SEÑOR DIRECTOR:

El articulado de educación en cualquier Constitución del mundo debe aspirar a asegurar el derecho a que toda persona se pueda educar integralmente y contribuya a la construcción del bien común. El texto aprobado por el pleno del Consejo Constitucional está lejos de lograrlo, a pesar de presentar algunos avances en relación a la Constitución vigente.

La educación se presenta como un campo de disputa entre el Estado y las familias, lejos de ser lo deseable. ¿Cuál es el riesgo? Se deja a la deriva a los niños, niñas y jóvenes que sufren vulneraciones de sus propias familias en ciertos contextos.

Además, la libertad de enseñanza escrita desdibuja completamente el propósito final de promover la pluralidad de proyectos educativos para enriquecer el sistema educativo y contribuir a resguardar el derecho a la educación, priorizando la libertad del ente administrador, por sobre el derecho de las personas. Nuevamente, ¿cuál es el riesgo? Se dejan las puertas abiertas a que las y los estudiantes sean discriminados por parte de los centros educativos que reciben recursos públicos.

La propuesta se enfoca más en limitar al Estado que en promover una educación integral y de calidad. Carece de principios, no propone una visión común de la educación del país y se invisibilizan los principales sujetos del derecho a la educación: niños, niñas y jóvenes. Estamos perdiendo una nueva oportunidad de dar un paso significativo como país en materia educacional y contribuir en la construcción de una sociedad más democrática, justa y humana.

Jorge Ibáñez Carvallo

Director de Política Educativa de Educación 2020