El año que comienza, como el anterior, será esencialmente un año político. El proceso constitucional continuará estructurando la agenda pública; el próximo 15-N cumplirá cuatro años. Además, elegiremos —mediante voto obligatorio— a las y los miembros del Consejo Constitucional y concurriremos al segundo plebiscito de salida.

Adicionalmente, la esfera política estará sobrecargada: elección de expertos constitucionales, reformas tributaria y previsional, temas penales y de seguridad. Volverán a estar en discusión —con variable eco en la opinión pública encuestada— las libertades fundamentales, la provisión y el financiamiento de los derechos sociales, la organización de los poderes del Estado, el reconocimiento de los pueblos originarios, el orden público, la matriz de una economía mixta, la profundización de la democracia y otros asuntos vitales para el futuro de la república.

Todo esto marcará nuestro nuevo año. Por añadidura, será de alta tensión. La sociedad civil está inquieta y sufrirá los embates redoblados de la inseguridad económica y de los riesgos que amenazan la integridad personal, la salud y el futuro de las personas. El Gobierno continuará en un precario equilibrio, tironeado ideológicamente desde dentro y debilitado hacia fuera por su escasa popularidad.

El Presidente Boric se mantendrá en la cuerda floja, exigido por su propio discurso programático, que, sin embargo, ha perdido todo viso de realidad. Aun su aplicación en materias principalmente simbólicas le acarrea altos costos. La proliferación de partidos, con su cascada de subdivisiones y liderazgos inorgánicos, seguirá horadando la efectividad de los procesos de decisión. Esto crea la imagen de una clase política ensimismada, frívola y alejada de la gente, imagen cara al periodismo y abono fértil, a la vez, para reacciones autoritarias o populistas.

Con todo, dependemos de la política, sus instituciones y personal para salir adelante.

Nuestro problema principal no es el gobierno que tenemos —a fin de cuentas funcional y elegido por una mayoría— ni la oposición de derechas que se siente fortalecida por el 4-S pero dista de ser una real alternativa de conducción por el momento. Por lo demás, tanto el gobierno Boric como la oposición y sus dirigentes hacen esfuerzos por adaptarse a las circunstancias y crear acuerdos (todavía tímidos e insuficientes) de gobernabilidad.

De eso se trata, precisamente. De hacer frente a la crisis de gobernabilidad que se manifestó en el gobierno pasado y que aún perdura. Es una cuestión social, económica y política de alta complejidad técnica e ideológica. Todos necesitamos esforzarnos para crear las condiciones de una nueva gobernabilidad para hacer frente a los desafíos que, sabemos, serán de gran magnitud durante la primera mitad del siglo XXI.