Virtudes, peligros y oportunidades del proyecto de condonación del CAE y creación del FES para la educación superior
Recientemente, el gobierno del Presidente Boric presentó un ambicioso proyecto de ley que busca reformar el sistema de financiamiento estudiantil para la educación superior, con dos objetivos principales. El primero consiste en la reorganización y condonación de las deudas vinculadas a diversos instrumentos de crédito, como el Crédito con Garantía Estatal (CAE), el Fondo Solidario de Crédito Universitario y el Crédito CORFO. Esta medida beneficiaría tanto a quienes están actualmente financiando sus estudios mediante estos mecanismos, como a quienes aún mantienen deudas vigentes. El segundo objetivo plantea la creación de un nuevo esquema de financiamiento público, denominado FES (Fondo para la Educación Superior), destinado a cubrir los estudios de nivel superior. Aunque el Ejecutivo ha presentado ambas iniciativas de manera articulada, conviene analizarlas por separado para evaluar sus méritos de forma exhaustiva y crítica.
Empecemos por la propuesta de reorganización y condonación parcial de la deuda. A primera vista, se trata de una medida que parece sensata y equilibrada. La condonación está cuidadosamente focalizada en los sectores más vulnerables, lo que permite mantener el costo para el Estado en un nivel manejable. Aquellos con mayor capacidad de pago continuarán haciéndolo, pero se han incorporado incentivos que estimulan el prepago mediante la entrega de beneficios. Además, se han establecido beneficios tributarios para aquellas personas que ya terminaron de pagar sus deudas, reconociendo y compensando su esfuerzo. Este esquema resulta mucho más razonable que la propuesta inicial del gobierno, que contemplaba una condonación universal. Tal enfoque habría sido claramente regresivo, favoreciendo desproporcionadamente a quienes tienen mayor capacidad de pago y comprometiendo un uso prudente de los recursos fiscales.
Sin embargo, la segunda parte del proyecto —la creación de un nuevo sistema de financiamiento a través del FES— presenta mayores complicaciones. Este instrumento plantea un cambio profundo en la política pública de educación superior en Chile, desplazando el esquema de costos compartidos que ha sido la base del sistema durante las últimas décadas, para sustituirlo por un modelo de financiamiento mayoritariamente estatal. Esta transformación no está exenta de riesgos. En primer lugar, una mayor dependencia del financiamiento público puede comprometer la autonomía académica de las instituciones de educación superior, ya que incrementaría su vulnerabilidad ante las fluctuaciones de las prioridades presupuestarias del gobierno. En un contexto de transparencia y rendición de cuentas públicas, la independencia de estas instituciones es clave para el cumplimiento de sus propósitos misionales sin interferencias externas.
Además, es incierto si el Estado podrá sostener financieramente él solo los crecientes costos que implican las actividades académicas en el actual contexto global. La enseñanza superior, la investigación, el desarrollo de infraestructura y la innovación son áreas donde los costos tienden a aumentar constantemente, en parte debido a las exigencias crecientes de calidad y competitividad internacional. En consecuencia, existe un riesgo real de que la relación entre acceso, costo y calidad termine resolviéndose a expensas de la calidad, lo que podría comprometer la formación de los estudiantes a largo plazo. Este temor no es infundado. La experiencia reciente con la política de gratuidad ha demostrado que los aranceles regulados, fijados desde un centro burocrático estatal, no siempre reflejan los costos reales de las carreras. Hasta el momento, el copago privado ha funcionado como un mecanismo de ajuste que ha permitido a las universidades cubrir los déficits en carreras costosas mediante subsidios internos.
La prohibición del copago, tal como lo propone el nuevo esquema, podría restringir seriamente la capacidad de las instituciones para adaptarse a las exigencias de calidad y sostenibilidad. De mantenerse esta lógica de subestimación de costos, y si se eliminara el copago privado, las universidades enfrentarían mayores dificultades para financiar programas académicos, particularmente aquellos que no logren la autosustentabilidad financiera. Si bien la fijación de aranceles puede ser vista como una oportunidad para impulsar la eficiencia en el uso de los recursos, la experiencia ha demostrado que las instituciones ya están operando en los márgenes de la eficiencia, con un delicado equilibrio entre ahorro y deterioro de la calidad académica.
En cuanto a los instrumentos propuestos por el FES, se observan serias dudas sobre su viabilidad y potenciales riesgos. El proyecto parece estar inspirado en un esquema de «tributo profesional», un modelo que, en esencia, elimina la deuda futura al no tratarse de un préstamo en el sentido tradicional. A nivel global, no existe ningún país que haya implementado un sistema de esta naturaleza. La diferencia fundamental radica en que, bajo este esquema, desaparece la figura del crédito y la consiguiente obligación de reembolsarlo. Sin embargo, esta propuesta conlleva desigualdades significativas en la contribución que se espera de los beneficiarios en función de sus ingresos. Según la propuesta, aquellos con rentas inferiores a $500.000 estarían exentos, mientras que quienes perciban ingresos mayores enfrentarían tasas marginales progresivas de hasta el 15%, con topes de retribución que no superen el 7% u 8% de sus ingresos anuales cuando estos sean iguales o superiores a 45 UTA. Todo esto se calcularía en un período de dos años por cada semestre cursado, con un tope máximo de 20 años de pago.
Si bien los sistemas tributarios progresivos son en principio deseables, es legítimo preguntarse si esta propuesta no resulta excesivamente onerosa para los profesionales con mayores ingresos. En efecto, el FES parece exigir a este grupo que pague mucho más que el costo real de su educación, lo que podría generar un desincentivo para optar por carreras de alto ingreso. Aún más preocupante es la posibilidad de que los estudiantes con expectativas de mayores ingresos recurran a financiamiento privado, más favorable que el FES, creando un desbalance en el sistema. En un escenario así, el Estado podría verse forzado a asumir mayores costos de los previstos inicialmente, comprometiendo aún más el presupuesto destinado a la educación superior.
Con el fin de enriquecer este debate, propongo algunas ideas para mejorar el esquema. En términos generales, sería conveniente mantener un sistema de costos compartidos, permitiendo el copago privado. Este modelo permitiría a las universidades conservar una fuente adicional de financiamiento, facilitando el desarrollo de su oferta académica y garantizando estándares de calidad. Además, dado el contexto de un país en vías de desarrollo como Chile, con desafíos significativos en áreas como la salud, las pensiones y la educación escolar, parece razonable que las familias que puedan hacerlo contribuyan al financiamiento de la educación superior de sus hijos. Esto permitiría al Estado focalizar su apoyo en sectores más vulnerables y en otras áreas estratégicas para el desarrollo del país. La tendencia internacional en los últimos años ha ido precisamente en esa dirección: de sistemas de financiamiento estatal se ha pasado a esquemas de costos compartidos.
Asimismo, sería prudente mantener un esquema de créditos o préstamos que establezca una correlación clara entre el costo real de los estudios y la cantidad que el profesional debe reembolsar. Dentro de este marco, podrían aplicarse principios de solidaridad y progresividad de una manera menos severa. Por ejemplo, un esquema de pago contingente al ingreso permitiría que los profesionales con menores ingresos paguen una fracción del préstamo, mientras que aquellos con mayores rentas podrían pagar la totalidad más un adicional progresivo, con un tope máximo del 120% del monto adeudado. Todo esto, claro está, considerando una tasa de interés baja, cercana al costo de endeudamiento del Estado. Un modelo de este tipo mantendría la viabilidad financiera, sería más fácil de consensuar en el ámbito legislativo y se aproximaría a las propuestas de gobiernos anteriores que generaron amplios niveles de apoyo.
Hasta ahora, el gobierno no ha clarificado suficientemente la lógica subyacente a su propuesta. Sería lamentable que esta iniciativa fuera impulsada principalmente por un rechazo ideológico al endeudamiento, o por la percepción de que el crédito estudiantil es un mecanismo inherente a un abuso entre deudor y acreedor. El Presidente Boric ha mostrado, en otras áreas, una notable capacidad de madurez y aprendizaje en el diseño de políticas públicas que equilibran justicia social y responsabilidad fiscal. Es fundamental que en este caso no se desvíe de esa trayectoria, y que su gobierno no pierda la oportunidad de resolver de manera consensuada y pragmática el problema del financiamiento estudiantil. Abordar este tema permitiría, en el futuro, que el siguiente gobierno se concentre en otros desafíos pendientes, como el financiamiento de la investigación y el desarrollo. Estas áreas aún presentan un déficit importante si se las compara con las experiencias internacionales y su relevancia para el desarrollo de una sociedad basada en el conocimiento.
Por último, este debate, bien llevado, podría no solo contribuir a resolver el problema actual del financiamiento estudiantil, sino también abrir camino a un sistema de educación superior más robusto y sostenible para el futuro de Chile.
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ColumnistasLa propuesta del nuevo sistema de financiamiento universitario: una mala idea
José De Gregorio: “…no era necesario crear un sistema de impuesto a los profesionales, que además reducirá el financiamiento a las principales universidades del país, quitándoles competitividad y limitando aún más su autonomía…”.
El reciente anuncio del Gobierno sobre el fin del CAE, que beneficia a estudiantes sin gratuidad, tiene dos componentes. El primero tiene relación con la condonación parcial de la deuda para deudores actuales, y el segundo, al que me quiero referir, es un nuevo sistema de financiamiento universitario (FES). El nuevo sistema de financiamiento universitario que reemplazará al CAE tiene problemas serios, tanto conceptuales como de diseño.
El primer problema es que, con el sesgo ideológico de evitar el endeudamiento para la educación, se crea un impuesto a los ingresos que puede llegar a tener una tasa de hasta 8% por 20 años o más. En este sistema un joven opta por usar el FES a cambio de un impuesto a los ingresos que se pagará por una cantidad de años igual al número de semestres en que usó el FES multiplicado por dos. El pago depende del ingreso del profesional, del número de semestres que usó el financiamiento y no del costo de la carrera. No hay límite al pago, pudiendo llegar a ser dos o tres veces el costo de la carrera.
Habrá válidas discusiones desde el punto de vista del Derecho sobre si es impuesto o no lo es, pero en economía es un impuesto transitorio, que podría llegar a cubrir la mitad de la vida laboral de los profesionales. Será particularmente caro para los médicos, que estudian una carrera larga y tienen un ingreso esperado alto.
Un segundo problema, de justicia básica, es que el estudiante solo puede optar por el total del financiamiento estatal o nada. No hay posibilidad de pedir una fracción del costo de la carrera, tal como ocurre hoy. En consecuencia, los padres no podrán pagar, de acuerdo con sus posibilidades, parte del valor de la carrera para alivianarles la mochila cuando egresen.
Es comprensible que con el impuesto que crea este sistema se complica implementar un pago fraccionado. Obviamente eso enreda el diseño del impuesto, pues es un esquema rígido. No ocurriría esto si fuera un crédito. Sin duda la opción adoptada de todo o nada es una mala política pública.
Finalmente, un tercer problema grave es la reducción del financiamiento de muchas universidades. Según se ha anunciado, este sistema le ahorra recursos al Estado y le hace más barata la educación a los jóvenes. Entonces ¿quién paga? Al igual que con la implementación de la gratuidad, pagarán las mejores universidades del país al ver reducidos sus ingresos.
La gratuidad ya introdujo un problema al fijar aranceles. Los estudiantes con gratuidad, que se extiende hasta el sexto decil, acceden a aranceles fijados por la Subsecretaría de Educación Superior, los que distinguen entre universidades, pero son claramente insuficientes. Para quienes pertenecen a los deciles 7, 8 y 9 la universidad puede exigir un copago, pero regulado y acotado. Solo los alumnos del décimo decil pagan el arancel completo. Por lo tanto, el margen para cobrar el arancel más adecuado, necesario para financiar parte importante del presupuesto universitario, solo se puede hacer con los deciles superiores de ingreso. Para agravar esta situación, en la propuesta actual el arancel será fijado para los nueve primeros deciles, rigidizando aún más la principal fuente de ingresos de las universidades.
A una universidad que tiene costos bajos porque solo hace docencia con profesores part-time, le basta con aumentar la matrícula, siempre que se lo permitan, pues estas también se regulan. Sin embargo, en las universidades de excelencia en Chile el costo por estudiante es bastante mayor y, por lo tanto, sus posibilidades de expansión estarán muy limitadas.
Las universidades entonces tendrán incentivos para captar jóvenes del décimo decil en desmedro de quienes pertenecen a los primeros nueve. Llama la atención que quienes se dicen progresistas diseñen un sistema con tantos incentivos a la exclusión. No me extrañaría, además, que, para evitar este impuesto, aparezcan en el mercado ofertas de crédito, con menor regulación incluso que el CAE.
Habría sido mucho más eficiente aliviar a los jóvenes que hoy lo están pasando mal por sus dificultades para pagar el CAE y mejorar las condiciones actuales del crédito, aumentando, por ejemplo, la magnitud del subsidio existente.
No era necesario crear un sistema de impuesto a los profesionales, que además reducirá el financiamiento a las principales universidades del país, quitándoles competitividad, limitando aún más su autonomía, dejándola en manos de la autoridad política y yendo justamente en la dirección contraria a la que la educación universitaria de excelencia necesita en Chile.
José De Gregorio
Decano, Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile
El fin del CAE y sus objeciones
Por : Gonzalo Martner, Economista, académico de la Universidad de Santiago,
Si hay un subsidio público a la educación superior, debe haber un límite por carrera que tenga que ver con sus costos efectivos y tener como contrapartida la libertad de enseñanza, que algunas universidades no practican, al prohibir temas y posturas por razones religiosas o ideológicas.
Algunos de los comentarios críticos a la iniciativa del Gobierno de terminar con el Crédito con Aval del Estado (CAE) son especialmente pobres. Este sistema permite a los estudiantes de educación superior contraer créditos con la banca, pero con garantía estatal, cuya ejecución por mora es muy conveniente para ella. Se otorga con un interés actual de 2% real anual –desde 2012 con Piñera I, pues era de 6% cuando se estableció en 2005– y un pago vinculado al ingreso con un plazo máximo, todo lo cual es subsidiado por el Estado.
El nuevo proyecto establece descuentos en la deuda acumulada, que en diversos casos la lleva a cero, y premios y beneficios tributarios para quienes han pagado.
También establece para el futuro un sistema nuevo, sin la banca –que obtiene hoy utilidades completamente injustificadas desde un subsidio público– y sin tasa de interés, con un reembolso posterior a terminar los estudios que se limita a un pago del 8% del ingreso, con suspensión en caso de cesantía y un tope de pago por 20 años. Su cobertura excluirá solo a quienes pertenecen al tramo de 10% de más altos ingresos, con aranceles fijados por carrera y eventuales copagos adicionales para ese tramo de familias.
En las críticas infundadas después del anuncio hecho por el Presidente Boric hay de todo. El senador Juan Luis Castro se opone porque las prioridades de los chilenos serían la seguridad y la salud y considera que hoy no debieran gastarse recursos en la educación superior ni en los deudores, que son cerca de un millón de personas (más de 540 mil se encuentran en mora).
El asunto es que el sistema nuevo no costará más que el antiguo, según el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y darles un apoyo a los sectores medios que han estudiado y arrastran una deuda –que no tienen los de altos ingresos, que no estudian con crédito– no debiera levantar mayores objeciones de pertinencia y equidad, salvo que se sostenga que los subsidios deben ir solo a los muy pobres y no se debe apoyar el recorrido profesional de quienes han estudiado teniendo que recurrir al crédito, porque su situación familiar no les permitió otra cosa.
Este es el argumento que no toma en cuenta que el gasto público en educación, que mejora las calificaciones humanas para entender el mundo e innovar y utilizar nuevas tecnologías, es un componente del desarrollo. De paso, más ingresos de familias de clase media pueden incluso permitir aumentar sus gastos en salud. Si alguien está vinculado al sector salud, eso no debiera llevarlo solo a privilegiar la salud. Eso se llama corporativismo. Y así en unas u otras áreas que requieren de políticas públicas.
A la inversa, el exrector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, lamenta que el proyecto no hable de la educación inicial de niñas y niños. Pero ocurre que por definición el proyecto aborda la educación superior, no el resto del sistema educativo. Por mucho que sea indispensable fortalecer la educación inicial, si cada vez que una ley aborda un tema se cuestiona que no aborda otros, tendríamos la actitud no muy recomendable de objetar por objetar.
El exdirector de Presupuestos de Piñera, Matías Acevedo, señala que la devolución parcial del subsidio por el beneficiario a lo largo del tiempo sería un impuesto a la renta. En efecto, tiene similitudes. ¿Y cuál es el problema? Probablemente que no le gusta el impuesto a la renta y su lógica de progresividad, pero esa es harina de su propio costal.
De paso, sostiene que el nuevo sistema llevaría a pagar, en los casos de rentas más altas, el doble del costo de la carrera, lo que es simplemente falso, pues se extingue al pagar su costo efectivo, lo que además se podrá hacer con pagos adelantados con descuento.
El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, por su parte, sostiene que dejar el copago limitado al 10% de más ingresos “afecta muy profundamente la viabilidad del sistema de educación superior”, y que afectaría la autonomía universitaria y la haría dependiente del Estado y de políticas inciertas en el futuro, lo que no tiene fundamento alguno que no sea alimentar fantasmas.
La autonomía, junto al pluralismo, es indispensable para la vida intelectual en la universidad, pero no debe confundirse con la pretensión de independencia sin condiciones, financiada con fondos públicos. Ni menos debe llevar a gastar los recursos del Estado y de las familias para fines completamente distintos a los universitarios, como se ha visto recientemente.
Coincidiendo con el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, lamenta que las universidades que se acojan al nuevo sistema deban someterse a un arancel público y que solo puedan cobrar cifras adicionales al mencionado 10%, dando un salto lógico bastante extraño: esto disminuiría la calidad de la enseñanza y, a la vez, la autonomía universitaria.
Si hay un subsidio público a la educación superior, debe haber un límite por carrera que tenga que ver con sus costos efectivos y tener como contrapartida la libertad de enseñanza, que algunas universidades no practican, al prohibir temas y posturas por razones religiosas o ideológicas.
Carlos Peña agrega que el nuevo sistema estimula las universidades docentes sin investigación, pero sabe bien que el proyecto comentado aborda solo el financiamiento de los estudiantes con menos recursos y no otros temas que implican mecanismos de financiamiento regidos por otros cuerpos legales. Además, no es adecuado financiar la investigación con el pago de aranceles de los estudiantes que pagan el servicio educativo, sino con subsidios específicos y aportes del sector productivo.
En la actualidad, la cobertura y el gasto público y privado en educación superior están, en relación con el PIB, entre los más altos de la OCDE, precisamente por un sistema en el que abundan las soluciones de mercado que empujan los costos hacia arriba, como en salud, y segmentan socialmente a las universidades sin asegurar mayor calidad ni mejorar el rol en la sociedad del sistema universitario.
Muchas universidades cobran aranceles mayores por ser marcadores de estatus (lo que en economía de la educación se llama “señalización”) antes que por la excelencia de sus profesores e investigadores y la pertinencia de su enseñanza y aporte al conocimiento, la tecnología y a la cultura, que es lo que se supone deben procurar maximizar las políticas públicas de educación superior.
Si hay un subsidio público a la educación superior, debe haber un límite por carrera que tenga que ver con sus costos efectivos y tener como contrapartida la libertad de enseñanza, que algunas universidades no practican, al prohibir temas y posturas por razones religiosas o ideológicas.
Algunos de los comentarios críticos a la iniciativa del Gobierno de terminar con el Crédito con Aval del Estado (CAE) son especialmente pobres. Este sistema permite a los estudiantes de educación superior contraer créditos con la banca, pero con garantía estatal, cuya ejecución por mora es muy conveniente para ella. Se otorga con un interés actual de 2% real anual –desde 2012 con Piñera I, pues era de 6% cuando se estableció en 2005– y un pago vinculado al ingreso con un plazo máximo, todo lo cual es subsidiado por el Estado.
El nuevo proyecto establece descuentos en la deuda acumulada, que en diversos casos la lleva a cero, y premios y beneficios tributarios para quienes han pagado.
También establece para el futuro un sistema nuevo, sin la banca –que obtiene hoy utilidades completamente injustificadas desde un subsidio público– y sin tasa de interés, con un reembolso posterior a terminar los estudios que se limita a un pago del 8% del ingreso, con suspensión en caso de cesantía y un tope de pago por 20 años. Su cobertura excluirá solo a quienes pertenecen al tramo de 10% de más altos ingresos, con aranceles fijados por carrera y eventuales copagos adicionales para ese tramo de familias.
En las críticas infundadas después del anuncio hecho por el Presidente Boric hay de todo. El senador Juan Luis Castro se opone porque las prioridades de los chilenos serían la seguridad y la salud y considera que hoy no debieran gastarse recursos en la educación superior ni en los deudores, que son cerca de un millón de personas (más de 540 mil se encuentran en mora).
El asunto es que el sistema nuevo no costará más que el antiguo, según el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y darles un apoyo a los sectores medios que han estudiado y arrastran una deuda –que no tienen los de altos ingresos, que no estudian con crédito– no debiera levantar mayores objeciones de pertinencia y equidad, salvo que se sostenga que los subsidios deben ir solo a los muy pobres y no se debe apoyar el recorrido profesional de quienes han estudiado teniendo que recurrir al crédito, porque su situación familiar no les permitió otra cosa.
Este es el argumento que no toma en cuenta que el gasto público en educación, que mejora las calificaciones humanas para entender el mundo e innovar y utilizar nuevas tecnologías, es un componente del desarrollo. De paso, más ingresos de familias de clase media pueden incluso permitir aumentar sus gastos en salud. Si alguien está vinculado al sector salud, eso no debiera llevarlo solo a privilegiar la salud. Eso se llama corporativismo. Y así en unas u otras áreas que requieren de políticas públicas.
A la inversa, el exrector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, lamenta que el proyecto no hable de la educación inicial de niñas y niños. Pero ocurre que por definición el proyecto aborda la educación superior, no el resto del sistema educativo. Por mucho que sea indispensable fortalecer la educación inicial, si cada vez que una ley aborda un tema se cuestiona que no aborda otros, tendríamos la actitud no muy recomendable de objetar por objetar.
El exdirector de Presupuestos de Piñera, Matías Acevedo, señala que la devolución parcial del subsidio por el beneficiario a lo largo del tiempo sería un impuesto a la renta. En efecto, tiene similitudes. ¿Y cuál es el problema? Probablemente que no le gusta el impuesto a la renta y su lógica de progresividad, pero esa es harina de su propio costal.
De paso, sostiene que el nuevo sistema llevaría a pagar, en los casos de rentas más altas, el doble del costo de la carrera, lo que es simplemente falso, pues se extingue al pagar su costo efectivo, lo que además se podrá hacer con pagos adelantados con descuento.
El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, por su parte, sostiene que dejar el copago limitado al 10% de más ingresos “afecta muy profundamente la viabilidad del sistema de educación superior”, y que afectaría la autonomía universitaria y la haría dependiente del Estado y de políticas inciertas en el futuro, lo que no tiene fundamento alguno que no sea alimentar fantasmas.
La autonomía, junto al pluralismo, es indispensable para la vida intelectual en la universidad, pero no debe confundirse con la pretensión de independencia sin condiciones, financiada con fondos públicos. Ni menos debe llevar a gastar los recursos del Estado y de las familias para fines completamente distintos a los universitarios, como se ha visto recientemente.
Coincidiendo con el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, lamenta que las universidades que se acojan al nuevo sistema deban someterse a un arancel público y que solo puedan cobrar cifras adicionales al mencionado 10%, dando un salto lógico bastante extraño: esto disminuiría la calidad de la enseñanza y, a la vez, la autonomía universitaria.
Si hay un subsidio público a la educación superior, debe haber un límite por carrera que tenga que ver con sus costos efectivos y tener como contrapartida la libertad de enseñanza, que algunas universidades no practican, al prohibir temas y posturas por razones religiosas o ideológicas.
Carlos Peña agrega que el nuevo sistema estimula las universidades docentes sin investigación, pero sabe bien que el proyecto comentado aborda solo el financiamiento de los estudiantes con menos recursos y no otros temas que implican mecanismos de financiamiento regidos por otros cuerpos legales. Además, no es adecuado financiar la investigación con el pago de aranceles de los estudiantes que pagan el servicio educativo, sino con subsidios específicos y aportes del sector productivo.
En la actualidad, la cobertura y el gasto público y privado en educación superior están, en relación con el PIB, entre los más altos de la OCDE, precisamente por un sistema en el que abundan las soluciones de mercado que empujan los costos hacia arriba, como en salud, y segmentan socialmente a las universidades sin asegurar mayor calidad ni mejorar el rol en la sociedad del sistema universitario.
Muchas universidades cobran aranceles mayores por ser marcadores de estatus (lo que en economía de la educación se llama “señalización”) antes que por la excelencia de sus profesores e investigadores y la pertinencia de su enseñanza y aporte al conocimiento, la tecnología y a la cultura, que es lo que se supone deben procurar maximizar las políticas públicas de educación superior.
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El proyecto refundacional de Boric: Un “jaque mate” a las universidades privadas. Por Jorge Schaulsohn
Ex-Ante, 11 de octubre de 2024
Cambios estructurales. Se terminó el misterio. El gobierno finalmente develó el mecanismo para reemplazar al vilipendiado CAE. Pero en realidad el proyecto anunciado es mucho más que eso. Estamos ante un cambio de paradigma que define una nueva relación cualitativamente distinta entre el Estado y las universidades privadas.
- Un esquema en el cual el Estado financia y controla a las instituciones de educación superior, afectando aspectos claves de su autonomía, la calidad de la educación, la oferta académica, el manejo financiero y las políticas salariales.
- Aunque aún no conocemos el texto del proyecto y sus detalles, de las explicaciones de los ministros Marcel y Cataldo se desprende que estamos ante una iniciativa refundacional del sistema de educación superior.
- Una transformación que recuerda la reforma de la expresidenta Bachelet que puso fin al lucro en los colegios particulares subvencionados, obstaculizó la creación de nuevos establecimientos, prohibió el copago y centralizó el sistema de admisión.
- Dependiendo de lo que pase con el proyecto podríamos terminar hablando de las “Universidades Particulares Subvencionadas”.
- La discusión será tan larga y compleja como lo ha sido con la reforma previsional, porque al igual que en ese caso, los cambios que se proponen son estructurales.
Estrecheces presupuestarias. El corazón latiente del proyecto es la prohibición de cobro del copago para el 90% de los alumnos, suprimiendo casi la única fuente de ingresos no públicos, con los que los establecimientos podrían contar.
- Como consecuencia directa de esta medida las universidades privadas quedan a merced del fisco en lo que dice relación con su financiamiento, pasando a ser totalmente dependientes financiera, administrativa y políticamente del Estado.
- La prohibición del copago, no tiene ninguna justificación técnica; es una medida ideológica que afectará la calidad de la oferta educacional. El lucro ya está prohibido hace tiempo.
- Con la prohibición de cobrar copago para el 90% de los estudiantes las universidades tendrán que ajustarse al presupuesto estatal, restringiendo su capacidad de crecimiento, desarrollo y de actividades académicas o de investigación.
- No hay que olvidar que el Estado fija los aranceles, y que, como demuestra la experiencia de estos últimos años, los montos son insuficientes para financiarlas, generando graves estrecheces presupuestarias en las instituciones, tanto públicas como privadas.
Disminución drástica de ingresos. Con la implementación de la gratuidad a partir de 2016, el porcentaje de alumnos que pagan copago ha disminuido, pues los estudiantes que cumplen los requisitos de acceso a la gratuidad están exentos.
- Sin embargo, aún existe un porcentaje considerable de estudiantes beneficiarios del CAE que deben cubrir un copago, especialmente en las universidades privadas fuera del CRUCH.
- Para estas instituciones, el FES implicará una disminución drástica de sus ingresos, ya que el cobro del copago se limitará solo a los estudiantes más ricos, reduciendo significativamente el flujo.
- Consultado el ministro de educación sobre si existía algún riesgo de desfinanciamiento del sistema universitario señaló que él podía garantizar que “ninguna universidad quebraría por los cambios”.
- La primera en reaccionar fue la Rectora de la Universidad de Chile que en una entrevista con Mónica Rincón en CNN Chile estimó que el ministro Cataldo había sido “muy poco ambicioso”.
- Agregó que no se trata de impedir que las universidades quiebren, sino de que tengan los recursos necesarios para mejorar su calidad y profundidad”. Que no había que pensar solo en lo que llamó “la demanda” sino también en cuidar la calidad de la oferta.
- El nuevo esquema de financiamiento puede terminar perjudicando a los sectores más vulnerables creando estratificación entre universidades.
Rol protagónico del Estado. Las universidades privadas, donde hoy estudian la mayoría de los jóvenes de menos recursos, podrían verse tentadas a limitar las plazas para estudiantes beneficiados con el FES concentrando sus esfuerzos en atraer al 10% de mayores ingresos a los que se les puede cobrar el copago.
- La dependencia financiera del Estado afecta a la autonomía de las universidades, que perderán la capacidad de tomar decisiones de manera independiente, como la creación de nuevas carreras, la gestión de sus políticas internas, libertad de contratación y remuneraciones.
- No hay que ser ingenuo. Para un sector de la izquierda las universidades privadas son vistas como un bastión político e intelectual, un centro de poder, de la derecha; lo que se acrecentó con la polémica por el sueldo de Marcela Cubillos y la contratación de figuras políticas en el plantel académico.
- No es casualidad que este proyecto otorgue un rol protagónico para el Estado en su administración, estableciendo regulaciones, controles y obligaciones que las obliguen a publicitar todas sus remuneraciones y contrataciones.
- Controles que por tratarse de instituciones privadas hoy no existen pero que se justificarán, precisamente, en virtud del aumento de los recursos públicos que ahora serán indispensables para su subsistencia.
- En cuanto a la forma de pago del nuevo crédito fiscal, para el ex ministro de hacienda Ignacio Briones se estaría creando un nuevo impuesto “a la renta” (que él llama una “vieja y pésima idea del Frente Amplio”) para los graduados.
- Dependiendo de la renta los graduados tendrán que pagar entre un 2% y un 8% de su salario mensual, por 20 años, por lo que podrían terminar pagando más de lo que recibieron (un interés implícito de 10%).
- Algo que por lo demás, será muy difícil, de verificar en un país donde el empleo informal anda rondando el 30%. Eso además de los diversos mecanismos que existen para no declarar la totalidad de ingresos reales.
El empecinamiento del gobierno. De lo anterior se deduce que, al contrario de lo que se dice, no es efectivo que no se necesitarán nuevos recursos, ya que el fisco terminará gastando mucho más de lo que se afirma por las altísimas tasas de evasión.
- Esas tasas podrían ser aún más elevadas que la morosidad del CAE dado que no quedan registradas en ningún sistema de evaluación crediticia y son judicialmente incobrables.
- Los principales perjudicados serán los estudiantes porque los planteles se verán obligados a reducir costos en áreas claves como contratación de personal académico altamente calificado, actualización de infra estructuras o inversión en investigación y desarrollo.
- Lo que podría generar una paradoja; por una parte, el proyecto efectivamente amplía de manera importante el acceso a la educación superior para miles de jóvenes que ya no tendrán que pagar copago.
- Y, por la otra, el anverso de la moneda, que estudiarán en instituciones empobrecidas, lo que empeorará la calidad de la formación profesional y académica, por falta de docentes, infraestructura moderna y adecuada, laboratorios y tecnología de punta, investigación, conexión con el mundo internacional.
- O, peor aún, simplemente tendrán menos opciones si algunas universidades deciden marginarse del sistema del FES.
- Porque es un hecho de la causa que el Estado de Chile no está en condiciones de financiar como corresponde tanto las universidades públicas y privadas. Que sus aranceles no conversan con la realidad operacional.
- No se entiende el empecinamiento del gobierno en mejorar el acceso a la educación superior a expensas de la calidad, metiendo a todas las universidades en un mismo saco, bloqueando el acceso a recursos frescos no estatales, provenientes del
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Rosa Devés advierte que con los aranceles regulados en el FES “hay un riesgo en el largo plazo, y en el mediano incluso”
La jornada de ayer, diversos economistas pusieron en entredicho el informe financiero que acompaña el proyecto, mientras que entre los expertos hay visiones encontradas sobre la propuesta, en especial sobre el monto adicional que algunos adscritos puedan pagar sobre el costo de la carrera.
Consultada sobre su impresión sobre el contenido del proyecto, Devés expresó que “tenemos que agradecerlo, independiente que venga una discusión profunda de los contenidos del proyecto”.
En este sentido, sostuvo, los impactos que tendrá el FES sobre las distintas universidades tiene que ver precisamente con cómo se determinará el costo de esas carreras.
“Si los aranceles regulados, por ejemplo -que el 65% no se ha definido- resultan estar muy por debajo del costo de una universidad compleja como la Universidad de Chile, claro que puede ser detrimental (perjudicial), sin ninguna duda, y el proyecto en la forma en que se presentó, sí incluye al menos que para el decil de más altos ingresos puede haber un cobro de un arancel más alto, como es hoy día con la gratuidad”, detalló.
Por lo tanto, continuó, “hay más bien interrogantes que decir en este momento que hay una gran pérdida. Si ese último decil se hubiese dejado fijo, sí, nosotros calculábamos un efecto muy muy importante en los ingresos de la Universidad de Chile -felizmente eso se corrigió- y de otras universidades también”.
“Tiene cabos sueltos el proyecto, tanto en la recaudación como en cómo se van a definir estos aranceles, y qué es lo que va a estar regulado”, expresó.
Asimismo, y sobre este punto, la autoridad académica indicó que esperan que los aranceles sean “ajustados a los costos”, sin embargo advirtió que “hay carreras donde son bien difíciles de ajustar de acuerdo a indicadores comunes. Por ejemplo, una carrera de medicina o una carrera de la salud son bien complejos decir cuánto cuesta”.
La dificultad mayor, sostuvo Devés, es que hasta ahora se está pensando en el financiamiento de los estudiantes y el Estado no le está dando el mismo interés y preocupación a la sustentabilidad y financiamiento de las instituciones en otras áreas. “La apuesta y el recurso para financiar la educación superior se está colocando en los aranceles de pregrado. Las universidades son mucho más que eso, ese es el grave problema a nivel estratégico país”, sentenció.
Asimismo, y consultada cómo estima que se verá afectada la universidad con este nuevo sistema, Devés reiteró que todo depende finalmente de cómo se fijen los aranceles. Por ejemplo, indicó, si bien la universidad ya no recibirían los copagos que están regulados en el caso de la gratuidad, entre los deciles 7 y 9, “eso podría compensarse, y ahí es donde las simulaciones son muy importantes”.
“En este momento las transferencias van a ser sin morosidad, por decir así. La universidad recibiría los recursos de manera directa si el proyecto se aprueba, y ahí hay ahorros de alguna manera. Entonces, esto no es peso por peso, estudiante por estudiante, no es un cálculo que se puede sacar así tan simplemente”. sostuvo.
“Es riesgoso, eso es lo otro que tiene, eso hay que decirlo con toda honestidad. O sea, en el largo plazo, ¿quién va a ser la comisión que va a definir (los aranceles regulados) y con qué criterio? Hay un riesgo en el largo plazo, y en el mediano incluso”, reflexionó .
Y continuó: “Uno podría estar tranquilo en el corto plazo, si los cálculos son los que deben ser, pero también hay un riesgo hacia adelante. Entonces, es un problema complejo, sin duda, y por eso es bueno que se dé una discusión a fondo, y por eso es bueno que se expongan todas las distintas visiones y se protejan las instituciones”.
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Columnistas¿Mejorarán las universidades?
Carlos Peña: “Si el nuevo sistema se juzga desde el punto de vista de los estudiantes y su bienestar inmediato, no cabe duda de que su bienestar se incrementará (…). Pero si el nuevo sistema puede mejorar el bienestar individual inmediato, no cabe duda de que lesionará al sistema universitario puesto que lo empobrecerá y, lo que es peor, atará a las instituciones a los vaivenes del ciclo político”.
¿Contribuye al bienestar social y a la salud del sistema universitario el proyecto de financiamiento anunciado por el Gobierno?
Por lo pronto y antes siquiera de examinarlo completo, cualquier juicio pormenorizado y definitivo es prematuro; pero una consideración general puede hacerse.
Si nos ceñimos al anuncio gubernamental, el sistema exigirá a las instituciones adoptar una decisión de envergadura: sumarse o no al nuevo sistema. Si deciden sumarse, no podrán cobrar monto alguno a sus estudiantes hasta el noveno decil. Solo podrán cobrar lo que juzguen correcto al décimo decil. Si se excluyen, los estudiantes que decidan incorporarse a ellas no accederán a ningún sistema de créditos subsidiado por el Estado. En este último caso, las familias deberán financiar la educación con renta actual (las más ricas) o futura (endeudándose en el sistema financiero).
A eso parece conducir (ya sabremos los detalles) el sistema de financiamiento que se ha propuesto.
Reiteremos la pregunta: ¿contribuye al bienestar?
Si el nuevo sistema se juzga desde el punto de vista de los estudiantes y su bienestar inmediato, no cabe duda de que su bienestar se incrementará. Luego, si el bienestar social se concibe como una agregación de las mejoras individuales, no cabe duda de que el nuevo sistema lo mejorará.
Pero si el nuevo sistema puede mejorar el bienestar individual inmediato, no cabe duda de que lesionará al sistema universitario puesto que lo empobrecerá y, lo que es peor, atará a las instituciones a los vaivenes del ciclo político. En efecto, para controlar las transferencias que, con cargo a rentas generales, se efectuarán, el Estado fijará los aranceles, de suerte que cuán innovadora sea una universidad, o cuánto investigue o alimente el esfuerzo crítico de sus cuerpos académicos, dependerá de la disposición del Estado a financiarla o del ciclo económico que se experimente. De esta manera, la más antigua tradición de las universidades latinoamericanas —depender del ciclo económico y del proceso político y de la capacidad de influir en este último— se reproducirá ya definitivamente entre nosotros.
Y lo que es peor —y si no fuera perjudicial, movería a risa— es que las instituciones puramente docentes, esas que carecen de comunidades de jornada o cuya investigación es exigua, sobrevivirán bastante bien con este sistema que les asegurará la matrícula y, por el bajo coste agregado de su quehacer, les permitirá sobrevivir sin sobresaltos; pero también, en conjunto con el resto del sistema, sin demasiadas ambiciones.
¿Qué puede explicar que se haya deliberado un diseño que, bien mirado, extiende lo que hace algún tiempo se hizo con el sistema escolar al sistema universitario?
Una explicación posible es que en este tema se esté cometiendo el error de considerar el sistema universitario como un sistema más o menos estático, sin considerar las relaciones que median entre el sistema universitario y los niveles de investigación disponibles; el financiamiento del sistema; la sobrevivencia futura de una clase intelectual y académica; y sobre todo, sin atender al hecho que si las universidades transmiten la cultura deben ser, antes que eso, capaces de crearla e incrementarla y que ello requiere de recursos. Y lo que es peor, pareciera que el diseño no ha considerado que el sistema podría segregarse en la peor de las formas: alentando la creación de instituciones que concentren a las personas de altos ingresos, y a la vez estandarizando hacia un quehacer predominantemente docente a aquellas que, empeñadas en la diversidad, sigan adhiriendo al sistema de financiamiento público, mientras cruzan los dedos para que el ciclo económico y las influencias políticas ojalá, y al menos de vez en cuando, las favorezcan.
Carlos Peña
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Presidente de universidades del G9 y fin del CAE: “El proyecto de ley generará pérdida de autonomía y calidad en las universidades”
Jaime Troncoso R., 9 de octubre de 2024
El rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y presidente de las universidades del G9, Nelson Vásquez, expresa su preocupación por la falta de claridad sobre la fijación de los aranceles que conlleva el nuevo financiamiento universitario. Cree que los centros de estudio podrían perder autonomía, que a la larga afectará la calidad y sustentabilidad a largo plazo.
Qué observar. El rector de la Universidad Católica de Valparaíso, Nelson Vásquez, actualmente es el presidente de las universidades del G9 que integra la casa de estudio que lidera, además de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Concepción, la Universidad Técnica Federico Santa María, la Universidad Austral de Chile, la Universidad Católica del Norte, la Universidad Católica de Temuco, la Universidad Católica del Maule y la Universidad Católica de la Santísima Concepción.
–Rector Vásquez, ¿cómo evalúa el proyecto que termina con el CAE?
-En primer lugar, responderé en función del discurso del Presidente Boric y las minutas que han llegado desde el Ministerio de Educación, porque aún no hemos analizado el proyecto de Ley y nuestro pronunciamiento como G9 será una vez que hayamos estudiado en profundidad la iniciativa.
No obstante, de las conversaciones que hemos tenido nos parece, en principio, positivo que el Gobierno aborde el tema del CAE e hiciera una separación entre los deudores del CAE y el modelo hacia futuro.
Lo que sí nos preocupa es que en los discursos del Presidente de la República hay varias materias ausentes y que generan incertidumbre.
-¿Cuáles son esas materias?
-En su discurso, entregado en cadena nacional, el Presidente en ningún momento habla de las universidades, se refiere a las personas. Si esto fuera un mensaje solo para las personas, estaría bien, pero las universidades tendremos que vivir los efectos de estas decisiones. Otro tema totalmente ausente es el Fondo de Crédito Solidario, que es muy importante lograr despejarlo, porque tuvimos conversaciones con el subsecretario Víctor Orellana sobre esa materia, y hasta ahora no sabemos si en la ley viene el planteamiento del gobierno sobre el Fondo de Crédito Solidario.
-¿Es positivo que se haya encarado el tema del financiamiento a través del CAE?
–Es positivo que se haya abordado el tema del CAE, pero el mecanismo de solución es lo que está en duda. Hoy, por lo menos con la información que tenemos, afectaría la sustentabilidad de las universidades en el largo plazo, significará una pérdida de autonomía y un debilitamiento de los proyectos educativos de varias universidades.
-¿El G9 está preparando una postura frente a este proyecto?
–Así es. Apenas el proyecto de ley se haga público, lo estudiaremos a fondo y prepararemos un informe para los parlamentarios, destacando los aspectos positivos y aquellos que nos perjudican.
-¿Existe una preocupación por el sistema de regulación arancelaria, donde el Estado determinará los costos razonables para impartir carreras?
-Exactamente. En los ejercicios que hemos hecho las universidades del G9 se muestra que habría un gran detrimento. Hay que calcular muy bien si los precios de los aranceles que el Estado pagará cubren efectivamente los costos de los programas. La experiencia de la gratuidad está en proceso, hemos avanzado un tramo muy pequeño, falta un número muy grande de carreras que tienen que someterse a fijación de precios. Lo poco que se ha hecho en gratuidad ha habido detrimento en varias carreras. Esto de trasladar la misma estrategia de gratuidad al nuevo sistema de financiamiento FES nos aumenta las inseguridades que ya teníamos en la fijación de precios por gratuidad.
-El gobierno señala que hay un proceso de adecuación de los aranceles a través de costos efectivos, lo que podría hacer que suban los aranceles.
-Eso mismo lo dijeron para la gratuidad y no se ha cumplido. Entonces, la pregunta es por qué vamos a creer en este nuevo sistema si en gratuidad hemos tenido complicaciones serias. Muchas universidades han planteado que la fijación de precios no ha cumplido con las expectativas que nos habían planteado inicialmente.
-¿Se supone que los aranceles de 2025 ya empezarían a aplicar estos reajustes?
-Desde la implementación ya hay carreras en las que la fijación de precios no ha cumplido con las expectativas. Extender el mismo mecanismo es muy riesgoso.
-¿Cuál es la segunda preocupación?
-Las universidades van a quedar completamente sometidas a la fijación de precios hecha por el Estado y las fuentes de ingreso de las universidades dependerán de las políticas públicas y de la capacidad que tenga el Estado en el futuro de entregar recursos y lo que veremos afectado será la calidad, la excelencia de nuestras universidades. En 10 o 15 años veremos el efecto en el sistema educacional superior chileno, que hoy es líder en América Latina. Lo que ha faltado es una mirada de largo plazo que aborde el efecto e impacto negativo de la fijación de precios.
-¿Ven que se les está quitando autonomía de las universidades en el desarrollo de sus planes institucionales?
-Por supuesto que hay una pérdida de autonomía. Los proyectos de desarrollo estratégico de las universidades dependen, entre otras cosas, de la disponibilidad de recursos económicos. Si los recursos vienen mayormente del Estado, tendremos serias dificultades para orientar un desarrollo más innovador.
Nuestras universidades tienen un fuerte componente de investigación e innovación. Cómo cubriremos estos programas nos genera una fuerte incertidumbre. Por lo tanto vemos que perderemos calidad y excelencia en el contexto de las universidades latinoamericanas. Pregúntese por qué las universidades chilenas están en buenos lugares en los rankings internacionales. Entre otras razones, es por la excelencia en investigación y desarrollo.
-El gobierno ha planteado que no es resorte del pre-grado financiar la investigación de las universidades. ¿No se debería buscar más financiamiento en las empresas o en fondos del Ministerio de Ciencias?
-El Ministerio de Ciencia no tiene los recursos suficientes, y en Chile no existe una tradición, como ocurre en otros países sobre todo en el mundo desarrollado, de que empresas tengan la disposición de financiar investigación aplicada. Por lo que el desarrollo del país depende esencialmente de las universidades de excelencia y de la capacidad que tenemos para generar nuestra propia investigación aplicada.
-¿Qué opina sobre la demanda de transparencia que plantea el proyecto?
-Todas las universidades del G9 ya tenemos portales de transparencia. Este tema no es algo ajeno. Tenemos portales de transparencia y una gestión transparente, en la que realizamos auditorías semestrales y anuales sobre cómo gastamos nuestros recursos, no solo el dinero que nos da el Estado, sino todos los recursos. También cumplimos con todas las fiscalizaciones de la Superintendencia y la Subsecretaría de Educación Superior.
Y al mismo tiempo, cada proyecto específico que tiene fuentes de financiamiento son evaluados por la autoridad competente del Ministerio de Educación. Todos los fondos, en base a proyectos, están supervisados a través de la Contraloría General de la República. Entonces, respondemos completamente y con transparencia a los requerimientos de las personas.
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Ex ministro Raúl Figueroa y fin del CAE: “Se podría generar un déficit de US$1.300 millones en el sistema de educación superior”
Manuel Izquierdo P., 8 de octubre de 2024
Raúl Figueroa, ex ministro de Educación y actual director del Instituto de Políticas Públicas de la UNAB, dice que el diseño de la propuesta presentada por el Presidente Boric “se basa en la fijación de aranceles para las universidades y eso tiene consecuencias muy complejas y negativas para las instituciones de educación superior, toda vez que genera una homogeneidad de proyectos, perjudicando la diversidad del sistema y poniendo un techo a la calidad”.
-¿Cómo interpretas el proyecto del fin del CAE presentado por el Presidente Boric?
-En lo que se refiere a la condonación, el proyecto anunciado es algo totalmente distinto a lo que se prometió en la campaña del Presidente Boric. Y creo que eso es positivo, porque la promesa de campaña fue muy irresponsable. Se hizo sabiendo que no existían ni los recursos para cumplirla ni que era conveniente hacerlo en términos de un buen diseño de política pública. Ahora lo que propone el Gobierno es, en la práctica, una reprogramación con ciertos beneficios y un nuevo sistema de crédito que, en su diseño, tiene otras complicaciones para el sistema de educación superior y para la justicia tributaria de nuestro. Esos son los elementos donde el debate se va a centrar.
-¿Qué le concedes y qué no al nuevo financiamiento público de la educación superior?
-El nuevo sistema de crédito que el Gobierno propone hay que estudiarlo con muchísimo cuidado. Si bien siempre va a haber margen para entregar más beneficios a los estudiantes y luego mejorar sus condiciones de pago, el diseño propuesto es uno que se basa en la fijación de aranceles para las universidades.
Esa fijación de precios tiene consecuencias muy complejas y negativas para las instituciones de educación superior, toda vez que genera una homogeneidad de proyectos, perjudicando la diversidad de nuestro sistema y le pone un techo a la calidad de lo que las instituciones de educación superior puedan ofrecer. El fijar los precios para los aranceles hasta el noveno decil puede llevar al desfinanciamiento de proyectos educativos que hoy día son relevantes y afecta por lo mismo también la calidad de la oferta educacional de nuestro país.
-¿Hay alguna estimación de cuánto podría afectar a las universidades a nivel de ingresos?
-Existen ciertas estimaciones que apuntan a que se podría generar un déficit de US$1.300 millones en el sistema de educación superior.
-El Presidente Boric habló de una lógica solidaria, mientras algunos expertos hablan de un “impuesto al trabajo”. ¿Cuánto hay de lógica solidaria y de impuesto al trabajo?
-Primero, para que cualquier sistema de crédito sea sostenible en el tiempo, es fundamental contar con un mecanismo de cobranza efectivo. Lo que primero se prometió fue una condonación universal y lo que se propone hoy es, en la práctica, una cobranza general, fuerte y efectiva. Eso es muy importante, porque si no se cobra el nuevo crédito vamos a tener problemas serios de financiamiento. El problema es la manera en que está haciendo esa cobranza.
-¿Por qué?
-Porque lo que propone, como se ha informado inicialmente, es un impuesto a través del cual se va a recaudar lo que se prestó para estudiar. Y eso significa que un número importante de profesionales que tengan buenas rentas a futuro van a tener que pagar un impuesto más alto, que va a exceder el monto de lo que efectivamente recibieron por crédito. Por lo tanto, van a pagar un impuesto mayor que otra persona que recibe exactamente la misma renta. Para poner un ejemplo, un profesional que estudia con este nuevo sistema y que gana $4 millones va a tener que pagar sus impuestos a la renta y, además, un impuesto adicional de un 8% durante 20 años. Parte de ese impuesto se va a destinar a pagar lo que le prestaron, pero el exceso va directamente a arcas fiscales. Un comerciante que no estudió pero que gana los mismos $4 millones va a pagar menos impuestos a la renta.
-Por eso has calificado este nuevo crédito como una reforma tributaria encubierta.
-Efectivamente, porque lo que se está haciendo por estos días es anunciar que al menos un grupo de personas que utilicen este nuevo sistema de financiamiento van a pagar más impuestos.
-¿Qué te parece que los bancos dejen de participar en el sistema?
-La salida de la banca es una cuestión muy política. En términos financieros, la banca pone parte de los recursos que se destinan al sistema de financiamiento. Sacando a la banca va a ser el Estado el que va a tener que ponerlos directamente. La salida de la banca tiene un impacto fiscal relevante porque el Estado va a tener que poner más recursos que hoy día no lo hace. Hay que mirar con atención cuáles son las consecuencias del nuevo diseño, en términos de que la salida de la banca significa mantener un gasto fiscal similar al que hoy día se tiene pero con otros riesgos, tanto de flujo como de la posibilidad de tener una cobranza efectiva.
-¿Quién financia la condonación de la deuda?
-Bueno, hay que ver el detalle, pero ciertamente la parte de condonación que tiene esta propuesta la paga el fisco, y por lo tanto, la pagan todos los contribuyentes.
Por otro lado, no solo se fijarán los aranceles, sino que es probable que se fijen también las posibilidades de crecimiento de matrícula de las instituciones. Y eso implica también restringir no solo el desarrollo de las instituciones, sino que cerrar las posibilidades de elección de los alumnos. Porque son las propias instituciones las que deben ir sobre la base de las necesidades del sector productivo, ir identificando cuáles son las vacantes que se abren o que se cierran. El Estado carece de esa información, y por eso, esta idea también restringe las posibilidades de desarrollo de los distintos proyectos de educación superior.
-¿Tiene viabilidad política en el Congreso este proyecto?
-Las prioridades en Chile están claramente en otros ámbitos. Tanto en lo que dice relación con lo que está fuera de educación. Tenemos prioridades en seguridad, en salud, en pensiones. Y también dentro del sistema educativo: las prioridades de educación no están en la educación superior. Deben estar en la educación primaria y en la recuperación de aprendizaje. Es evidente además que no es un proyecto que se va a tramitar muy rápido en el Congreso.
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