Que me perdone Descartes por modificar su famosa frase. Necesito hacerlo de nuevo.

La presidenta tiene razón en abstracto: basta el certificado que da constancia de haber terminado la secundaria, para tener acceso a la educación media superior. Es la condición necesaria y suficiente. Pero no funciona tal cual si en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México la distribución de las escuelas del nivel previo al superior, durante décadas, se han ubicado de forma desigual tanto en la geografía como en las oportunidades de continuidad educativa subsecuentes. Esta desigualdad es un hecho, una condición que existe como consecuencia histórica, clásica de nuestro sistema educativo, de otorgar las mejores oportunidades a los que con más condiciones cuentan, y las peores a los menos avituallados.

La desigualdad se ha cristalizado en el territorio, y modificarla llevará mucho tiempo y decisiones complicadas.

Sucede lo mismo, no con la misma intensidad quizás, en otras partes del país. Para decirlo de manera coloquial, hay de prepas a prepas, y la percepción social de “la mejores” no pasa la prueba del ácido de verificar su calidad (no hay estudios que empíricamente lo demuestren) sino que se basan en el tipo de pasaporte a la continuidad de los estudios que expiden: hay escuelas que otorgan visa inmediata a la UNAM, por ejemplo, y otras —la mayoría— que conducen a un examen para proseguir en las mejores opciones para los estudios superiores.

Ese examen es un instrumento para ajustar la demanda con la capacidad de la oferta, es decir, es una prueba para discriminar, con apariencia de legitimidad académica, a quienes por no provenir de unas cuantas escuelas lo merezcan, de los que no son aspirantes meritorios. Si no ingresan, se dice, es porque no “pasaron” le prueba estandarizada de confusión múltiple. Es su culpa, su responsabilidad: el castigo por no haber estudiado lo suficiente. Eso es falso, pero tiene la ventaja política de transferir, a quienes aspiran y no logran ingresar, la responsabilidad que corresponde a la falta de cupo suficiente, e igualdad de oportunidades, en las opciones más prometedoras.

Nadie se quedará sin un lugar en algún plantel de educación media superior, pues se trata de un derecho si la condición escolar previa se ha conseguido (el certificado de secundaria), pero no en donde, por el sesgo de la desigualdad histórica, se agolpan las preferencias. La subsecretaría del ramo tiene frente a sí esta problemática, y no es menor.

Aún en las modalidades sin pase reglamentado las preferencias por planteles son distintas, y no se ajustan, siempre ni en la mayoría de los casos, a la cercanía entre domicilios y escuelas.

La proximidad entre las casas y los planteles, teóricamente, tiene muchas ventajas: en eso la presidencia tiene razón, pero sin resolver la desigualdad de “calidades académicas atribuidas”, que esconden “calidades diferentes de destino escolar posterior”, no será la lógica dominante.

Si no me equivoco —ojalá así sea— sostener este criterio generará condiciones de conflicto social por parte de quienes resulten rechazados en sus preferencias, o a la ampliación acelerada de opciones privadas en este nivel, sin calidad educativa y con costos económicos fuertes para quienes tienen menos recursos.

Reducir la desigualdad lleva tiempo y no es sencilla. Se abrirá, muy pronto, una coyuntura compleja. Todo un reto entre la propuesta en abstracto y la realidad heredada. Es tiempo de oficio político: hilar fino con un telar chueco.

Profesor del Centro de Estudios Sociológicos de
El Colegio de México