El proyecto de ley sobre extensión y modernización de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) ingresado el 2019 y que actualmente se encuentra en su segundo trámite en el Congreso, ha retomado un nivel de prioridad en la agenda legislativa. El proyecto, entre otras cosas, busca flexibilizar el uso de los recursos SEP amparado en el concepto de “fines educativos” establecidos ya en la Ley de Inclusión, reconociendo que existe una sobrecarga administrativa real sobre los equipos directivos de los colegios que muchas veces atenta contra el quehacer pedagógico y las prioridades educativas. Si bien atender esta situación es imperativo, parece importante velar porque la modernización de un instrumento tan valioso como la SEP se haga desde lo educativo y no tan solo desde una mirada administrativa.

¿Qué es la SEP y por qué ha sido tan relevante para el sistema educativo? La SEP es el mecanismo de financiamiento que permite orientar y destinar recursos para el mejoramiento de las condiciones educativas de niños, niñas y jóvenes más vulnerables del sistema. Anualmente, el Ministerio de Educación transfiere del orden de US$1.270 millones por concepto de SEP a más de 8.600 colegios, para beneficiar a casi dos millones de estudiantes. Si consideramos que la subvención base que financia principalmente gasto operacional de los colegios equivale a casi $95.700 mensuales para un alumno/a de 4º básico en un colegio con Jornada Escolar Completa, la SEP aporta con $65.000 adicionales por cada alumno/a prioritario/a.

Considerando que las subvenciones estatales son el principal mecanismo de financiamiento de la educación en Chile (representan el 78% del gasto público en el sector escolar), la SEP es la única subvención diseñada para financiar Planes de Mejoramiento Educativo (PME), instrumentos elaborados por cada colegio con base en su propio diagnóstico para brindar mejores condiciones educativas a sus estudiantes.

En este sentido, la discusión sobre la modernización de la SEP es una oportunidad relevante para consolidar dicha subvención como un instrumento estratégico del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC), en favor de la transformación y mejora permanente del sistema. No tan solo por la cantidad de recursos que aporta al sistema, sino que por su estructura e instrumentos de gestión que permiten articular y aunar esfuerzos para promover la mejora en la calidad de los procesos educativos y el logro de aprendizajes en todos los niños, niñas y jóvenes del país. En un contexto de limitado espacio fiscal donde la urgencia y prioridad en política educativa debiera estar puesta en la recuperación y promoción de aprendizajes, la discusión sobre el uso y fines de un mecanismo de financiamiento tan importante como la SEP no puede solo versar en aspectos administrativos. Poner el foco en lo educativo y estratégico es un imperativo. Simplificar y acelerar esta discusión para conseguir un logro en la agenda legislativa conlleva al menos cuatro riesgos.

El primer riesgo es perder el norte y prioridades del sistema escolar. No se puede discutir sobre el financiamiento escolar sin anteponer los objetivos de política pública del país. La modernización de la SEP debe poner al centro la calidad y equidad en el sistema, en particular considerando el estancamiento de los resultados de aprendizaje, la urgencia actual por la reactivación educativa tras la pandemia y la implementación del nuevo Sistema de Educación Pública.

El segundo riesgo es desdibujar instrumentos y mecanismos que han contribuido al mejoramiento de la calidad escolar. No tenemos evidencia de que flexibilizar el uso de recursos, y, por tanto, homologar el uso de la SEP a la subvención regular, se traduzca en mejoras en la calidad y equidad del sistema. Donde sí tenemos evidencia, y ha sido ampliamente documentado, es que la SEP ha logrado generar un impacto positivo en el mejoramiento de los resultados de aprendizaje, en particular de estudiantes más vulnerables. Desdibujar la relevancia educativa que tienen instrumentos como el Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa y los Planes de Mejoramiento significan un riesgo que no podemos correr. La modernización de la SEP debiese enfocarse en cómo fortalecemos estos instrumentos para orientar el uso de recursos hacia aquellas prioridades y urgencias educativas, a la vez que abordemos el dolor de la carga administrativa que le implica a la escuela.

Se desprende así el tercer riesgo de centrar el debate en aspectos administrativos. Modernizar la SEP implica repensar el Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, que es un acuerdo explícito entre el Estado y las comunidades escolares para priorizar aquello que nos interesa a todos: que los niños y niñas, en particular aquellos que viven en un contexto de vulnerabilidad, puedan acceder a experiencias educativas transformadoras. Estos convenios y los Planes de Mejoramiento Educativo deben concertar objetivos y metas que aborden el conocimiento provisto por las instituciones que conforman el Sistema de Aseguramiento de la Calidad – Ministerio, Agencia de la Calidad y Superintendencia – y al mismo tiempo la autonomía de equipos directivos y docentes para definir las estrategias más pertinentes y de mayor impacto para alcanzar el logro de los objetivos.

Finalmente, el cuarto riesgo es quedarnos en una discusión sobre el control y rendición de cuentas. En un contexto donde prima un clima de desconfianza y el necesario resguardo del buen uso de recursos públicos, podemos terminar extremando los mecanismos de control y rendición ya existentes, sobrecargando aún más la labor administrativa que recae en equipos directivos y docentes. La modernización de la SEP debe, por un lado, avanzar en la simplificación de la carga burocrática de la gestión escolar, al mismo tiempo que se avanza en mecanismos y herramientas innovadoras para el resguardo de los recursos. La Superintendencia de Educación y entidades como la Contraloría General de la República son clave para rediseñar un sistema de rendición de cuentas que promueva la autonomía de las escuelas, que permita construir confianza y capacidades en los actores del sistema, y que favorezca la gestión de los recursos que destinamos para la educación.

La discusión sobre la modernización de la SEP sin duda abre la oportunidad de avanzar decididamente en el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación a largo plazo, más aún dado el nivel de urgencia que tiene la recuperación de aprendizajes. No desaprovechemos esta oportunidad y tengamos una discusión a la altura de lo que los niños, niñas y jóvenes de Chile necesitan.