El fortalecimiento de la Educación Pública en todos sus niveles fue uno de los compromisos anunciados hace un año cuando asumió el actual gobierno. A quienes somos parte y trabajamos en las Universidades del Estado nos resultó profundamente esperanzador escuchar esa declaración, ya que es evidente que nuestro actual sistema de educación superior necesita modificaciones estructurales, tarea nada de fácil con el marco normativo vigente.

¿Qué ha pasado en este primer año? Se han realizado algunos avances, pero aún seguimos esperando que ciertas áreas de la política educativa sean abordadas con prontitud.

Es urgente diseñar un nuevo modelo de financiamiento que se aleje de la subvención a la demanda y que, entre otros elementos, asegure un financiamiento basal para investigación y vinculación con el medio, y entregue recursos directos para carreras prioritarias en cada región y en el país, a fin de asegurar que se impartan con altos estándares de calidad independiente de la cantidad de estudiantes matriculados en ellas, además de los necesarios recursos para nivelación académica y apoyos estudiantiles, entre otros. Un modelo de estas características requiere cambios estructurales mayores, sin embargo, se puede comenzar realizando ajustes a los instrumentos de financiamiento actuales, tarea que el CUECH ha comenzado.

Respecto a la oferta formativa de pregrado se requiere un aumento de la cantidad de vacantes ofrecidas por las Universidades del Estado de forma que la oferta estatal tenga una mayor cobertura a nivel nacional. Hoy solo el 22% de las vacantes en universidades corresponden a universidades del Estado.

Fortalecer los postgrados a nivel nacional también es una tarea pendiente, un sistema de becas que priorice los postgrados acreditados de las Universidades del Estado, sería un mecanismo simple (aunque creo que algunos dirían que inconstitucional) que lograría un alto impacto.

Otra área prioritaria de formación, en especial en las regiones, son las carreras y especialidades médicas. Se necesita un nuevo mecanismo de relación con el sistema de salud público, de forma de asegurar que las Universidades Estatales cuenten con los espacios en los centros de salud de su región para impartir con altos estándares de calidad los procesos formativos de pre y postgrado en las diferentes carreras y especialidades de salud, permitiendo la formación y posterior trabajo en los propios territorios.

Por otro lado, continuar con el fortalecimiento de la educación técnica estatal, asegurando y fomentando su articulación con la formación universitaria, permitirá contar con un sistema que soporte la formación a lo largo de la vida, tan necesario para el mundo cambiante y globalizado al que nos enfrentamos.

Así también, se debe avanzar en temas propios de los/as funcionarios/as de las universidades del Estado. Es importante la adecuación de algunas normativas a la realidad propias de cada universidad, como lo son la flexibilidad laboral y el teletrabajo, así como mejorar algunos elementos de la Ley de Transparencia y de la Ley de Compras Públicas para ser más eficaz y rápido en los procesos propios de cada una de estas instituciones.

Encaminar el abordaje de un desafío con tantas aristas se observa difícil, pero es innegablemente necesario. No podemos esperar una nueva crisis en el sistema para actuar. El rol del Estado en la Educación Superior Pública debe estar a la altura de las demandas locales y de las necesidades del país. Es por ello que se debe dar prioridad a esta temática dada su incidencia directa en los niveles de desarrollo, inclusión e igualdad que queremos alcanzar como país.

Por Fernanda Kri
Prorrectora Universidad de O’Higgins (UOH)