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Desde el 18 de octubre de 2019, las izquierdas -en su infinita gama de variedades político-culturales- entraron en un prolongado atolladero del que aún no logran salir.

En cuanto al octubrismo, tan presente al inicio, fue extinguiéndose rápidamente. Un mes después del estallido, con los muros de la ciudad todavía cubiertos de lemas destituyentes, las fuerzas políticas de gobierno y oposición, con la excepción del PC y de sectores del FA, suscribieron un Acuerdo Nacional por la paz social y una nueva Constitución. El eje se desplazó así desde las dinámicas destituyentes a la dinámica constituyente.

Esta última dinámica recibió un amplio respaldo (78%) en el plebiscito nacional del 25-O, un año después del estallido octubrista. Con todo, en la elección de los miembros de la Convención Constitucional, las izquierdas próximas al legado del octubrismo obtuvieron una clara mayoría. Esto les permitió orientar el debate sobre la nueva Carta Fundamental, apuntando a una refundación de las bases de la nación y el Estado con metas maximalistas de transformación de la sociedad. Aquel fue un último resplandor del estallido; a esa altura, un espejismo más que una imagen de cambio.

En paralelo, ya de cara a la elección presidencial de noviembre de 2021, la alianza de las izquierdas político-emocionalmente más próximos al octubrismo (FA y PC) compitieron por la hegemonía interna (candidato + programa) de dicho sector. Resultó elegido el candidato más renovador y menos rupturista (Boric), frente al candidato (Jadue) más radical y extremo, quien reclamaba para sí la herencia del 18-O.

A su turno, el centro reformista y las izquierdas de espíritu social-democrático, tras una desastrosa conducción preelectoral, debieron plegarse al bloque FA+PC el que, luego de derrotar al candidato de la derecha más conservadora (Kast), quedaba en una posición expectante. En efecto, a cargo, por un lado, del proceso constituyente. Y, por el otro, del gobierno. Éste se conformaba, a su vez, por dicho bloque en un primer anillo estratégico, seguido de un segundo anillo táctico presidido por el Socialismo Democrático.

Por un momento pudo pensarse que la confluencia entre (i) una dinámica constituyente radicalizada, que volvía a soñar el país del octubrismo y (ii) la dinámica programática del gobierno Boric que se esperaba contaría con el apoyo de ese nuevo marco constitucional, conducirían efectivamente a cambiar el rumbo del país.

En otras palabras, a refundarlo, conducido por una nueva izquierda generacional, revolucionaria, posmoderna, feminista, plurinacional, latinoamericana, ecológica, de los territorios y la dignidad humana. En el neo dialecto de las izquierdas del siglo 21, equivalía a ingresar a una nueva fase civilizatoria.

Esa utopía redentora -de símbolos y eventos, del lenguaje y los sentimientos, de las aspiraciones y los deseos, más que del duro esquema de los poderes y las inercias, las resistencias y las tradiciones, en fin, de la sociología y las élites- extinguió su fuego y ambiciones, el 4 de septiembre de 2022, cuando un plebiscito constitucional rechazó por una amplia mayoría (62%) el icónico texto propuesto por la Convención. Con ello se acabó también la versión inicial del gobierno de Boric que había apoyado de manera entusiasta, junto a la alianza FA+PC, la Carta Fundamental propuesta al país y rechazada tan nítidamente por las y los ciudadanos.

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En estas condiciones, de vuelta a fojas cero, la sociedad volvió a despertar bajo la insoportable, ilegítima, Constitución de 1980, aunque reformada en diversos aspectos durante los años de la democracia hasta ser firmada por el Presidente Lagos.

La pregunta entonces fue: ¿Qué hacer ahora, con una Constitución abandonada el 15-N de 2019, incluso por sus herederos directos y cómplices pasivos, y sepultada popularmente por el plebiscito del 25-O de 2020?

Hubo que recurrir de nuevo al espíritu del 15-N y firmar un segundo pacto que permitiese destrabar y retomar la dinámica constituyente. Así nació el Acuerdo por Chile, texto suscrito por todos los partidos, incluidos el PC y el FA, con la sola excepción del Partido Republicano de Kast. El octubrismo -entendido como el espíritu de la revuelta anti institucional- quedaba así exorcizado y excluido del ciclo político, mientras éste seguía adelante por la senda institucional.

Este Acuerdo estableció unas bases constitucionales que comprometían a todas las fuerzas participantes; un Consejo Constitucional compuesto por 50 personas elegidas por votación popular; una Comisión Experta conformada por 24 personas elegidas por la Cámara de Diputados y el Senado, en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas, y un Comité Técnico de Admisibilidad compuesto por 14 personas, juristas de destacada trayectoria elegidas por el Senado en virtud de una propuesta única de la Cámara de Diputados y Diputadas.

En breve, toda la clase política de la sociedad se comprometía con la renovada tarea de construir una nueva Constitución y cerrar así un proceso que, desde 1990, mantiene en vigilia a las fuerzas de centro e izquierdas. Y, a las derechas, atadas a un pasado del que necesitan separarse.

La elección de consejeros constitucionales tuvo lugar el 7 de mayo de 2023 y, para sorpresa de muchos, el Partido Republicano, único que no había concurrido a suscribir el Acuerdo por Chile, obtuvo más de un tercio de los votos y casi la mitad de los consejeros. Sumados a los votos y consejeros de Chile Vamos (UDI+RN+Evopoli), las derechas -presididas por su sector más extremo- se hacían pues con el control del proceso constitucional.

Esto, sin embargo, con cuatro restricciones: (i) las bases constitucionales, sobre las cuales debía trabajarse la nueva Carta fundamental; (ii) el anteproyecto del nuevo texto que debía ser preparado por la Comisión Experta; (iii) el procedimiento iterativo de redacción del texto entre la Comisión y el Consejo (etapa en que nos encontramos hoy precisamente), y (iv) el hecho de que la propuesta final de nueva Constitución será ratificada o rechazada por la ciudadanía el 17 de diciembre próximo.

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No parece exagerado concluir, a esta altura, que el principal resultado del 18-O (revuelta violenta+protestas masivas), resultado inmediato, fue dar curso institucional a un proceso constitucional que hoy -cuarto aniversario de aquel estallido- sigue en pie. A su vez, el resultado mediato, de más largo plazo -inesperado, paradojal, típico de una astucia de la historia- ha sido desembocar en una instancia (Consejo Constitucional) que posee una indiscutida legitimidad formal-legal y de clase política, que fue diseñada con intrincados balances y contrabalances, pero que, al final del día, está bajo el control de las derechas conducidas por su sector más recalcitrante (el único que no concurrió a suscribir el Acuerdo cuya materialización terminó encabezando).

De paso, otro efecto mediato de envergadura afecta a las izquierdas y, por tanto, necesariamente también al gobierno Boric con sus dos anillos de apoyo. Uno que se movió inicialmente en la huella del 18-O (FA+PC), y ha debido transformarse en el espíritu y la letra para adaptarse a las exigencias de la acción gubernamental. El otro, de inspiración social democrática (PS+PPD+PR) que, en la práctica, conduce dicha acción (Interior y seguridad, Hacienda, Relaciones Exteriores y Secretaría de la Presidencia), siendo portador de una rica tradición (la Concertación y transición a la democracia), pero que carece de proyección futura.

Me parece que estos dos bloques de izquierda, en su variedad, más las fragmentadas fuerzas de centro, son los actores políticos más presionados en la coyuntura política que nos encontramos.

En las próximas semanas tendrán que decidir si aprobar un texto constitucional que no han conducido, pero en que han incidido en diferentes momentos y por diversos medios. O bien, si lo rechazan y de esta manera, inevitablemente, de hecho y de derecho, se pronuncian por mantener la Constitución de Pinochet-Lagos, designación incómoda pero que se hace cargo de su complejo proceso evolutivo.

La decisión no es fácil, como bien muestra la columna de José Antonio Viera-Gallo en su reflexión constitucional del lunes pasado. Pues si bien la opción plebiscitaria será simplemente aprobar o rechazar, sus implicancias políticas son más complicadas.

Primero, porque para las izquierdas, a diferencia de las derechas, rechazar una propuesta democráticamente generada significa quedarse con una Constitución que durante más de tres décadas han intentado sustituir. La derecha, al contrario, se siente cómoda con esa Constitución de 1980 modificada que, además, vendría a obtener una tardía legitimidad.

De hecho, el Partido Republicano concurre al plebiscito de diciembre próximo con la ventaja de poder considerarse ganador ya bien si se aprueba el texto (que llamará a apoyar) o se rechaza (caso en el cual se queda con una Constitución que justificadamente puede reclamar como suya).

Además, para rechazar la propuesta emanada del trabajo llevado a cabo durante los meses recientes, las izquierdas -que han sido parte de ese trabajo- necesitarían mostrar (probar argumentativamente) que aquella es peor que la Constitución vigente, una tarea nada de fácil.

De hecho, las izquierdas, incluido el gobierno y sus dos coaliciones, han sostenido uniformemente que el actual proceso ha sido conducido impecablemente dentro de las reglas acordadas; incluso más, en un clima de respeto e intercambio de opiniones y sujeto al juego de las legítimas mayorías y minorías en las diversas instancias. Hay pues una sólida legitimidad de procedimientos que respalda la formación del texto en curso.

En cuanto a la legitimidad de sus contenidos, lo más importante es que el actual texto se ha elaborado dentro del marco de las bases constitucionales previamente acordadas, sin que en ningún momento se haya acusado alguna infracción, extralimitación o atropello. Este punto resulta esencial si se desea rechazar el texto con argumentos que deberán hacerse valer públicamente.  

En efecto, hasta el momento, las izquierdas -coautoras de esas bases- no han objetado ningún artículo del texto como contrario a aquellas. Al contrario, de la lectura de la propuesta aún en pleno desarrollo, se desprende que las bases han sido respetadas, aunque evidentemente -en su despliegue y especificación detallada- hay múltiples cuestiones controvertidas y sesgos identitarios y de contenido favorables a las visiones ideológicas de las derechas.

Esto, sin embargo, no significa que las bases acordadas hayan sido violadas sino, en cambio, que en varios aspectos han sido desarrolladas de acuerdo con las concepciones intelectuales, jurídicas y morales de los grupos de derecha en uso de sus mayorías en el proceso constitucional.

Lo cual, por sí solo, significa que el proceso concluirá con una Carta Fundamental cuyo texto no reunirá un acuerdo transversal de todos los sectores, sino que, sea aprobado o rechazado, seguirá operando como un factor de controversias en el seno de la clase política y en sectores importantes de la opinión pública.

Significa, además, que en estas condiciones, las de una carta ampliamente contestada, será más difícil obtener su aprobación por las masas de votantes que se sienten mayoritariamente alienados del proceso. Efectivamente, percibirán que aquí hay “más de lo mismo”: querellas, entredichos, disputas, falta de atención a los problemas de la gente y la política conducida en el exclusivo interés de la clase que pugna por sus propios objetivos e intereses.

En definitiva, en esta fase, las derechas, igual como hicieron las izquierdas en la fase anterior de la Convención Constitucional, desperdiciaron la oportunidad de conducir un proceso capaz de reunir a todos los actores políticos en función de una propuesta común, consensuada, compartida, en condiciones de ser apoyada por cualquiera más allá de las legítimas diferencias.

Qué duda cabe, han faltado, en ambas vueltas, partidos, grupos, liderazgos personales y movimientos de opinión que lograsen-como se hizo el 15-N de 2019 y luego el 12-D de 2022- sustraerse de la guerra de trincheras para dar un impulso a la institucionalidad del país. Esta vez fallaron las derechas, cuya capacidad de gobernar procesos complejos vuelve a quedar en entredicho.