compromiso de los alumnos y sus padres, con el liderazgo de los directores y su equipo, la gestión de las escuelas y sus vínculos con la comunidad, con el tiempo dedicado efectivamente a aprender, el currículo y los textos escolares, y con el orden, la disciplina, el clima de participación y la seguridad de los colegios.
Esto vale para todo tipo de colegios: municipales y privados, subvencionados y pagados, confesionales y laicos, grandes y pequeños, urbanos y rurales, cualesquiera sean las formas de su organización jurídica, misión y proyecto educativo.
Adicionalmente, el sistema y los colegios deben contar con una institucionalidad que facilite y asegure esos objetivos; esto es: un gobierno eficaz y eficiente del sistema (ministerio, agencias, coordinación) al igual que leyes, normas, reglas, regulaciones, procedimientos de supervisión, evaluación y control, etc. que generen los incentivos y comportamientos conducentes a esos fines. En particular, hay dos aspectos claves de la institucionalidad: debe garantizar un financiamiento público por alumno suficiente para cubrir los requerimientos de una educación de calidad y debe promover redes de apoyo para los colegios con mayores necesidades.
Hasta el momento, sin embargo, el gobierno no ha logrado elaborar ni transmitir un diagnóstico adecuado y capaz de activar el acuerdo de base existente y generar un consenso para los cambios que exige la actual fase de desarrollo de nuestro sistema:
- No ha identificado correctamente los problemas y desafíos del sistema.
- No está enfocado en el centro de gravedad del sistema, que son los colegios y la sala de clase, sino en aspectos externos, de institucionalidad.
- No parece preocupado de mejorar las oportunidades de todas y todos los niños y jóvenes, sino sólo de un sector de ellos: aquellos que asisten a la educación municipal.
- Tampoco aborda prioritariamente el desafío de aumentar las capacidades del sistema para compensar las desigualdades heredadas.
- Finalmente, en vez de reconocer las potencialidades del sistema y sus avances -a partir de ellos las debilidades y fallas que se necesita superar- se ha empecinado, contra toda evidencia y sentido común, en declarar la crisis y bancarrota del sistema.
Este diagnóstico lleva a priorizar aspectos institucionales tales como la naturaleza jurídica de los proveedores, el copago y la selección académica cuyo impacto relativo sobre la calidad de las oportunidades educativas y los logros del aprendizaje obtenidos por el sistema es limitado. De hecho, los demás sistemas latinoamericanos participantes en el examen PISA -que no poseen las características institucionales del sistema chileno- muestran un desempeño inferior y una trayectoria más débil de mejoramiento, cuando no se encuentran en un franco retroceso.
Pero aun dentro del limitado ámbito de los asuntos institucionales, el diagnóstico del gobierno es inadecuado:
- No ha logrado explicitar a partir de él un plan de mediano plazo para el financiamiento del sistema, con objetivos, prioridades y modalidades del gasto bien definidos.
- No ha identificado cuáles son las necesidades de modernización del Ministerio de Educación, que se supone conducirá y orientará este complejo sistema y su reforma.
- No parece tener un adecuado diagnóstico del estado actual de los colegios, sus problemas y dificultades, sus requerimientos, y dónde focalizar los esfuerzos.
- No ha diagnosticado las necesidades de apoyo que tienen jardines y colegios vulnerables de todo tipo para luego ofrecer un plan coherente para desarrollarlas y usarlas.
Por último, el gobierno ha tenido constantes dificultades y traspiés en cuanto a la gestión política de la comunicación de su diagnóstico:
- Transmite mensajes contradictorios respecto de él a los diferentes actores y a la opinión pública sin dejar claro cuál es su propia línea de razonamiento y acción.
- En pocos meses ha confundido, y en ocasiones maltratado, a la mayoría de los actores y partes interesadas.
- Ha provocado múltiples reacciones adversas al dar la sensación de una continua improvisación en las iniciativas que adopta a partir de su diagnóstico: declaraciones, proyectos de ley, mesas de diálogo, consultas, etc., todo lo cual induce dudas respecto al propio diagnóstico sobre el cual opera el gobierno.
- No ha logrado convencer al país de poseer una clara y definida jerarquía de los problemas que debe enfrentar, lo que crea una sensación de incertidumbre y dificultades para el proceso de discusión y acuerdos.
- Sorprende al mundo exterior, que sigue con interés el desenvolvimiento de la educación chilena, con el simplismo y pesimismo de su diagnóstico.
Y, lo más grave, divide a la amplia mayoría que está a favor de cambios para mejorar la calidad de las oportunidades de aprendizaje y su distribución social. Me cuento entre quienes sienten una legítima frustración por esto. Corremos el riesgo de perder un momento propicio para impulsar una nueva etapa de la reforma educacional.
José Joaquín Brunner, Foro Líbero.
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