Estamos ante un tiempo decisivo para decidir si, como país, apostamos por situarnos a la vanguardia en la generación de conocimiento como motor de transformación social y económica. Si apostamos por ello, es ahora cuando hay que apoyar a las universidades, como instituciones de educación superior y de investigación, y potenciar nuestras capacidades formativas, científicas y de innovación al servicio de la sociedad, del progreso y del bien colectivo. Y esa apuesta, a su vez, pasa por afrontar con decisión, valentía y voluntad política los retos estratégicos del sistema universitario.

El primero de ellos es aumentar la inversión en educación universitaria. La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) reconoce en su preámbulo la “insuficiente financiación” de la universidad pública española y en su articulado plantea “destinar como mínimo el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) al gasto público en educación universitaria pública en el conjunto del Estado”.

Una propuesta que mitigaría las diferencias con los países de nuestro entorno y nos permitiría competir con otros sistemas universitarios en condiciones de igualdad. Entiéndase aquí por competir, aumentar la relevancia para la sociedad del conocimiento generado. Y es que, según el informe Education at a Glance 2023 de la OCDE, el gasto por alumno en las instituciones de educación superior españolas es un 20,7% inferior al promedio de la OCDE. Por eso, urge concretar cómo se implementará esa inversión adicional de más de 3.000 millones anuales de aquí a 2030.

Otro de los desafíos es la atracción de talento para asegurar el relevo generacional del personal docente e investigador

También es prioritario establecer un marco presupuestario que garantice el objetivo de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación de invertir en 2027 el 2,12% del PIB. España es el sexto en universidades en el Top 1000 del Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2024, pese a que somos el antepenúltimo país en gasto en I+D de entre los 24 países analizados en el informe “La Universidad Española en Cifras” de CRUE. Aunque la práctica totalidad del sistema público está en el rango de las instituciones de calidad internacional reconocida y se mantiene la posición general, es necesario advertir de que cedemos posiciones desde 2022. Cabe recordar que el empuje de las universidades chinas, impulsadas por las formidables inversiones en educación superior de su país, está desplazando incluso a las de Estados Unidos.

Otro de los desafíos es la atracción de talento para asegurar el relevo generacional del personal docente e investigador. El Informe CYD 2023 sitúa en un 20% el porcentaje de profesorado universitario que se jubilará en la próxima década y advierte de la necesidad de que las universidades tengamos “más autonomía en la contratación para permitir políticas más flexibles de atracción, retención y estabilización del personal docente”. Una vez más, la comparación con los países vecinos nos deja mal parados: España ocupa la posición 27 de 35 en cuanto a autonomía en la gestión del personal docente, según el Autonomy Scorecard de la European University Association.

La fortaleza del sistema universitario pasa igualmente por su internacionalización. Las alianzas europeas son un instrumento adecuado para avanzar en una cooperación estratégica más allá de la movilidad y, en este sentido, estamos bien posicionados. España, con 54 universidades en consorcios, se sitúa como el tercer país con más instituciones en la iniciativa Universidades Europeas, pero no debemos confiar en el buen hacer de las universidades y se deben dotar dichos consorcios con los recursos técnicos y económicos necesarios. Además, esa mirada global tiene que ir más allá de Europa y, con la misma determinación, debemos consolidar un Espacio Iberoamericano del Conocimiento, basado en la confianza entre sistemas, sin olvidarnos de mirar hacia Asia y África.

Sin duda, también nos enfrentamos a la necesidad de redefinir la oferta formativa en un contexto de reducción de cambios demográficos y aumento de la enseñanza no presencial universitaria, o la oferta de ciclos formativos no universitarios. Ante nuevos contextos, las universidades tienen que plantear modelos de aprendizaje flexibles y ofrecer soluciones para facilitar la especialización, el reciclaje profesional y garantizar la formación a lo largo de la vida.

Y un objetivo que siempre debe estar presente, al menos si queremos garantizar la función de la universidad como ascensor social, es mejorar el acceso y la equidad. Eso implica considerar la educación superior como un servicio público que, probablemente no sea rentable económicamente, pero debe asegurar la posibilidad de cursar estudios universitarios a todas las personas que tengan el potencial para acceder a la universidad, independientemente de sus características personales, económicas o lugar de residencia, siendo, en estos momentos, la vivienda uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el estudiantado.

No podemos fallar a los jóvenes españoles que creen en la Universidad porque la ven como un espacio de oportunidades y una inversión de futuro. Desde 2008, el estudiantado universitario ha crecido un 18%, mientras que la población joven se ha reducido un 20%. Y, de hecho, este es el curso universitario con más estudiantes de la historia en España, en el que más de 1.800.000 personas harán estudios de grado, máster o doctorado, un récord histórico que demuestra el prestigio social de la universidad en nuestro país.

En resumen, las universidades han demostrado a lo largo de la historia su contribución al progreso social. Esa ha sido y es su gran misión. Precisamente por eso, hay que apostar, hoy más que nunca, por la Universidad y permitir abordar nuevos retos y soluciones ante problemas emergentes con una visión social.