Aunque el Simce provee información parcial sobre los aprendizajes, la publicación de sus resultados 2022 es útil para analizar la situación del sistema escolar pospandemia y proyectar algunos de los desafíos de política educativa para nuestro país.

Las noticias principales de este Simce son cuatro. Primero, se ha producido una baja preocupante en los niveles de aprendizaje de niños, niñas y jóvenes, más pronunciada en matemáticas y en 2do medio (donde un 54% de los estudiantes no alcanza los niveles de logro elementales); segundo, esta baja es menor a lo proyectado por distintos organismos, lo que habla de un sistema educativo resiliente y con fortalezas importantes; en tercer lugar, se ampliaron algunas brechas de aprendizaje, especialmente la de género; y, finalmente, contra la tendencia general, las escuelas que se habían clasificado como “insuficientes” por sus bajos resultados, mejoraron significativamente sus indicadores en lectura y matemáticas en el ciclo 2018-2022, período en el que se suspendieron las mediciones y sus consecuencias (fenómeno interesante que habrá que estudiar en detalle) y en el que se priorizó el apoyo a estas comunidades.

Contar con una política de reactivación educativa robusta y convocante, que tome las lecciones de esta medición (ampliando por ejemplo los esfuerzos en educación media y en matemáticas) sin perder como horizonte el aprendizaje integral y para el siglo XXI, es el reto más importante de los años que vienen en el sector educación. Se ha avanzado en esa dirección (con iniciativas potentes como las tutorías, los equipos de revinculación y distintos programas), pero la magnitud de la respuesta no es proporcional todavía a la profundidad del problema. El Consejo para la Reactivación Educativa ha propuesto algunas medidas adicionales, para lo cual se requiere mayor prioridad y financiamiento.

Pero una buena política de reactivación no será suficiente. Debemos asumir que nuestro sistema educativo enfrentaba ya un problema de estancamiento que, a pesar de los esfuerzos de política educativa, se ha prolongado por más de una década y de forma transversal a los distintos grupos sociales, tal como muestran el propio Simce y las evaluaciones internacionales.

En este escenario, es urgente que el conjunto del sistema político -en diálogo con los actores educacionales- deje de hacer de la educación un espacio de trinchera y disputa de corto plazo, y se oriente a la búsqueda de acuerdos amplios que permitan conformar una política nacional para la calidad y justicia educativa, cuyos pilares sean: resolver temas estructurales pendientes (como el ineficiente sistema de financiamiento escolar, que hoy hace agua en muchas partes del país); eliminar procesos y políticas que no aportan a la mejora sustentable (como la amenaza de cerrar una escuela por su resultado en el Simce); invertir de forma significativa en mejorar la experiencia educativa cotidiana de estudiantes y familias (la convivencia y la infraestructura cumplen aquí un rol crucial); e implementar una estrategia de desarrollo de capacidades cuyo foco sea fortalecer la formación, el acompañamiento y las condiciones de trabajo de las personas (educadoras, profesores, directivos y asistentes) que conducen los procesos de enseñanza, la variable más importante para alcanzar una educación de calidad para todos. En un contexto de alta polarización política, es nuestra responsabilidad con las próximas generaciones transformar a la educación en un proyecto común.

Por Gonzalo Muñoz, Facultad de Educación, Universidad Diego Portales