En continuación del seguimiento que en estos días estamos haciendo de las reacciones frente a la aprobación en primer trámite de la Ley General de Educación y en contraste con nuestras propias opiniones en esta materia y críticas a algunas facetas del debate, entregamos aquí dos informaciones adicionales sobre las vices críticas:

1. Una columna de opinión (más clara que muchas otras) donde se plantea la necesidad de Chile – Que la educación sea de propiedad social y administración estatal, de Andrés Figueroa Cornejo, Miembro del Polo de Trabajador@s por el Socialismo.

2. Una nota de prensa sobre La conversión de los Ricardo Núñez y Carlos Montes: De barones a díscolos, La Nación, 23 junio 2008.

Los textos completos pueden leerse más abajo.

Chile – Que la educación sea de propiedad social y administración estatal
Andrés Figueroa Cornejo
23 junio 2008

1. Finlandia se ha convertido en el modelo de país que en el plano educacional, tiene, acaso, la mejor enseñanza del planeta. Allí, la educación de propiedad privada no representa más de un 4 %, y el gasto estatal para el área corresponde a un 7 % de su Producto Interno Bruto. En Chile, por el contrario, la educación de propiedad privada y privada subvencionada ya alcanza la mitad del sistema escolar (y continúa su crecimiento), y el Fisco sólo invierte en ella un 4,2 % del PIB.

2. A escala mundial, la educación privada oscila entre un 10% y un 15%.. En Irlanda, la enseñanza privada raya en el 1%, y en Italia es de un 7% la primaria y de un 4,6% la secundaria. En los países denominados “en desarrollo”, producto del desmantelamiento estatal y la imposición a rajatabla del recetario neoliberal -que entre otros principios, impone desde sus instituciones internacionales, el FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, la privatización absoluta de los derechos sociales fundamentales-, ha propiciado el avance de la enseñanza de propiedad privada hasta un 30%. En Brasil, la educación no universitaria de matrícula privada no excede el 11%; en México llega a un 12%; y en Perú al 17%. Chile supera con creces esas cifras. Es el extremo de la liberalización de la enseñanza, con los pobres resultados por todos conocidos.

3. No es casualidad, sino más bien un efecto concreto y premeditado, que desde los 70 y 80 del siglo pasado, en el contexto infame de las dictaduras antipopulares en Latinoamérica, y en Chile en particular, se haya adoptado una política de enseñanza descentralizada, municipalizada, y donde casi la mitad del gasto de la educación del país fue traspasado a las familias de los escolares. La dictadura pinochetista de refundación capitalista -laboratorio ideal para la ultra derecha anglosajona- creó condiciones inmejorables para que la resistencia popular a la privatización educacional haya sido extraordinariamente insuficiente ante la jibarización de la propiedad social, resumida en el Estado hasta entonces, y la destrucción de la antigua, decorosa y prestigiosa educación pública chilena. Luego de la decapitación del movimiento de los trabajadores y el pueblo y sus destacamentos políticos desde el 11 de septiembre mismo de 1973, la resistencia al régimen del General Pinochet resultó heroica, pero puramente testimonial, hasta el reinició de un nuevo ciclo de luchas sociales a comienzos de los 80. La municipalización en Chile era la antesala al proyecto neoliberal ortodoxo de privatizar toda la enseñanza. Las protestas populares en ascenso lograron contener parcialmente ese objetivo. Sin embargo, las administraciones civiles de la Concertación, en vez de hacer efectivas sus promesas programáticas al respecto, simplemente consolidaron y profundizaron la tendencia a la privatización y la subvención escolar en desmedro estructural de la enseñanza de propiedad pública. El resultado transitorio de este proceso provocó, no sólo una educación altamente segmentada socialmente (de clases), sino que propició las condiciones para el estallido del movimiento estudiantil en 2006, y su nueva madrugada en la actualidad; y la intención cosmética de modificar adjetivamente la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) por la Ley General de Enseñanza (LGE), la cual será aprobada en el senado el próximo 27 de junio. Ella consagra el actual estado de cosas, esto es, la educación privada subvencionada, el colegio conducido bajo paradigmas estrictamente empresariales, y, en el mejor de los casos, parte de su articulado jurídico apuesta a la transparentación de los gastos, malla curricular y resultados académicos del territorio privado de la enseñanza. Sin embargo, el lucro se mantiene en tanto el sostenedor o propietario del establecimiento escolar tenga como giro único de ganancias la educación. El papel mojado de la LGE termina por pulverizarse, toda vez que Chile, hace mucho tiempo, cuenta con un sinnúmero de argucias y garantías legales que permiten, de manera formalmente indirecta (a través de familiares y amigos, por ejemplo), obtener utilidades empresariales para los sostenedores en rubros distintos que la educación, sin que su nombre tenga que aparecer en la documentación oficial. Por eso la derecha se queja sólo teatralmente (aparentando una falsa contradicción con la ley “nueva” pactada con la Concertación”), mientras el mundo social ligado a la escolaridad sale a las calles.

4. Más allá de la discusión sobre la descentralización estatal de la educación y sus efectos, vale acentuar hoy, que la contradicción esencial se sintetiza en la existencia de una educación pública con enormes requerimientos económicos y pedagógicos (los cuales en muchos aspectos, van de la mano) y una educación privada subvencionada o no, que tiende a hegemonizar el sistema escolar chileno, ilustrando pavorosamente la osificación y perpetuación de una educación de clases. Hasta ahora, la consigna predominante entre los estudiantes de liceos y universidades, y de los profesores ha sido “No al Lucro. A fortalecer la Educación Pública”. Sin embargo, el eslogan resulta todavía muy lateral, oblicuo, apunta, en general, al problema, pero no construye proposición objetiva, concreta, palpable, altamente comprensible para las grandes mayorías. Cuando en otra demanda histórica de los trabajadores y el pueblo se dice “A renacionalizar el cobre”, queda absolutamente claro para el conjunto de la sociedad el objetivo que se persigue (es decir, la consigna en este caso, facilita y comprime cognitivamente el mensaje político de fondo, lo cual provoca una alta conformidad pública, de acuerdo a algunas encuestas)

Por eso resulta imperioso para los sectores anticapitalistas, para los progresistas y los intereses de los trabajadores y el pueblo, por lo menos aventurar dos líneas prácticas en la caminata estratégica de reconstruir y reconquistar, a la luz de la realidad trágica de la enseñanza tal como se presenta en la hora actual, una educación pública potente e incuestionable. Una de ellas está asociada a clarificar, simplificar, descifrar llanamente los objetivos nucleares de la protesta contra la LOCE y la LGE. En este sentido, es más acertado resumir la demanda popular en volver a convertir a la educación en propiedad social administrada y financiada por el Estado, contra la educación privada subvencionada. Si bien aristas del problema vinculados a la descentralización de la enseñanza (que no tienen que ver con la propiedad del derecho reivindicado), abre debates urgentes sobre el financiamiento necesario, la formación inicial docente, el horizonte de sentido de la educación, su traducción en la malla curricular y su relación genética con un proyecto de país y de mundo distinto al dominante, al menos sienta las bases materiales para impulsar el debate social amplio y democrático que requiere semejante labor. Y por otro lado, está suficientemente probado que la lucha por una educación de propiedad social y administración estatal, lejos escapa al puro ámbito de los estudiantes, los profesores y los apoderados.

La exitosa concentración de 15 mil personas en las cercanías del Congreso Nacional en Valparaíso, en términos relativos, es auspiciosa, pero como expresión de fuerzas resulta todavía muy insuficiente (en Chile hay alrededor de 140 mil profesores y más de 3 millones de escolares). Los actores sociales en movimiento son aún una fracción del motor de pueblo en lucha necesario para abrigar posibilidades de imponer desde abajo la demanda clave, y sólo pertenecen al ámbito inmediato de la enseñanza. La educación en un tema de país que recorre el pasado, la actualidad y el porvenir de todo el pueblo. Si la demanda, en su composición de fuerzas impulsoras, se acota, se “especializa”, se encapsula únicamente en los actores involucrados en el fetiche de la parte por sobre el conjunto, difícilmente se obtendrá lo que se persigue, por muy justa y razonable que sea la demanda. En este caso, la incorporación de los trabajadores, organizados y no organizados, es la tarea capilar de los estudiantes y los profesores. La lucha por la recuperación de la enseñanza como propiedad social administrada por el Estado, y el término de la escolaridad privada subvencionada (¿Qué importa que subsista el histórico 10 % de educación particular-particular, si el 90% es mañana educación pública corregida, debatida y convenida en sus sentidos por el complejo social, y financiada prioritariamente por el Estado?) es ética y políticamente, un combate masivo, amplio, ancho, del conjunto de los trabajadores y el pueblo. ¿Qué persona, mujer, hombre, trabajador@, joven podría estar fundadamente contra esta lucha y contra estos contenidos? Si en el primer mundo entre un 85% a un 90 % de la educación es propiedad del Estado, ¿Quién sino un sostenedor privado o un fanático de la liberalización irracional e injusta de los derechos sociales elementales podría oponerse a la demanda por la educación pública? Está claro que lo anterior es parte del prólogo de un derrotero largo, y que su sola mención hace estallar los intereses de clase más primigenios de la minoría en el poder. ¿Pero tenemos otra alternativa, si uno de los eslabones más débiles visibles para las grandes mayorías en un modelo fundado en la desigualdad abyecta comienza hacer crisis por el ámbito educacional?

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La conversión de los Ricardo Núñez y Carlos Montes: De barones a díscolos

Tras la polémica aprobación de la Ley General de Educación, la victoria del comité político se matiza con un puñado de parlamentarios oficialistas muy molestos con el Gobierno. El debate aún está que arde, y los que antes eran parte del establishment, como el senador Ricardo Núñez y el diputado Carlos Montes, ahora ostentan el título de díscolos.

De ceguera. Así calificó al Gobierno, a la derecha o a quien intentara siquiera evitar la discusión el senador socialista Ricardo Núñez el martes pasado cuando exigió, junto a otros 10 senadores y 39 diputados de la Concertación, quitar la suma urgencia con que se debatía en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley General de Educación (LGE). Ese día, el parlamentario reclamó apasionadamente su derecho a debatir sobre la materia y firmó junto al resto de sus colegas un acuerdo que establecía los ejes más importantes para una ley en materia educacional. No era de extrañar su vehemencia e interés; después de todo, además de ser un férreo defensor de la educación pública, Núñez había sido uno de los artífices del bloque concertacionista que lanzó constantes diatribas contra la iniciativa del Gobierno y la derecha.

Pese a los intentos del senador por Atacama, y con una fuerte negociación desde La Moneda, la Cámara aprobó el polémico proyecto con 96 votos a favor, 12 en contra y 7 abstenciones. Tras las intensas tratativas de la Presidenta Bachelet, los ministros secretario general de Gobierno, Francisco Vidal; de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo; de Interior, Edmundo Pérez Yoma, e incluso de los telefoneos de José Miguel Insulza, hasta la indicación sobre educación pública consensuada con la Alianza fue aprobada por 85 votos a favor. Un lobby incansable en el Congreso, que tenía a los presidentes de los partidos oficialistas con los pelos de punta, y esta vez, Núñez estaba del otro lado.

LOS ARTÍFICES

Por curioso que parezca, Núñez, el barón del PS catalogado como parte del establishment del oficialismo, en esta ocasión no era parte de la jugada de La Moneda. Tanto así, que no sólo está en desacuerdo con aprobar la LGE sin indicaciones que la “perfeccionen” , sino que además fue uno de los más críticos a la hora de hablar de la iniciativa gubernamental. De hecho, cuando Carlos Montes anunció públicamente que no aprobaría legislar sobre la LGE y destapó la olla en ebullición que más tarde sería la votación de esta iniciativa, y que una vez más mostró las diferencias al interior de la Concertación, había un parlamentario que estaba en silencio pero que conocía perfectamente la cruzada del diputado: el profesor de historia y socialista desde hace más de 50 años Ricardo Núñez.

Dos meses antes de que la entonces ministra de Educación, Yasna Provoste, iniciara las gestiones para conformar un acuerdo con la derecha en materia educacional, en octubre de 2007, Núñez y el diputado Montes entregaron un documento alternativo de 15 páginas con nuevas propuestas que, según ellos, eran los puntos más críticos de la educación chilena. Y aseguraron que Chile tenía que recuperar una educación pública, gratuita, democrática, participativa, laica y universal.

Semanas después, la Alianza emprendería la acusación contra Yasna Provoste, por lo que la cartera se concentró en aquello y, aunque eso bajó el perfil de las tratativas, la mesa de negociación en educación continuó funcionando sigilosamente.

LA VICTORIA POLÍTICA DE… ¿QUIÉN?

Pese a que la aprobación de la LGE en la Cámara de Diputados es interpretada al interior de los pasillos de La Moneda como un golpe de timón de la Presidenta y de sus ministros del comité político, en el segundo piso reconocen que hubo incapacidad de alinear a sus parlamentarios producto de la incertidumbre de la votación del proyecto de ley. “El Gobierno evalúa y sabe que hoy decrece su influencia y la de los presidentes de los partidos por alinear a los legisladores mientras éstos aumentan su autonomía, y obviamente eso genera inseguridad”, aseguran en La Moneda. Mientras cercanos a Viera-Gallo afirman que se encuentra tranquilo de haber “cumplido la tarea”, parlamentarios de la Concertación dicen desconfiar del ministro, pues su gestión en la negociación de la LGE estuvo rodeada de errores políticos. “En la segunda sesión de la mesa de conversación sobre el proyecto apareció una negociación con la derecha que la Concertación desconocía, y ese fue Viera-Gallo, que en aras de su ansiedad provocó esta disputa con la derecha muy prematuramente, antes de que la Concertación estuviera definida. Fue un proceso de negociaciones sin calidad alguna”, afirma un parlamentario oficialista.

Este fin de semana, la sensación de distintos parlamentarios oficialistas era de derrota. La mayoría sentía que se había hecho un manejo mediático sobre la lealtad y la gobernabilidad haciendo creer al país que, de no aprobarse el proyecto, el gobierno se vería en una seria crisis.

Al interior del PS, donde hay mayor molestia frente al tema, no sólo los barones pasan a ser díscolos, sino que hay incluso la convicción de que el procedimiento utilizado por La Moneda atentó contra las facultades de la Cámara y pasó a llevar la dignidad básica de los parlamentarios. “Este tipo de situaciones generan bronca en el Parlamento, es un capítulo negro de los procedimientos, demuestra incapacidad de dialogar y asumir la diversidad real que existe. Es una vergüenza para los 20 años de historia de la Cámara. Estoy seguro de que aunque la Presidenta logró resolver un problema, de los 60 diputados de la Concertación, a 50 no les gustan ni el proyecto ni la forma en que se hicieron las cosas”, afirma el diputado PS Carlos Montes.

Está claro que en el Senado donde ingresará la LGE durante las próximas semanas , el escenario no se ve fácil y desde ya algunos senadores PS aseguran que, de no permitir la incorporación de indicaciones, buscarán rechazar el proyecto. “El Senado no se pondrá de rodillas frente a una tramitación que agravia la esencia de la representación popular; estamos por discutir la ley”, asegura el senador PS Alejandro Navarro. LND

Núñez: “No me considero díscolo”

–¿Los presidentes de partido han perdido la capacidad de alinear a sus parlamentarios?

–Nuestros partidos deben garantizar la libertad de conciencia y la capacidad de crear, perfeccionar las obras del Gobierno. Hoy buscamos dar mayor fortaleza a preceptos establecidos en la LGE. Además, en un Gobierno que hizo de la participación social uno de sus ejes característicos, yo pido que se nos deje escuchar la voz de los distintos actores que tienen alguna implicancia en el proceso educativo de nuestro país.

–Usted ha sido cercano a la Presidenta y a la directiva del PS. ¿Se considera un díscolo ahora?

–No, para nada, esa es una categoría en la cual no quiero entrar, es una visión absolutamente pequeña de lo debe ser la tarea de un dirigente político y senador. No me considero díscolo, ni mucho menos. Me mantengo cada vez más leal al Gobierno.