En el verano de 2021, el Gobierno Chino anunció la política hoy conocida como “doble reducción”: la ilegalización del mercado de las clases particulares acompañada de una rebaja de la carga de deberes y tareas escolares. La medida sorprendió a propios y a extraños, sobre todo por el enorme volumen que para entonces habían adquirido las grandes empresas chinas de tutorías privadas online, que se habían mirado con buenos ojos, si es que no animado y apoyado, desde el Gobierno. De repente, sin embargo, se declaraba la guerra oficial a las clases particulares, calificándolas del mayor riesgo para la equidad educativa y, por ende, para el bienestar de las nuevas generaciones chinas.

Las compañías de clases particulares online se hundieron en los mercados bursátiles, despidieron a decenas de miles de trabajadores, y las que no desaparecieron se han ido reconvirtiendo en negocios más modestos, pero nada despreciables. Un año después, ofrecen sus servicios fuera de China —desde el sudeste asiático a, por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda— y desarrollan “materiales educativos”. En el caso de las compañías más grandes, su cotización en Wall Street se está recuperando tanto que aparecen ya incluso señaladas como consejo de compra en las plataformas de inversores.

Pero ¿qué ha pasado con las clases particulares más tradicionales, es decir, con las academias privadas locales o con las que daban los propios profesores del sistema público? ¿Tendría la Administración educativa china la suficiente capacidad de vigilancia y supervisión para hacer cumplir la política de la doble reducción también fuera de Internet? ¿Asumirían las familias y las escuelas la necesidad de disminuir el alto grado de competitividad de la educación china, ahorrando muchos recursos las primeras y convirtiendo las segundas la vida escolar de los estudiantes en una experiencia más equilibrada y de menor presión?

Desde los mismos comienzos de la guerra en cuestión, llegaban indicios de que la victoria ni iba a ser fácil ni llegaría pronto: ya en 2021, se hablaba de grupos de familias que se organizaban para contratar a tutores privados para sus hijos compartiendo los gastos y los riesgos. A comienzos del curso 2021-2022, el Gobierno reaccionó con la creación de centenares de “centros de atención al estudiante” para ofrecer clases gratis fuera del horario escolar a los estudiantes de primaria en las grandes ciudades. También se creó un nuevo departamento en el Ministerio de Educación con la sola misión de regular y supervisar cualquier servicio educativo ofrecido fuera de la escuela. Aun así, recién concluido 2022, el año II de esta cruzada, el presidente Xi podría estar más cerca de perder la guerra que de ganarla.

Lecciones a domicilio

Veamos algunos hechos clave, que están contrastados a pesar de que no podamos saber la medida exacta en que están generalizados: por un lado, el profesorado chino continúa ofreciendo clases particulares a sus estudiantes, en grupos pequeños y con frecuencia en su propio domicilio. Esto ocurre además con la tolerancia e incluso con el apoyo de los equipos directivos de las escuelas. Por otro lado, muchas academias de clases particulares se han rebautizado a sí mismas como “centros de atención al estudiante”, y las actividades que organizan funcionan como una suerte de tapadera del auténtico negocio, que sigue siendo el de las clases particulares.

Este mercado, ahora clandestino, sigue operando sin mayor contratiempo porque las administraciones educativas locales, encargadas de hacer cumplir la doble reducción, prefieren cumplir con sus objetivos de porcentaje de aprobados en los exámenes (sobre todo, el de acceso a la universidad) y perciben por consiguiente que acabar con las clases particulares iría en contra de sus intereses y de los de sus administrados. Aunque llevan a cabo puntualmente las inspecciones periódicas, tanto de escuelas como de los “centros de atención”, para asegurar que las clases particulares se han erradicado, estos siempre se enteran de cuándo va a producirse la inspección, de modo que, por muy reglamentariamente que se realicen, los inspectores no suelen encontrar nada que denunciar.

El mercado de las clases particulares sobrevive en China, y con buena salud a pesar de su ilegalización, por la confluencia de intereses entre familias, escuelas, profesorado, y departamentos locales de educación: todos tienen la presión de tener buenos resultados en los exámenes y la disponibilidad de clases particulares les parece crucial. El acuerdo tácito entre proveedores de clases particulares y autoridades educativas locales permite a familias y estudiantes seguir pagando y consumiendo sin correr riesgos.

Oficialmente, no hay clases particulares en China. En la práctica, las hay más que nunca. Todos los actores del sector educativo boicotean la prohibición, el profesorado que da clases particulares por razones obvias, y las autoridades educativas locales porque han tenido que optar entre dos objetivos y responsabilidades por las que tienen que rendir cuentas, y la doble reducción parece haber salido perdiendo. Como en una recreación de los tiempos de la ley seca en Estados Unidos hace un siglo, se sigue bebiendo en todo el país, pero no se habla de ello en tales términos. Más allá de retóricas, la guerra contra las clases particulares está lejos de la victoria. Habrá que estar atentos a las contraofensivas gubernamentales en 2023.