La ciudadanía ha conocido hace pocos días el borrador de nueva Constitución, que se someterá a plebiscito el próximo 17 de diciembre. Ha sido un proceso largo y complicado. El país parece estar exhausto y una gran mayoría quiere cerrar el capítulo, pero es importante que todos hagamos un último esfuerzo y decidamos responsablemente sobre el texto que regirá el marco institucional de nuestra sociedad. La decisión, en uno o en otro sentido, tiene consecuencias importantes.

Desde hace muchos años, la educación ha ocupado un lugar central en la preocupación ciudadana. Todos quisiéramos tener una educación de calidad, que permita entregar mejores oportunidades, especialmente a los más necesitados. Esta es, sin duda, la palanca más importante de desarrollo de la que dispone la sociedad.

El borrador de texto propone mejoras importantes en relación al régimen de la actual Constitución. Quisiera destacar dos aspectos fundamentales del derecho a la educación que el nuevo documento regula de manera adecuada y que constituyen un aporte importante: el derecho a la educación parvularia y la obligación del Estado de garantizar la continuidad del servicio educativo.

El proyecto de Constitución obliga al Estado a financiar y coordinar un sistema gratuito de educación parvularia de calidad, que asegure el acceso a toda la población. En el caso de Kínder se establece además su obligatoriedad. Expertos de todos los colores políticos están de acuerdo en la gran importancia de la formación inicial para promover una mayor igualdad de oportunidades. Sin la base de una educación temprana de calidad, el esfuerzo de la educación escolar y superior se ve severamente limitado. La evidencia muestra que el beneficio social de invertir recursos públicos en esta etapa formativa es proporcionalmente mucho mayor al beneficio de gastar en los años posteriores. A pesar de la evidencia y del consenso de los expertos, este es un tema muchas veces postergado por los gobiernos, debido a su escasa visibilidad política. La garantía constitucional puede ser un gran aporte en este sentido.

Por otra parte, si se quiere que el derecho a la educación sea efectivo, se necesita continuidad en el servicio educativo. El borrador propuesto exige al Estado garantizar esta continuidad. Hemos visto los grandes estragos y vacíos que ha dejado la pandemia en la educación de cientos de miles de jóvenes. También, más recientemente, hemos podido apreciar el drama de los escolares de Atacama que llevan más de dos meses sin clases. Se trata de casos muy distintos, pero en ambos el Estado tendría que hacer su mayor esfuerzo por solucionarlos con rapidez. Las consecuencias del retraso son graves, irreparables y además las sufren los más pobres. Este nuevo aspecto del derecho a la educación plantea un desafío sumamente complejo a la política pública, pero el bien superior de los niños exige que pongamos nuestras mejores energías en enfrentarlo.

Por José Antonio Guzmán, rector de la Universidad de Los Andes