La reactivación educativa debería entenderse como el esfuerzo que realiza el sistema escolar y sus políticas para responder integralmente a las consecuencias socioeducativas de la pandemia, aprovechando esa oportunidad para mejorar la experiencia educacional (más que volver a la misma de siempre). Afortunadamente, de forma gradual, esta reactivación ha ido fijándose como la prioridad esencial de las autoridades, lo que se ha traducido en una cada vez más clara estrategia de acción para abordar los efectos de esta crisis en la convivencia, salud mental, trayectorias y aprendizajes de los estudiantes. Esta estrategia cuenta para 2024 con un presupuesto específico y nuevos recursos que, aunque acotados, permiten consolidar las principales líneas de trabajo de este plan: un programa de convivencia escolar que llegará a 160 comunas, el despliegue de un sistema de voluntarios que realizan tutorías para reforzar aprendizajes clave (12.000 ya se han ejecutado), y la conformación de un equipo de más de 1.000 personas que trabajarán en terreno para mejorar los niveles de vinculación y asistencia. Esto ha sido acompañado de herramientas de monitoreo para las comunidades (como el diagnóstico integral de aprendizajes y los reportes periódicos de asistencia) y de una reorientación de otros recursos y programas (como los planes de mejoramiento educativo) para que se alineen a los objetivos de la reactivación.

Es necesario y posible seguir mejorando la ejecución de estas acciones con sentido de urgencia, al mismo tiempo que se proyecta lo que será un desafío de política para varios años y gobiernos, tal como ha planteado el ministro Cataldo. Por lo mismo, tiene sentido pensar en instrumentos como una “Ley Marco para la Reactivación” (que establezca normativas y recursos especiales para un período transitorio), así como también incluir como parte de este mismo impulso la solución de algunos problemas urgentes del sistema educativo que afectan la reactivación, como el financiamiento, la infraestructura escolar o el traspaso de la educación pública desde los municipios hacia los nuevos servicios locales de educación.

Pero configurar una política de reactivación efectiva y sustentable implica también abordar algunos desafíos adicionales: propiciar una reactivación más “de abajo hacia arriba”, dando protagonismo a las comunidades educativas, promoviendo y permitiendo innovaciones (con flexibilizaciones normativas y disminución de tareas administrativas), visibilizando las buenas experiencias y favoreciendo el aprendizaje horizontal; involucrar mucho más activamente a los gobiernos regionales y al sector privado en este proceso de reactivación (ampliando de esta forma los recursos y apoyos a nivel local); establecer e informar regularmente sobre el estado de un set de metas que movilicen a todos los actores en una misma dirección (el desafío más relevante en este momento es mejorar la asistencia a clases, pues los datos son preocupantes y tendrán efectos de largo plazo); y fortalecer significativamente la comunicación de esta política hacia la ciudadanía, especialmente con las familias que tienen niños y niñas en edad escolar (con campañas permanentes que fomenten su responsabilización y usando mensajes personalizados para promover la asistencia). Todo el país debe sentirse convocado a ser parte de la reactivación educativa.

Por Gonzalo Muñoz, académico Facultad de Educación, Universidad Diego Portales