En Argentina el financiamiento educativo creció un 226% en la educación superior y un 163% en la educación básica durante los últimos 42 años. La diferencia acumulada entre 1980 y 2022 es de 63 puntos porcentuales en favor del nivel superior.

Los datos surgen del informe “Evolución del financiamiento educativo”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Alejandro Morduchowicz (especialista en planeamiento y políticas educativas), Leyre Sáenz Guillén y Víctor Volman (Observatorio de Argentinos por la Educación). El documento analiza cómo evolucionó la inversión en educación entre 1980 y 2022 utilizando la serie histórica del Gasto Público Consolidado (GPC) del Ministerio de Economía en términos porcentuales respecto al PBI y en valores reales, cuánto aportan al financiamiento la Nación y las provincias, y cómo se reparten los fondos entre los distintos niveles educativos.

En los últimos 42 años se observa un aumento sostenido del gasto público en educación, tanto en porcentaje del PBI como en términos reales. La inversión que realizan las provincias aumentó un 292%, mientras que la inversión de Nación creció un 30%. Actualmente, 3 de cada 4 pesos invertidos en educación (78%) son ejecutados por las provincias y 1 de cada 4 (22%) por Nación. En 1980, en cambio, las provincias tenían a cargo el 55% del gasto educativo.

El financiamiento educativo cayó a principios de los años ‘90, en 2002 y 2003, mientras que desde 2004 se registra un incremento del gasto que se refuerza en los años 2005 y 2006, con la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Educación Nacional, que establecieron la obligación de invertir un 6% del PBI en educación. Sin embargo, esta meta sólo se cumplió en 2009, 2013 (incluyendo Ciencia y Tecnología) y en 2015 (exclusivo para educación). A partir del año 2005, el crecimiento del gasto real por alumno en educación básica superó el incremento de la matrícula: en otras palabras, hubo un aumento de la inversión más allá de la expansión del sistema educativo.

La inversión estatal en educación superior (es decir, universidades y educación superior no universitaria) creció sostenidamente más que la destinada a la educación básica (nivel inicial, primario y secundario) desde la ley de transferencia de los servicios educativos (1992), cuando las provincias asumieron la responsabilidad de las escuelas. Esta diferencia se profundiza entre los años 2006 y 2022, y alcanza un pico en 2018: ese año se invirtieron 105 puntos porcentuales más en educación superior que en básica.