¿Cogobierno en la educación chilena? La contrarreforma conservadora “interviene” la política educativa pública desde el presupuesto 2025

Por Sebastián Donoso Díaz, Educador, doctor en Educación, 19.12.2024

El autor de esta columna escrita para CIPER analiza el acuerdo político que destrabó la aprobación del presupuesto 2025 y advierte que el detalle de éste perjudica a la educación pública. Sostiene que lo aprobado “impone al sector público criterios de gestión diferentes para los SLEP, municipios y Establecimientos de Administración Delegada, que redundará en mayor desigualdad social e ineficacia financiera y pedagógica, por la complejidad de su administración, dañando a su población escolar”.

Créditos imagen de portada: Agencia Uno

El 21 noviembre será recordado como hito para la gobernanza del sistema educacional público, pues para destrabar la discusión del presupuesto 2025 y lograr su aprobación por el Parlamento, el Gobierno cedió a exigencias determinantes de las oposiciones que desdibujan el proyecto educacional iniciado en la segunda administración de Bachelet, cuyo objetivo era “sacar a la educación del mercado”, para reducir las desigualdades sociales y aumentar la equidad social.

De nada sirven los lamentos de autoridades políticas del Gobierno llamando a no utilizar la discusión presupuestaria para “cambiar la política educacional del actual gobierno”. Como señalan muchos especialistas, en presupuesto, no hay nada más político que el presupuesto público de un gobierno, pues es un instrumento decisivo para el cumplimiento de sus metas, definiendo las prioridades y su hoja de ruta, entendiendo que toda política pública sin presencia en el presupuesto es solamente una buena intención.

Ciertamente, un debate serio y fundamentado de cualquier iniciativa mayor de política no debiese realizarse desde una glosa en la Ley de Presupuestos, sino que mediante un proyecto de ley. Aunque ello podría ser una exigencia muy alta para nuestra actual clase política, centrada en los réditos de corto plazo.

Desde otra arista, llama la atención que siendo el Presidente y varias autoridades de gobierno parte de la generación que el 2006 y 2011 lideraran los movimientos pro-mejoramiento de la educación pública, la política educacional impulsada en el gobierno de Boric ha estado huérfana de protagonismo como el que nos urge hoy ante la magnitud de los desafíos país, pese a que presupuestariamente ha sido preferida.

Hemos perdido tiempo en avanzar en temas centrales para las grandes mayorías necesitadas, habiéndose privilegiado “políticas de nicho”, como la condonación del CAE, antes que otras más fundamentales de política pública como son la reinserción escolar, la creciente desescolarización de nuestros estudiantes, la mejora pedagógica de la educación (no de los resultados SIMCE sino de los aprendizajes), definir el costo real de la formación escolar según los quintiles socioeconómicos de los estudiantes, y también la atención de situaciones críticas como el déficit de docentes del sistema escolar, o de vacantes escolares en algunos territorios, por mencionar algunos.

La instalación de la señalada co-gobernanza en educación es un fenómeno político preocupante, ya que del conjunto de elementos expuestos en el citado acuerdo político “gobierno y oposiciones” (25 puntos), algunos son una clara intervención en la política educacional actual, dando cuenta del avance importante de la contrarreforma conservadora, y lo más sustantivo, de sus negativas consecuencias que implican para la gran mayoría de nuestra población a la luz de la evidencia disponible, que refuerzan en grado sustantivo el funcionamiento del mercado en la educación escolar con financiamiento público.

El acuerdo instala no solo el poder de veto de las oposiciones, sino que va más allá y redefine políticas muy importantes, proceso que se funda en lo ideológico, sin sustento de evidencia empírica hoy indispensable para definir las políticas. Por esta vía se detienen procesos de magnitud y relevancia -entre ellos- el Sistema de Admisión Escolar y la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública, los que se “amarran” a nuevas leyes, decretos, boletines y también a evaluaciones –con criterios desconocidos a la fecha- no solo de especialistas nacionales sino que también éstos son “pasados por alto” por el Parlamento , al plantearse como condición indispensable realizar evaluaciones internacionales (párrafo final, numeral 22. del acuerdo).

Entre paréntesis, sería bueno preguntarse ¿cuán legítima social y políticamente es esta medida del Congreso(si bien es legal) dado que, por ejemplo, este poder del Estado se auto otorgó el derecho a no estar sujeto a las normas de transparencia que rigen a todos los otros poderes del Estado. ¿Qué justifica esta desigualdad tan manifiesta entre los ciudadanos y sus mandatarios, los parlamentarios?

Por lo mismo este “cogobierno” instala un manto de consecuencias muy negativas para la gobernanza del Estado, que exceden esta situación, sobre la cual la sociedad nacional podría reflexionar.

Analizando lo concerniente al Sistema de Admisión Escolar {(SAE)] (numeral 3), se plantea un itinerario “expreso de tramitación “que en abril 2025 busca proponer indicaciones al Parlamento. Sin perjuicio de ello para el proceso de admisión del 2026 “no se implementará lo relativo a la aplicación de un procedimiento de admisión aleatorio proporcionado por el Ministerio de Educación. En su reemplazo, y mientras no se haya dictado una ley que modifique el SAE, el Ministerio de Educación, mediante Decreto Supremo, deberá regular un procedimiento alternativo de admisión, el que se ajustará a los principios establecidos en la Ley General de Educación y en el precitado DFL N°2”.

¿Saben los parlamentarios que el SAE usa el mismo algoritmo del proceso de selección a la Educación Superior? Entonces, no se entiende (i) que no se suspenda su aplicación para la educación Superior y si para la escolar, y (ii) que para adoptar esta decisión no se revisen detalladamente los resultados del SAE, alejados de visiones livianas que desconocen lo que efectivamente ha ocurrido.

Sylvia Eyzaguirre, Investigadora del Centro de Estudios Públicos (Think Thank liberal no afín con el gobierno actual) señaló en una columna del diario “La Tercera”, que titula este acuerdo (basada en sólidos antecedentes sobre sus resultados en estos años) de “Estupidez colectiva”, que “suspender el SAE no repone la selección, solo termina con la postulación en línea y con la asignación eficiente”.

Analizar el SAE requiere detenerse en aspectos que exceden este espacio, y que pueden ser revisados en numerosos trabajos de especialistas de diversas corrientes de pensamiento y que responden a cuestiones vitales del aumento de la segregación y desigualdad social, como también del correcto uso de criterios meritocráticos debidamente relacionados al decil de ingresos socioeconómicos.

No obstante, también el Gobierno tiene responsabilidad al no introducir en estos años correctores al SAE para optimizarle, a saber: (i) mejor georreferenciación (escuela/hogar), (ii) la pertenencia familiar (como hermanos-as) en el establecimiento), y (iii) corregir estadísticamente los resultados educativos por situación socioeconómica familiar (para dar cuenta que no siempre es meritocracia sino a veces mejores oportunidades socioeconómicas familiares) entre otros, que impactarían en equidad.

Además el Gobierno debió haber sido proactivo en ampliar las vacantes escolares en los territorios críticos (demanda insatisfecha).

También el numeral 4, “Plan de recuperación de Liceos Emblemáticos”, alude a materias “escondidas bajo de la alfombra del ministerio” en términos de que los liceos emblemáticos y Bicentenario aumentan la segregación social como política pública, lo cual es insostenible en democracia, salvo en sociedades que buscan justificar las diferencias sociales solamente desde la meritocracia (sin transparentar qué ocurre detrás de ella), además de plantear una competencia desleal desde la teoría de mercado.

La pregunta de política pública es ¿cómo podemos ofrecer educación de calidad a todos los estudiantes y no solo a los privilegiados de estos establecimientos? garantizando así el derecho a educación de calidad para todos.

Un punto medular adicional del “cogobierno” se aprecia en el numeral 22, que condiciona el avance de los nuevos SLEP (dada su extensión se ha sintetizado):

Se postergará el traspaso de los SLEP de Tamarugal, Elqui, Costa Central y Marga Marga. Excepcionalmente, para Elqui y Costa Central, cuyas comunas se encuentran en alta criticidad financiera, se podrá traspasar el servicio educativo a partir del segundo semestre de 2025, previa resolución fundada del Ministerio Educación, la que se informará a las Comisiones de Educación de la Cámara y del Senado.
Respecto a los SLEP que les corresponde ser creados en 2025, éstos no podrán ejecutar sus presupuestos hasta el despacho del proyecto de ley que modifica el Sistema de Educación Pública (boletín 16.705-04) [el cual está aún en dissución en el parlamento].
En cualquier caso, se postergará la entrada en funcionamiento de los SLEP Manquehue, Maule Valle y Costa Colchagua ,y
Se adelantarán los SLEP Chacabuco y Los Viñedos, debido a la criticidad financiera de sus comunas, lo que se formalizará en una modificación general del calendario de traspasos, establecida en el decreto N°162, de 2022, del Ministerio de Educación, que considerará el estado administrativo y financiero de los sostenedores municipales.
De esta manera la contrarreforma conservadora y el “cogobierno del sector” conducen a la educación pública a un camino muy estrecho para su desarrollo, reinstalando medidas encubiertas de segregación y desigualdad social derivadas de los sistemas de selección de estudiantes por mérito, cuando en su gran mayoría éstos responden históricamente a una situación socioeconómica comparativamente ventajosa de unos frente a otros y no puramente al “esfuerzo de sus estudiantes y sus familias”.

También, impone al sector público criterios de gestión diferentes para los SLEP, municipios y Establecimientos de Administración Delegada, que redundará en mayor desigualdad social e ineficacia financiera y pedagógica, por la complejidad de su administración, dañando a su población escolar, salvo que por esta vía se busque encubiertamente privatizar estos establecimientos, lo que sería una medida cruel, pero sin lugar a dudas altamente eficiente.