En estos días se cumplen 10 años de la instalación del Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE). Diseñado para responder a las brechas de acceso socioeconómicas y para contribuir a la generación de un sistema de educación superior más inclusivo, el PACE –junto con otras medidas, como la gratuidad– ha permitido el acceso de estudiantes con características sociales, culturales y económicas que históricamente se habían visto relegados de este nivel formativo.

A diferencia de otras iniciativas, el PACE posee cuatro características que vale la pena destacar. Por un lado, se entiende como un programa que busca vincular la educación escolar y superior, mediante acciones de preparación y apoyo permanente que empiezan en los últimos años de la enseñanza media.

Por otra parte, el PACE no se focaliza solo en apoyos académicos, entregando una preparación social y emocional para los y las estudiantes.

En tercer lugar, permite acceder –más allá de las pruebas de selección– a estudiantes de distintos sectores sociales y económicos, permitiendo así disminuir, aunque sea con un grano de arena, las inequidades estructurales del sistema educativo chileno.

Finalmente, constituye una iniciativa estatal y de alcance nacional (con 29 instituciones de educación superior adscritas), permitiendo así procesos de colaboración entre estas instituciones y el Estado.

Las múltiples investigaciones realizadas del programa han mostrado la relevancia de este, dando cuenta de su efectividad para lograr el acceso y permanencia de estudiantes que no hubiesen accedido a la educación superior de otra forma (Gil et al., 2019; Villalobos et al., 2017; Lira & Pérez, 2022). Al cumplirse una década de su implementación, parece relevante, sin embargo, preguntarse por los próximos desafíos que el PACE genera para el sistema educativo, pudiendo destacarse principalmente tres.

Por una parte, es urgente que el PACE se constituya no solo como un programa, sino como una política nacional y de Estado, que traspase gobiernos y que se conecte más claramente con los sistemas de admisión de las instituciones.

Por otra parte, es necesario repensar algunos principios del PACE, especialmente porque este sigue estando focalizado solo para una minoría de estudiantes caracterizados como meritorios, reduciendo así la discusión sobre quienes pueden optar por estas vías.

Finalmente, la experiencia del PACE abre las puertas para discutir sobre vías de acceso al postgrado, que sigue estando altamente elitizado en nuestro país.

En síntesis, ampliar, extender y repensar el PACE permitirá avanzar en nuevos caminos para construir una educación superior más inclusiva y un sistema educativo más justo, tarea en la que todos y todas estamos embarcados.