Para el Gobierno Petro —que recibió un inmenso apoyo de estudiantes en elecciones y prometió terminar el cuatrienio con 500.000 personas más en la educación superior—una deserción en masa sería un duro golpe. Aunque los ministros de Educación normalmente no intervienen en los precios de las matrículas de las privadas, a esta coyuntura sí entró el Gaviria. “Es una discusión interesante que no se había visitado en este país por muchos años”, dijo en una rueda de prensa este viernes.

Después de discutir durante varias horas, Gaviria y ASCUN llegaron a tres acuerdos. El primero es que ninguna universidad podrá subir su matrícula más del IPC (Indice de Precios del Consumidor) al 31 de octubre, el 12,2%. La mayoría de las universidades privadas accedieron, aunque los rectores de las universidades Javeriana y Los Andes, donde han ocurrido varias de las protestas, pidieron consultar con sus consejos superiores antes comprometerse. En esas dos instituciones los estudiantes han denunciado aumentos de más del 12,2%.

El segundo es que el ministro estará más vigilante a los aumentos de las matrículas. Gaviria asistió a la reunión con su subdirector de inspección y vigilancia en la educación superior para recordarle a los rectores que pueden aumentar su matrícula por encima del IPC, pero deben justificarlo ante el Ministerio. Y que el Gobierno puede tomar medidas si no está de acuerdo. “No ha pasado históricamente, pero podría pasar”, dijo el ministro. “La carga de la prueba está en las universidades, tendrán que explicar por qué están aumentando por encima del IPC, cosa que en esta coyuntura, y lo digo de manera enfática, no es razonable”.

Las universidades no están acostumbradas a este tipo de relación. De acuerdo con Gaviria, el presidente de ASCUN y rector de la Universidad Simón Bolívar le dijo lo siguiente en la reunión: “Esto es inédito, es la primera vez desde que se hizo ASCUN, y en particular desde el comienzo de la Ley 30 del año 1992, que esta discusión se da en este Ministerio; es la primera vez que el ministro de educación nacional se sienta con los rectores a discutir el tema de las tarifas”. “Creo que las circunstancias actuales así lo ameritan”, cuanta el Ministro que respondió.

Como un aumento del 12,2% no deja de ser alto, el tercer acuerdo es que las universidades se comprometan a evitar la deserción de los estudiantes más vulnerables. Gaviria explicó que las universidades dijeron “que están trabajando en eso, en identificar los estudiantes que son más vulnerables socio-económicamente y focalizar las becas hacia allí. Algunas prometieron, y lo dijeron así explícitamente durante la reunión: ningún estudiante de nuestra institución va a abandonar la universidad por razones económicas. Esperemos que eso se cumpla”.

El ministro insiste en que protege la autonomía universitaria, y que por ley no es posible negociar un aumento menor al del IPC. Si bien el jueves dijo que los costos de la educación han aumentado solo el 5%, mucho menos que el costo de los alimentos y que la inflación general, el viernes aclaró que ese 5% podría interpretarse de varias maneras: como muchas universidades no subieron sus matrículas en 2021 y 2022 por la pandemia, por eso no ha subido el índice del costo de la educación aunque sí hayan subidos los costos operativos de ellas.

Gaviria reiteró que el Gobierno no busca atacar la autonomía universitaria pero que, como conoce las universidades privadas por dentro (hizo carrera como profesor, decano y rector), sabe que tienen un margen de maniobra para ayudar a los estudiantes. “Muchas de las universidades afectadas tienen un excedente, y yo creo que ahora se debe entender la dificultad del momento, algunas de las inversiones probablemente tiene que aplazarse, pero estamos hablando del bienestar de la comunidad, y yo creo que eso es lo que hay que poner primero”, añadió.

En la reunión con los rectores discutió la posibilidad de que las universidades privadas no dependan mayoritariamente de las matriculas y diversifiquen sus formas de financiación, un punto que desde hace años ha sido prioridad para el movimiento estudiantil. Al final, para Gaviria con el aumento de las matrículas no se está jugando solo la deserción sino la legitimidad del sistema educativo superior.

“Traté de hacer el siguiente argumento”, dijo Gaviria. “La legitimidad de las universidades del sistema de educación superior es algo que tenemos que proteger. Y de pronto dejar de recibir 1.000, 2.000, 3.000 millones de pesos de ingresos es un costo muy pequeño que tenemos que pagar para mostrarnos como tenemos que mostrarnos en este momento: solidarios con los jóvenes y con las familias”.