El problema del PC no es Venezuela; es la URSS, dicho metafóricamente. O sea, su embeleso —arrobamiento y enajenación— con respecto a cualquier régimen político nacido de una revolución que proclame el comunismo/socialismo como meta y al imperialismo de los EE.UU. como enemigo principal. Que busque, además, poner al Estado al servicio de un partido o movimiento que reclame para sí la representación de las clases explotadas. Y donde ese Estado, a su vez, controle a la sociedad civil en su conjunto, encuadrándola dentro de un proyecto de movilización de masas.

Se trata de una concepción de filosofía política que se aparta frontalmente de la democracia. En efecto, considera que esta no es nada más que un disfraz de la dominación de los grupos poderosos. Según escribe Lenin, la “república burguesa, aun la más democrática, no es más que una máquina para la opresión de la clase obrera por la burguesía, de la masa de los trabajadores por un puñado de capitalistas”.

No se necesita ir más lejos para entender que en esta particular visión de la historia reside el verdadero problema del PC. He ahí el fondo de su admiración por la URSS y Cuba, ayer, y hoy por Venezuela y los socialismos del siglo XXI. Juzga que cualquiera de ellos es superior a cualquier otro de democracia liberal con sus limitaciones de clase y alienación capitalista.

El PC chileno no ha podido superar esa contradicción esencial entre su embeleso y el compromiso con el ethos democrático. Efectivamente, este último exige defender lealmente el Estado de derecho, las libertades de comunicación y crítica y la alternancia en el gobierno entre grupos ideológicos diversos mediante elecciones periódicas y honestas. Nunca ha abandonado el PC, ni criticado siquiera, la concepción leninista de la dictadura del proletariado como puente hacia el comunismo.

Esta contradicción en el corazón del PC no excluye, sin embargo, su participación en el juego político democrático bajo el imperio de la Constitución y las leyes. Ni impide su participación en el gobierno o en alianzas con otras fuerzas democráticas, como sucede en Chile. O antes en diversos países europeos, como Italia o Francia.

Al contrario, reclamar que, por existir dicha flagrante contradicción intelectual, se debería excluir al PC de la esfera política o de cualquier alianza, es demostrativo de mala fe democrática. No se persiguen ideas ni embelesos ni se deben criminalizar los sinsentidos y las oposiciones.

Además, quienes empujan esa reclamación desde la derecha, ¿acaso no han defendido —hasta ahora, incluso— un modelo de dictadura autoritaria? ¿Y no manifiestan a ratos nostalgia por una “democracia” protegida e iliberal? ¿O bien, admiración por liderazgos similarmente ajenos al ethos democrático, como el de Bukele y otras figuras de extrema derecha europea?