Es gravísimo que en España no exista un debate público sobre la educación superior. La universidad, cargada de futuro, pero con males endémicos y problemas largamente enquistados, sigue en la sala de espera, pendiente de que la ciudadanía la examine y se interese por unas dolencias que afectan a todos.

El pasado jueves 22 de diciembre el Congreso dio luz verde en primera vuelta al proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) sin más ruido que el de los agentes directamente implicados. Este miércoles ha pasado por el Senado y vuelva al Parlamento para ser definitivamente aprobada. El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha sabido suavizar el polémico borrador que heredó del anterior titular de la cartera, Manuel Castells. A diferencia de este, que fue tildado de intervencionista por regular detalles que tradicionalmente venían siendo competencia de los centros universitarios, la propuesta de Subirats ha presentado un texto más generalista. La misma exposición de motivos de la normativa es clara en este sentido: “esta ley no quiere imponer soluciones ni trazar caminos concretos”. ¿Estamos, pues, ante una oportunidad perdida?

La crisis económica de 2008 dejó una universidad sometida a recortes inéditos. Ejemplo de esta infrafinanciación es que, en 2012, de todos los profesores jubilados, la tasa de reposición era tan solo del 10%, de manera que la única solución ha sido masificar las aulas y usar fraudulentamente figuras contractuales que todavía hoy siguen vigentes. Tenemos hoy en nuestras universidades a profesores universitarios –los llamados “asociados”– cobrando aproximadamente entre 100 y 500 euros al mes, sin derecho a complementos, y dando en ocasiones más horas de clase que los que tienen un contrato indefinido.

Esta precariedad ha alimentado la endogamia, uno de los temas estrella de la LOSU, y es que, en tiempos de escasez, el ser humano tiende a garantizarse las provisiones para sí. La poca inversión ha creado estructuras de poder a menudo basadas en el miedo, que han hecho que el inferior jerárquico, con un contrato que se renueva anualmente, tenga que soportar situaciones de acoso laboral y otras formas de abuso de poder. Y sí, el miedo y la precariedad han sido las vías mayoritarias para el acceso a la carrera académica durante muchos años. El único modo de cortar este circuito vicioso pasa por un salario digno y por el respeto de los derechos laborales. La LOSU va a terminar con esa figura contractual y a convertir a los 25.000 profesores asociados del sistema universitario español en profesores con contrato indefinido. Además, va a reducir la temporalidad, que en muchas universidades supera el 40% de sus plantillas, a un 8%. Ahora bien, detrás de estos eslóganes hay dos pequeñas trampas: la primera es que últimamente los tribunales vienen dando la razón a los profesores asociados que reclamaban contra el atropello de derechos reconocidos por el Estatuto de los Trabajadores, de manera que Subirats está legislando lo que la jurisprudencia ya reconoce. La segunda es que la estadística tiene letra pequeña, porque de esa reducción prevista hasta el 8% de la temporalidad no contempla todos los contratos temporales, sino que excluye deliberadamente algunos, como los llamados “ayudantes doctores”, los asociados de ciencias de la salud y otros derivados de la Ley de la Ciencia y del propio Estatuto de los Trabajadores.

Por otra parte, llama la atención que la LOSU regule la categoría de “profesor distinguido”, de libre contratación por la universidad, que iría a buscar a un candidato específico, cosa que sorprende, pues, en la lucha contra la endogamia, parece que se desnude un santo para vestir a otro. Asimismo, la exigencia de una acreditación por parte de organismos externos como la ANECA, que –a pesar de las críticas que podamos formular– sirvieron en su día para frenar los dedazos de perfiles sin suficientes méritos, desaparecen en la LOSU para la categoría de “ayudante doctor”.

Si observamos una estadística de universidades públicas con mayor número de profesorado asociado, veremos que los cinco primeros puestos los ocupan universidades catalanas. Es curioso que siempre pugnen por aparecer en los rankings internacionales sin importarles este otro tipo de clasificaciones. ¿Será que, como los grandes imperios, las universidades sustentan sus laureles sobre condiciones indignas de explotación y precariedad? No debe banalizarse el hecho de que muchas universidades no podrían abrir cada día sus puertas sin esos profesores a los que pagan menos de 500 euros al mes y que representan más del 40% de sus plantillas. Recuerdo haber sido alumno de un profesor asociado que llegaba extenuado a clase porque tenía que pluriemplearse, trabajando de camarero, dormir pocas horas, y hablarnos, precisamente, de Humanidades. Buena parte de los problemas de la universidad española se solucionarían con la receta de Biden: “pay them more” (páguenles más). Y no es casual, según ha reconocido el propio Subirats, que Madrid y Cataluña sean las comunidades autónomas que menos inviertan en educación superior.

La brillante exposición de motivos de la LOSU de Subirats se desinfla en parte del articulado

La docencia es la gran olvidada de las nuevas regulaciones, tanto de la LOSU como de los estatutos que están generando las universidades, que apuestan claramente por la investigación. También las agencias de acreditación, que valoran casi exclusivamente las publicaciones ―valorando más un artículo de revista sobre un tema candente o de moda que un ensayo o una edición crítica duraderos―. Se revuelve en su tumba Ramón y Cajal, que decía: “Cultivemos la ciencia por sí misma, sin considerar por el momento las aplicaciones. Estas llegan siempre; a veces tardan años, a veces, siglos. Poco importa que una verdad científica sea aprovechada por nuestros hijos o por nuestros nietos”. Todo aquel que trabaje en la universidad sabe que hay sistemas de premios y castigos de acuerdo con la investigación que el profesor produzca y ese castigo se concreta en dar más horas de clase. En la práctica, la investigación hace que profesores indefinidos puedan reducirse horas docentes, que pasarán a darlas los asociados y así los primeros pueden investigar más y los segundos menos, que son, precisamente, los que necesitan realizar más méritos para acceder a un puesto indefinido. Nuevamente, el grande se come al pequeño y la LOSU se queda corta en revertir esta situación, en que muchos profesores van a desgana a dar una clase o a atender a sus alumnos, vista la escasa importancia que tiene en la promoción académica. Claro que la investigación tiene que fomentarse, pero no a costa de desincentivar la docencia.

En conclusión, la brillante exposición de motivos de la LOSU de Subirats se desinfla en parte del articulado. Soluciones a la descomunal burocratización del profesorado, frenos a los excesos en las políticas neoliberales (que con la innovación y la transferencia de conocimiento muchas veces enmascaran la privatización del conocimiento financiado con dinero público) o metas como la gratuidad en la universidad, que ya se da en otros países de nuestro entorno, son hitos que se alejan indefinidamente. Es cierto que introduce muchas mejoras en diversos campos, y sería injusto no aplaudirlos, pero muchos esperábamos de este ministerio soluciones más ambiciosas y estructurales para el momento crítico actual. En los próximos ocho años se jubila más del 50% de las plantillas universitarias españolas, lo que implica una revolución de facto. Será entonces cuando la LOSU demuestre si sirve de guía o de impedimento para los cambios reales.