A pocos días de que se termine el plazo para adherir a las iniciativas populares de norma del proceso constituyente, el rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, conversó con Radio Universidad de Chile, para explicar la propuesta del Consorcio de Universidades del Estado (CUECH).

La iniciativa 5217 propone “Reconocer al Estado como proveedor de educación pública, laica, pluralista y de calidad, en todos los niveles de enseñanza y territorios de Chile”, está siendo impulsada, de acuerdo al rector Corrales, para revertir la compleja situación en la que se encuentra este sector de la educación.

“El sistema de educación pública atiende a un número cada vez menor de estudiantes y eso ha ido teniendo efectos sobre la sociedad. Hoy día ya está muy acreditado que la privatización de la educación ha producido un proceso de segregación creciente de la población y eso ha tenido efectos sobre los procesos de integración social, de adhesión a las normas sociales, de cohesión de la sociedad chilena”, indicó.

“En ese escenario, a nosotros nos parece que la única forma de revertir eso, de revertir parte de la crisis incluso institucional que nuestro país enfrenta, es restituir, volver a tener un sistema de educación pública que sea capaz de dar oportunidades de integración social a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas”, agregó.

Esta propuesta, sin embargo, no busca oponerse a la participación de privados en la educación. “Para los rectores y rectoras que conformamos el consorcio, es muy evidente que esa participación de privados tiene que ser compatible con que el Estado cumpla un rol de proveedor, no de garante, sino de proveedor de educación, como de hecho ocurre en todos los países civilizados y desarrollados del planeta”, expresó Corrales.

El presidente del CUECH también se hizo cargo de las críticas a la educación pública, y expuso que “cuando se dice que los colegios privados son mejores que los colegios públicos, se omite que durante 40 años la educación pública ha sido subfinanciada, dejada y abandonada a su suerte”.

“Hoy día vemos que la calidad de la educación que recibe un joven o una joven, está en directa proporción a la capacidad de pago que tienen sus padres y eso es algo que a nosotros nos parece que debe cambiarse sustantivamente. Porque todos los jóvenes, todas las jóvenes, necesitan de las mismas oportunidades (…). Para nosotros eso es lo que tiene que cambiar”, destacó.

“Las universidades del Estado no estamos presentando una iniciativa popular de norma en favor de las universidades del Estado, estamos presentando una iniciativa popular de norma en favor del país”, añadió el rector.

Por último, Corrales precisó el por qué el inciso 16.22 del anteproyecto constitucional, que justamente se refiere al derecho de la educación, le parece insuficiente.

De acuerdo al profesor, “se suponía que los distintos grupos políticos habían llegado al consenso transversal de que Chile debía dejar de ser un Estado subsidiario y pasar a ser un estado social de derechos. Sin embargo, a nosotros nos parece que la redacción del inciso F, no se condice suficientemente con ese espíritu original que está plasmado en los doce bordes constitucionales”.

De esa manera, cuestionó:”¿Qué significa que el Estado deberá crear, sostener, y fijense de la palabra curiosa, coordinar un sistema? Hay una ambigüedad en los términos que se ocupan, hay una cierta borrosidad en los adjetivos que, por ejemplo, podría sostener la situación como está hoy día”.

“Hoy día el Estado efectivamente de algún modo sostiene, ciertamente coordina y mira de lejos lo que ocurre, lo mira con cierta indiferencia, fiscaliza, fiscaliza de conformidad con sus capacidades, es decir, poco, lo que ocurre tanto en la educación media como en la básica, en la parvularia y en la superior. Así, estamos viendo distintas demandas, y de ninguna manera en esa redacción queda claro que el Estado tiene un deber de proveer de educación, es decir, de establecer un sistema de educación pública en todos los niveles”, aseveró.