Tal es el tipo de preguntas que surgen en aquellos momentos que separan simbólicamente un año del siguiente, mientras a nuestro alrededor nada se detiene. Sobre todo no la política que incesantemente produce los acontecimientos que luego la prensa replica, califica y somete al escrutinio público. Lo que sigue es un intento por ordenar el tumulto de los sucesos anuales -los que fueron, los que probablemente vendrán- a partir de una lectura e interpretación de algunas claves ideológicas a través de las cuales la política se expresa en nuestra sociedad.

Como eje ordenador empleamos la trayectoria ideológica del gobierno Boric que asumió a comienzos del año pasado y cuyo futuro inmediato proyectamos a partir de los conflictos del presente.

La primera parte, 2022,  busca interpretar el año político pasado y sus coyunturas ideológicas principales por la evolución del bloque de gobierno, de sus dos coaliciones y de la batalla por la refundación constitucional del país y la aplicación del programa transformador proclamado originalmente por el gobierno.

La parte segunda, 2023, analiza el impacto del 4-S y su prolongación esperable a lo largo del año que comienza. Postulamos que los rearreglos de fuerzas dentro del bloque gubernamental y de éste con la oposición, la opinión pública encuestada y la sociedad civil no alteran, sin embargo, el cuadro político en cuanto a sus dinámicas de fondo.

Continuará el proceso constituyente a lo largo del nuevo año, hasta diciembre próximo. El programa transformador del gobierno y su alianza de partidos se ha reducido drásticamente y ha quedado amarrado a dos o tres reformas de resultado incierto. Además, la acción gubernamental deberá hacerse cargo, necesaria e inevitablemente, de los desafíos en dos frentes ultrasensibles, para los cuales el gobierno no estaba preparado ni intelectual, ni ideológica, ni técnica, ni emocionalmente.

En efecto, la política real se jugará en el frente del crimen y la violencia por un lado y, por el otro, en el frente del crecimiento económico y la producción de la vida material de la sociedad, a fin de cuentas la dimensión más determinante en el mediano plazo. En ambos «territorios», como espacios de experiencia social y representaciones colectivas, las ideologías de izquierda del estilo de aquellas presentes en el actual bloque gobernante se encuentran a contramano. Es decir, en dirección contraria a las exigencias que acompañan a los procesos de orden y de «economización» de la sociedad.

La pregunta final, entonces, es si el Presidente Boric, sus equipos y partidos, estarán a la altura de las demandas y desafíos que presenta el actual cuadro político en su proyección inmediata.

2022

El Gobierno ingresa al nuevo año con la sombra del 18-O que lo persigue pues es parte de su identidad original. En efecto, Apruebo Dignidad (AD) -coalición principal del Gobierno, su vocación programática y portadora de la promesa de concretar el imaginario expresado en los días del estallido social y las protestas masivas-nació de la huella intelectual, social, emocional y cultural que dejó tras de sí la revuelta de octubre de 2019; el octubrismo, como llamamos a ese espíritu.

Buscaba encarnarlo en una nueva Constitución por un lado, y, por el otro, en la obra de un gobierno transformador que tenía por mandato poner en práctica dicha Constitución y dar un giro fundamental, paradigmático, al modelo de desarrollo del país tras la muerte del modelo neoliberal (como se leía en los muros de la ciudad en los días del 18-O).

Desde el primer momento, sin embargo, AD debió admitir que en su seno coexistían dos interpretaciones del octubrismo; una que por analogía histórica puede denominarse «bolchevique» y otra «menchevique». Una más rupturista, refundacional, maximalista y revolucionaria; la otra reformista y de talante más templado, conciliador y evolucionista. La primaria interna de AD entre el alcalde Jadue por el PC y sus aliados y el entonces diputado Boric por el FA fue una primera, evidente, línea divisoria de aguas; a un lado el empuje radical y sin concesiones, al otro el tono generacional, novedoso e inclusivo. Perdió el lado octubrista duro mientras el FA ganó al acomodar su ventaja generacional al estilo más empático y transaccional del candidato Boric.

Una vez elegido candidato oficial de AD, el propio Boric se encargó de dar la bienvenida al Socialismo Democrático (el progresismo de la ex Concertación), mientras se comprometía a revisar su programa de gobierno para restarle aristas octubristas duras y abrirlo al influjo moderador del espíritu noviembristaque le permitía reivindicar la vía institucional a la vez que afirmar la necesidad de la nueva Constitución.

La tensión entre ambas visiones estuvo presente a lo largo del año 2021 y quedó consagrada públicamente cuando en plena campaña el alcalde Jadue advirtió al candidato de AD: “el día en que Gabriel (Boric) se tuerza un milímetro de la línea del programa, me van a tener a mí primero en la línea de denuncia y cobrándosela para defender los compromisos que estamos honrando”. Más que una fraternal advertencia, parecía una franca amenaza.

Como sea, Boric fue elegido Presidente gracias al apoyo que él y su revisado programa recibieron de los partidos y votantes de la ex Concertación, más la barrera ideológica que frenó a la candidatura de derecha «dura» en su intento por atraer a votantes del centro.

El inicio del gobierno Boric, con dos coaliciones -AD y SD (Socialismo Democrático)-separados desde el primer día, instituyó, por así decir, la difícil convivencia entre ambas; una representativa del maximalismo octubrista y, la otra, de una socialdemocracia noviembrista. El rol del Presidente, de haber sido un líder carismático del FA durante la campaña, mudó ahora a ser árbitro de tensiones, disyunciones y mutuas recriminaciones entre sus fuerzas de apoyo.

La brecha entre ambas coaliciones y la progresiva hegemonía de la primera sobre la segunda en el seno de la  Convención Constituyente marcó el primer semestre del gobierno. Efectivamente, en la Convención se impuso la mayor capacidad táctica y consistencia estratégica del PC que logró agrupar tras de sí a los colectivos salidos de las listas del pueblo, los escaños reservados de los pueblos originarios y las y los voceros más radicales de causas como el ambientalismo, el feminismo, los regionalismos, el indigenismo, las disidencias sexuales y, en general, las tendencias y propuestas antisistema (anti capitalista, moderno, liberal-democrático, neoliberal,  extractivista, colonialista, patriarcal, de libre comercio, depredador y un largo etcétera de otros «anti»).

Ese predominio de las posiciones extremas fue plasmándose inicialmente en las mesas directivas de la Convención, luego en los reglamentos y finalmente terminó imponiendo los contenidos, el lenguaje y el carácter refundacional y maximalista del texto de la nueva Constitución.

El FA, cuyas debilidades orgánicas, fraccionamientos, inconsistencia ideológica y falta de experiencia táctico-estrategia se advertían fácilmente desde antes de su arribo al Gobierno, quedó reducido en la Convención -junto al grupo socialista y de ex concertacionistas—a un rol subalterno, morigerador, que apenas servía para (auto)justificar su papel en nombre del mal menor.

A pesar de esto, el Presidente Boric -no se sabe con cuánta conciencia de los riesgos que entrañaba- puso su ilusión y esperanza en el resultado del proceso constituyente. ¿Por qué?

Seguramente por la constatación de que su propia situación era insostenible.  Forzado a jugar de árbitro en un Gobierno que rápidamente perdía su respaldo popular, se vio puesto, además, frente a un país exasperado por la larga resistencia ante la pandemia, una economía en claro ciclo descendente, un agobiante aumento del crimen y la inseguridad, y territorios calientes de violencia en la Macrozona Norte, con el agregado de una inmigración ilegal descontrolada, y, en la Macrozona Sur, en resonancia con los problemas irresueltos del pueblo mapuche. Más encima, su Gobierno enfrentaba un Congreso fraccionado, donde AD no cuenta con mayoría, y una creciente prédica contraria a la conducción del proceso constituyente y a las normas que allí se iban acordando.

En estas circunstancias parece razonable suponer que Boric, y el círculo más estrecho que lo acompaña en las decisiones críticas y en el manejo de crisis, vio como única salida posible de este complicado cuadro, y última posibilidad de recuperar la vocación transformadora de su programa, apostar la suerte del Gobierno al plebiscito del 4-S. Y encomendarse a la diosa Fortuna.

Así, ya cerca del final del proceso de redacción y armonización del texto, y luego al iniciarse su difusión pública y la campaña para el plebiscito que debía aprobarlo, el Presidente Boric asumió directamente él, y su equipo de ministros de La Moneda, la jefatura de la campaña en favor del Apruebo. En efecto, frente a las condiciones adversas en que se desenvolvía su administración, y previendo seguramente -cada vez con mayor claridad- que durante la duración de ella, sin una nueva Constitución radicalizada no habría espacio para impulsar las grandes transformaciones imaginadas en la utopía que dio origen al FA, el Gobierno decidió  jugarse enteramente por el Apruebo. Vio ahí la posibilidad de un nuevo comienzo; una segunda oportunidad, una coyuntura favorable para renovar el compromiso contraído con la transformación de la sociedad y la refundación del proyecto-país.

Efectivamente, el triunfo del Apruebo en el plebiscito habría significado una suerte de punto de fuga hacia la utopía concebida, a lo menos en la imaginación, como posible. En efecto, creaba las condiciones para una «ruptura democrática» con la trayectoria del país durante los últimos treinta años, y por esa vía, girar el modelo de desarrollo hacia algo radicalmente distinto y nuevo. En suma, permitía recuperar el entusiasmo del octubrismo como espíritu de la revuelta, pero ésta vez ejercido desde dentro de la institucionalidad.

Sin embargo, la diosa Fortuna no concurrió a la cita. Primó el Rechazo por una aplastante mayoría, sepultando el sueño de una revolución constitucional y, de paso, desencadenó efectos negativos sobre AD, el Gobierno y el propio Boric. En otra ocasión, en este mismo medio, propuse analizar el significado de esos efectos, entre los cuales el más importante, sugería, era este: la reprobación de un diagnóstico del país y de una estrategia de cambio formulada a partir de aquel. Ese diagnóstico consiste en suponer que la población chilena, pueblo contra élite, 99% frente a un 1% de súper privilegiados, aspira a lo máximo, a una gran ruptura, porque no tendría nada que perder.

Tal análisis y su corolario estratégico, el de una «ruptura» popular, es, sin embargo, un grave error sociológico más que político. ¿Por qué? Porque no se hace cargo de la enorme transformación experimentada por la sociedad chilena y la emergencia de variados nuevos estratos y subjetividades por su integración a circuitos masivos y heterogéneos de credenciales educacionales superiores, de consumo, de monetarización, de propiedad, de status, de circulación de signos y de formas de vida. Esta parte de la sociedad, todavía subestudiada o sencillamente descartada por ser el producto de la modernización capitalista de los últimos 30 años, y no constituir una clase social compacta, tiene efectivamente mucho que perder si la economía se estanca, los canales de movilidad se cierran, el Estado no garantiza el orden y la política se vuelve una lucha por todo o nada.

2023

Lo ocurrido a partir del contundente triunfo del Rechazo del 4-S es bien conocido: cambio de gabinete que, sin resolver el problema de las tensiones ideológico-estratégicas entre AD y SD, sin embargo redefine las relaciones de poder político-burocrático entre ambas, en favor de SD. Este último conglomerado queda al mando del eje de la administración de gobierno -Ministerio del Interior, Ministerio Secretaría de la Presidencia y, last but not least, el Ministerio de Hacienda a cargo de Marcel –reuniendo a través de estas secretarías de Estado el control del orden, de la coordinación interministerial y con el Congreso, y de la caja fiscal.

Las tensiones entre ambas coaliciones se intensifican; por un lado, por la redistribución de  cuotas de poder interno y, por el otro, por la pugna de interpretaciones respecto al significado del 4-S y qué hacer ahora que se acabó la ilusión de una segunda oportunidad para la revitalización del espíritu original octubrista (volvemos sobre esto a continuación).

Por lo mismo, el Presidente se ha visto obligado a acentuar los gestos de arbitraje entre las fuerzas que lo acompañan. Por ejemplo, invita a ambas coaliciones a un «cónclave» en Cerro Castillo el 6 de noviembre pasado, donde los once partidos concurrentes, según dice uno de los participantes,  «hablamos de la creación de una alianza única basada en dos coaliciones, pero donde el factor va a ser la unidad en la diversidad», destacando que se trata de «un paso muy significativo, a partir de ahí se va a generar una hoja de ruta».

En la práctica, sin embargo, la alianza única no aparece hasta aquí  por ningún lado; la diversidad se mantiene e incluso se hace más patente en las semanas transcurridas desde entonces, y la «hoja de ruta» (fórmula muy apreciada por la nueva élite política) tampoco se ha dado a conocer.

Más bien, han terminado imponiéndose las dinámicas reales del cuadro político actual. 

El proceso constitucional sigue adelante tras producirse un acuerdo el 12-D pasado entre los partidos, movimientos y grupos con representación parlamentaria que concurrieron a una extensa, complicada y exigente negociación para las partes involucradas. Las autoridades del Congreso Nacional, los partidos con representación parlamentaria y algunos personeros invitados fueron los protagonistas de este proceso. El Gobierno, castigado por el 4-S, debió tomar palco y concurrir como audiencia.

Pero no todos los actores quedaron igualmente contentos. En los hechos, interesantemente, fueron los partidos con mayor tradición -tanto del lado del oficialismo como de la oposición- los que encabezaron este renovado momento noviembrista.

En cambio, el FA y, sobre todo, el PC, perciben el Acuerdo como una imposición nacida de la derrota del 4-S y un intento por revertir, paso a paso, el anterior proceso a cargo de la Convención Constitucional. Según señala el director del diario del PC, “es constatable que hubo decepción, reticencia y crítica al Acuerdo Político desde el movimiento social y la sociedad civil”. A su vez, el editorial del 30 de diciembre del mismo diario advierte: “Hay que frenar los intentos destinados a elitizar los procesos que vivimos, dejarlos en manos sólo de representaciones políticas orgánicas y espacios formales y, peor aún, de grupos fácticos”.

El programa del gobierno -en la letra y el espíritu- ha perdido su élan y significa poco a esta altura, salvo como referencia retórica. En la práctica, la lógica real de las burocracias políticas ministeriales se ha hecho cargo del rodaje del gobierno, como es normal en un Estado democrático.

Cada secretaría de Estado posee su agenda concreta, su presupuesto, sus programas y demás instrumentos de acción, unos grupos tecno-políticos en el vértice, unas burocracias profesionales de nivel intermedio y en la base un cuadro de funcionarios permanentes. Corresponde a estos aparatos administrar la acción del Gobierno en cada área o sector, resolver los problemas y sacar adelante las medidas legislativas que logren el acuerdo -en el Congreso- de la oposición y de parlamentarios independientes. Hay pues un funcionamiento normal que no da lugar para planteamientos utópicos, como todavía suelen aparecer aquí y allá en algunos ministerios.

Las iniciativas concretas de reformas(transformadoras) han quedado reducidas, realistamente, a tres: reforma tributaria, reforma previsional y, de manera menos definida, en salud, donde se habla de un rediseño, una modernización, un incremento de efectividad y eficiencia, o una revisión del funcionamiento de los sectores público y privado. En todas estas iniciativas, si el Gobierno desea concretarlas, tendrá que desplegar una consistente política de negociación y acuerdos, en los niveles macro, meso y micro. Será una tarea altamente exigente por ende.

Los frentes más complicados, con todo, son otros dos, que desde ya mantienen al Gobierno bajo permanente presión.

Por un lado, el antiguo pero ahora renovado y revigorizado problema hobbesiano del orden y la seguridad en las calles frente a los delitos cotidianos, el crimen organizado, el narcotráfico y las redes de violencia en las principales ciudades, la Macrozona norte y la Macrozona sur.

Quizá como ningún otro factor este ha impactado al gobierno y a AD en sus bases cognitivo-emocionales obligándolos a cambiar de paradigma. En efecto, las fuerzas de izquierda (viejas y nuevas) han estado acostumbradas -al menos intelectual e ideológicamente, y así no sea más que ambiguamente- a estar siempre del lado de la violencia por razones, dirán, de ser ella signo de rebeldía, respuesta frente a las violencias (estructural y simbólica) del sistema, señal por ende de comportamientos anti sistema, de contra dominación, formas de lucha  de los débiles contra los poderosos, de víctimas contra victimarios, de grupos vulnerables contra poderosos, ricos e influyentes; en fin, reacciones que denuncian al capitalismo y el neoliberalismo y son parte, en sentido lato, de la lucha de clases como motor de la historia. El octubrismo transpira ese ambiente. Ahora, sin embargo, ya en el Gobierno y a cargo de los legítimos instrumentos represivos del Estado, no queda al Gobierno más que movilizar los dispositivos del Leviatán -todos ellos, incluso los vilipendiados estados de excepción- para recuperar, mantener y perfeccionar el orden y la seguridad a través de las instituciones del derecho.

Por otro lado, el factor menos llamativo pero también más pesado, estructurante en realidad del presente y el futuro, del crecimiento económico: el desarrollo de las fuerzas productivas, el diseño y organización de los mercados laborales, la inversión y el comercio, y la importancia clave de las empresas y emprendimientos de todos los tamaños, en todos los sectores.

Es curioso, pero las izquierdas postmarxistas y contraculturales dejaron de interesarse por estos aspectos capitales de la sociedad. Prefieren pensar y hablar de procesos de distribución, comunicación, interacción, comunitarios, de preservación, baja energía, no-utilitarios, empáticos, ajenos al lucro, locales, artesanales, de cuidado y bienes comunes, de creatividad y colaboración, no competitivos ni fabriles.

De manera que también en este aspecto, el Gobierno y su coalición principal experimentan un verdadero shock de realismo capitalista global y nacional. Lo revela, por ejemplo, la tortuosa evolución desde el rechazo absoluto del TPP11 a su aprobación a regañadientes. O bien, el contradictorio discurso anti-extractivista, cuyo absurdo se vuelve cada día más patente frente a las exigencias de la transición energética. Efectivamente, es una astucia de la historia el hecho que dicha transición requiera cada vez más, y no menos, «extractivismo» de cobre y litio, donde Chile posee ventajas comparativas netas pero parece carecer de una clara estrategia para aprovecharlas.

En general, es poco lo que AD ha planteado como visión estratégica para el crecimiento de la economía chilena en el corto, mediano y largo plazo. Más allá de la retórica programática, o del entusiasmo ocasional con una u otro experto internacional que nos ofrece consejos y sus servicios, ¿qué postula el Gobierno? El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y la CORFOtienen aquí un enorme espacio para generar iniciativas de política, pero no es claro que posean una agenda efectiva para impulsar la colaboración público-privada y el desarrollo de capacidades para el crecimiento de la economía. Más bien, la opinión pública se queda con la impresión -transmitida por varias agencias internacionales- de una negativa tasa de crecimiento para 2023 que nos situaría, por primera vez, en el piso de la comparación con el resto de América Latina.

El Presidente Boric, que seguramente está bien informado y es consciente de estos desafíos y situaciones, es probable que este nuevo año experimente aún con mayor intensidad las tensiones de su rol arbitral. Si, como es previsible, el ejercicio de este rol conlleva dar a cada coalición dentro de su alianza un reconocimiento equilibrado frente a sus divergentes demandas ideológicas, entonces el Presidente corre el riesgo de desdibujar su propia identidad y la de su Gobierno frente al país.

Así, por ejemplo, durante las últimas semanas, primero exaltó en vivos términos el espíritu noviembrista de la Concertación en su discurso al pie de la estatua levantada al Presidente Aylwin. De inmediato fue cuestionado, criticado y acusado de tender puentes con quien encarna la transición y los gobiernos de la Concertación.

Menos de un mes después, dentro del uso de sus facultades legales, el Presidente Boric procedió a indultar a 12 presos de la revuelta del 18-O, tal como prometió su programa. Lo hizo en medio de un delicado proceso de negociación gestionado por su ministra del Interior con el fin de establecer una agenda de medidas de seguridad con los  partidos opositores. ¿Su justificación para hacerlo? “Tenemos que sanar estas heridas, acá vivimos un proceso que fue tremendamente complejo y en donde estos son jóvenes que no son delincuentes. Es un compromiso personal, son decisiones complejas, pero las asumo responsablemente». De este modo daba una señal de identificación con el lado octubrista de su alianza, tal como antes había declarado, en varias oportunidades, que el Acuerdo del 12-D, si bienvenido por él, sin embargo no era lo que él hubiese elegido ni querido.

¿Podrá el Presidente sostener una política así de ambigua -de señales y contra señales, de giros en una dirección y la contraria- sin corroer su propio liderazgo y perder, poco a poco, la confianza e identificación con él de sus once partidos reunidos en dos coaliciones?  Y, más grave aún, ¿podrá salir adelante así, envuelto en contradicciones, en un año donde estará enfrentado a retos simultáneos de enorme envergadura?

Por fin, ¿podrá en esas condiciones y con tales turbulencias, continuar con su propio proceso de esclarecimiento político personal y aceptación de la política real, al mismo tiempo que mantiene la coherencia de su gobierno?

*José Joaquín Brunner es académico UDP y ex ministro.