Una verdadera escalada de ataques viene promoviendo el presidente Trump contra la más antigua y prestigiosa universidad de los Estados Unidos: la Universidad de Harvard. Partió por acusar mañosamente a la casa de estudios de proteger comportamientos antisemitas. Enseguida, le exigió establecer una serie de controles sobre sus estudiantes protestatarios; después, pretendió que la universidad revisara sus programas en áreas sensibles como estudios del Medio Oriente y otros que atraen el interés de estudiantes foráneos, especialmente China.

Al resistirse la institución acosada de tan flagrante intervención gubernamental en sus asuntos internos, Trump aumentó la presión cancelando proyectos y asignaciones fiscales y aumentando las exigencias de información y de revisión de programas académicos.

La actitud de Harvard de defenderse ante la Justicia y la corte de la opinión pública indujo al jefe de Estado a retrucar recortando aún más fondos y, en los últimos días, prohibiendo la admisión de estudiantes extranjeros a los cursos de Harvard, los que hoy representan más de un cuarto de su matrícula.

Como escribe en estos días Maggie Haberman, destacada periodista de The New York Times, “[Trump] quiere transmitir el mensaje de que no se tolerará ninguna disidencia, a menos que alguien más lo intente. Aplastar a los oponentes transmite un mensaje a los demás: que hay una manera correcta de comportarse, mediante la rendición, y una manera incorrecta de comportarse, que es defenderse”. De allí su empecinamiento por doblegar la voluntad de Harvard.

Este es seguramente el mayor frente abierto por el presidente y su Gobierno, bajo la inspiración de una ideología autoritaria, iliberal, nacionalista y populista –la ideología de su movimiento MAGA– en su batalla contra la cultura liberal, científica, intelectual, pluralista, crítica y cosmopolita representada y simbolizada por la Universidad de Harvard, una de sus máximas expresiones. Es, asimismo, el choque de dos visiones de mundo, dos concepciones ideológicas y culturales.

Lo que busca el Gobierno estadounidense, por extensión, es debilitar las bases de la cultura democrática, amenazando y aplastando la libertad académica de enseñar, investigar, aprender y debatir, que es consustancial a la universidad, regulando políticamente su autonomía como una organización libre del saber, la crítica y la reflexión.

De paso, permite al Gobierno poner a la defensiva a profesores, científicos y estudiantes, motejándolos como izquierdistas woke y, más serio aún, cuestionando su lealtad al país, junto con sembrar sospechas sobre aquellos que vienen de otras partes del mundo. Según se preguntaba Trump a sí mismo frente a su gabinete de ministros el 30 de abril pasado: “Y esos estudiantes, ¿de dónde viene esa gente?”. Y siguió: “Los estudiantes que tienen, los profesores que tienen, la actitud de ellos no es americana” (estadounidense).

La propia idea de universidad –su apertura internacional, su cultura crítico-intelectual, su autogobierno, sus valores académicos, todo eso– queda así puesta en tela de juicio. Previene al mundo entero de que aún la más sólida y prestigiosa institución universitaria está en peligro cuando la democracia flaquea en la sociedad y la política deviene el reino del autoritarismo.