Las seis universidades públicas de Madrid (Complutense, Autónoma, Carlos III, Alcalá, Politécnica y Rey Juan Carlos) cerraron el último ejercicio presupuestario en números rojos o en el borde. Su suerte financiera queda así en manos del Gobierno regional, pues ni siquiera pueden endeudarse sin su consentimiento. Las cifras indican que la Comunidad no tiene interés en apostar por su sistema público universitario: su PIB (Producto Interior Bruto) por habitante es un 36,5% más alto que la media nacional (según datos del INE de 2022), pero su inversión por alumno es un 21% menor, según el Ministerio de Ciencia. Es el sistema peor financiado de educación superior de España, según el análisis de la Fundación Conocimiento y Desarrollo.

Esta falta de fondos para el sistema público afecta directamente a la igualdad de oportunidades que tanto proclama la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Si estudiar una carrera no está al alcance de la mayoría, se pervierte aún más el ascensor social en una comunidad donde la desigualdad no para de aumentar. Esa realidad afectará a medio plazo a la productividad y la innovación en la región y deja el terreno abonado a las universidades privadas, que campan a sus anchas. Ayuso no disimula que su interés está en el negocio privado: “Abrimos Madrid a todo proyecto de universidad (…) siempre que cumplan los requisitos de calidad y excelencia”. Pero el problema, plasmado en cualquier ranking universitario, es que en muchos casos la docencia en estos centros (que ya son 13 en la Comunidad y pronto serán 15) es mediocre y, salvo alguna notable excepción, ninguno investiga.

Nadie duda que la existencia de universidades privadas es un buen acicate para que mejore la calidad de las públicas, pero si estas se encuentran ahogadas económicamente es imposible que progresen. Sin apenas fondos para abrir cada día, no pueden asumir nuevos proyectos de docencia e investigación, renovar su plantilla o mantener sus instalaciones. Las públicas necesitan tener una planificación plurianual, como disponen en casi todas las autonomías, y que el Gobierno garantice una financiación suficiente. No queda nada claro en lo que ha trascendido de su borrador de ley de enseñanzas superiores, que va a obligar a las públicas a conseguir por sus propios medios un 30% de los fondos (gran parte con las matrículas que pagan las familias, las ya más altas de España).

Esta asfixia económica del sistema madrileño tendría que verse con preocupación no solo por el Gobierno central, que dice estarlo, sino por el conjunto de las universidades públicas españolas, pues lo que ocurre en Madrid sirve de referencia (acoge a dos de cada 10 estudiantes y profesores) y su modelo privatizador ya se ha exportado a Andalucía (cuatro campus aprobados en 10 meses) o Canarias, que están en plena carrera por abrir nuevos negocios universitarios.