Un análisis para tener en cuenta en Colombia, que también ha contemplado, y aprobado, normativamente, el crédito contingente al ingreso, a través del ICETEX.

La idea chilena de pasar de un sistema de préstamos estudiantiles a un impuesto progresivo para graduados representa un avance significativo en el financiamiento de la educación superior. Si bien está diseñada para reducir la deuda estudiantil y promover la equidad, esta reforma genera inquietudes respecto a la autonomía institucional, la sostenibilidad financiera y la redistribución de costos. Examinamos las implicaciones del Fondo de Educación Superior (FES) propuesto, situando la experiencia de Chile en el contexto de los debates globales sobre acceso, costo y calidad de la educación superior.

En 2018, Chile promulgó una reforma histórica de la educación superior mediante la Ley 21.091, que reestructuró significativamente el marco regulatorio e institucional, el aseguramiento de la calidad y el financiamiento. La reforma se centró en una transición gradual del gasto privado al público, estableciendo la educación gratuita limitada como piedra angular del financiamiento estudiantil. Estos cambios subrayaron el rol cada vez mayor del Estado como principal regulador, evaluador e inversor del sistema.

En 2024, el gobierno presentó un nuevo proyecto de ley con la intención de reformar el sistema de préstamos estudiantiles existente. La propuesta busca alinear el modelo de financiamiento con los principios introducidos en 2018, reemplazando los préstamos estudiantiles tradicionales por un impuesto progresivo sobre la renta de los graduados. Sin embargo, esta propuesta ha generado un considerable debate público y político sobre su viabilidad e implicaciones para el sistema de educación superior chileno. Este artículo presenta una evaluación crítica del impacto potencial de esta reforma y sus implicaciones más amplias para la sostenibilidad del sistema. Al mismo tiempo, esta contribución se alinea con el discurso global sobre la financiación estudiantil, ofreciendo perspectivas sobre el diseño de sistemas que reconcilien eficazmente las tensiones inherentes dentro del triángulo de acceso, costo y calidad.

El sistema de préstamos estudiantiles y su crisis de legitimidad

Chile cuenta con una de las tasas de participación en educación superior más altas del mundo, superior al promedio de la OCDE. Este logro se atribuye en gran medida al Crédito con Aval del Estado (CAE), un sistema de préstamos implementado en 2006 que permite a los estudiantes financiar su educación mediante préstamos garantizados por el Estado. Según datos oficiales del gobierno chileno, el programa ya ha facilitado el acceso a más de 1,2 millones de estudiantes, beneficiando especialmente a familias de ingresos bajos y medios que asisten a instituciones privadas.

Inicialmente, el CAE impuso condiciones restrictivas, como tasas de interés cercanas al 8 %. Con el tiempo, estas condiciones se flexibilizaron, con tasas de interés reducidas al 2 %, pagos limitados al 10 % de los ingresos mensuales y plazos de amortización que oscilaban entre cinco y 20 años. Sin embargo, las protestas estudiantiles de 2011 pusieron de manifiesto las deficiencias del sistema, en particular la elevada carga de deuda de las familias. Las protestas catalizaron cambios de políticas, introduciendo educación gratuita para el 60 por ciento de los estudiantes más vulnerables durante la administración de la presidenta Michelle Bachelet en 2018.

A pesar de esto, el CAE se mantuvo para los estudiantes que no calificaban para la educación gratuita. Para 2023, el 27% de los prestatarios estaban estudiando o en período de gracia, mientras que el 73% restante (aproximadamente 896.000 personas) se encontraban en la fase de pago. Entre los graduados, el 78% había completado sus estudios, mientras que el 22% no. El pago mensual promedio era de aproximadamente USD 34, con deudas que oscilaban entre USD 3.288 para quienes abandonaban sus estudios y USD 6.780 para los graduados.

Si bien las enmiendas mejoraron las condiciones del CAE, su asociación con la deuda estudiantil, la participación de la banca privada como intermediarios y los altos costos para el gobierno debido a la participación de la banca privada continuaron generando críticas. El discurso público presentó cada vez más el sistema como insostenible, lo que reforzó los reclamos por un modelo que elimine la deuda como mecanismo para financiar la educación superior.

El Fondo para la Educación Superior (FES) propuesto: Un análisis crítico

El Fondo para la Educación Superior (FES) propuesto representa una de las reformas más ambiciosas de la educación superior chilena. Propone reemplazar los préstamos estudiantiles tradicionales por un impuesto progresivo para graduados basado en los ingresos. Los graduados que ganen más de USD 515 al mes pagarían tasas marginales de hasta el 15%, con un límite del 8% de los ingresos superiores a USD 3.090 durante un máximo de 20 años. Al eliminar los préstamos, el FES busca reducir la carga financiera de los estudiantes y sus familias, a la vez que redistribuye los costos de la educación superior de forma más equitativa.

Sin embargo, esta propuesta presenta desafíos importantes. La dependencia del FES de la financiación pública genera inquietudes sobre la autonomía de las instituciones de educación superior. Eliminar los costos compartidos e introducir aranceles regulados podría aumentar la dependencia de las universidades de la financiación pública, exponiéndolas a fluctuaciones presupuestarias y a las prioridades políticas gubernamentales. Esta dependencia corre el riesgo de socavar la diversidad institucional y la autogestión, cruciales para satisfacer las diversas necesidades de las comunidades académicas y sociales.

La sostenibilidad financiera de las instituciones también sigue en tela de juicio. La experiencia con políticas de gratuidad de la matrícula ha demostrado que las tasas fijadas centralmente suelen subestimar los costes reales, obligando a las universidades a operar con márgenes de beneficio ajustados. Se estima que el actual modelo de gratuidad genera pérdidas anuales de ingresos de unos 110 millones de dólares estadounidenses, y que el FES podría contribuir a un déficit adicional de 70 millones de dólares estadounidenses. Estas limitaciones podrían afectar la capacidad de las instituciones para mantener los estándares de calidad y responder a la creciente demanda académica.

El modelo de contribución basado en los ingresos del FES introduce nuevas complicaciones, como posibles desigualdades entre los beneficiarios y desincentivos para los profesionales con altos ingresos. Este “impuesto profesional” sin precedentes podría percibirse como una carga y empujar a los graduados hacia alternativas de financiación privada o a la evasión fiscal. La base redistributiva del sistema, que se basa en que quienes más ganan subsidien a quienes menos, se enfrenta a riesgos económicos y políticos que podrían poner en peligro su sostenibilidad fiscal a largo plazo.

Consideraciones y retos futuros

Chile se encuentra en un momento crítico en el diseño de políticas públicas para la educación superior y la investigación. Una visión estratégica clara es esencial para alinear la capacidad institucional con las prioridades nacionales y garantizar la inclusión, la calidad y la sostenibilidad del sistema.

La educación superior debe considerarse no solo como un mecanismo para el acceso equitativo, sino también como un pilar fundamental para la generación de capital humano avanzado y conocimiento. Se necesita una estrategia nacional para integrar estos objetivos y articular el rol institucional en la promoción del progreso social. Al mismo tiempo, los marcos de financiamiento deben equilibrar las consideraciones de la demanda y la oferta. Si bien las iniciativas centradas en el estudiante, como la FES, promueven el acceso, corren el riesgo de socavar la viabilidad institucional si se desvían de la realidad de los costos operativos. Se requiere un enfoque dual para garantizar el acceso equitativo sin comprometer la calidad educativa.

Hasta el momento, no existe una base técnica sólida para la propuesta de sustituir el sistema de préstamos estudiantiles por un impuesto profesional ni para limitar las contribuciones privadas. Más bien, la reforma propuesta parece responder a una oposición ideológica a la deuda estudiantil mediante la lógica del copago. Sin embargo, a corto plazo, la implementación del FES supondría una reducción significativa de los ingresos tanto para las universidades públicas como para las privadas, siendo estas últimas las más afectadas. A medio plazo, el sistema podría experimentar una disminución de la calidad y el nivel de actividad, ya que no hay garantía de que el sector público pueda compensar el deterioro del sector privado.

Es imperativo que el gobierno reafirme su compromiso de garantizar el acceso equitativo a la educación superior, adoptando un enfoque más pragmático y flexible respecto a los mecanismos para lograr este objetivo. Esto implica reconocer los préstamos educativos como un instrumento legítimo, que puede incorporar principios de solidaridad y progresividad, y contemplar los copagos privados como una fuente complementaria de financiación. Para un país en desarrollo como Chile, un modelo de reparto de costos permitiría no sólo mejorar el acceso a la educación superior, sino también reasignar recursos públicos a los grupos más vulnerables y a áreas estratégicas para el desarrollo nacional.

El financiamiento para investigación y desarrollo requiere especial atención. La inversión de Chile en este ámbito, de tan solo el 0,3% del PIB, está muy por debajo del promedio de la OCDE. Abordar esta falta de financiamiento es esencial para fortalecer a las universidades como centros de innovación y generación de conocimiento a largo plazo.

Preservar la autonomía institucional es otro desafío clave. La creciente dependencia del financiamiento público requiere salvaguardas para la independencia de las universidades. Las instituciones deben mantener el control sobre sus recursos, prioridades y gobernanza para adaptarse a las cambiantes necesidades académicas y sociales. Lograr este equilibrio requiere mecanismos de financiamiento transparentes y responsables.

Finalmente, las reformas de financiamiento deben diseñarse como parte de una estrategia integral de desarrollo. Sin esta alineación, las inconsistencias en las políticas podrían socavar los objetivos a largo plazo y limitar la eficacia de las iniciativas implementadas. Combinar una estrategia nacional clara con modelos de financiamiento adecuados no solo es deseable, sino esencial para abordar los desafíos actuales y futuros que enfrenta el sistema de educación superior chileno.