El Acuerdo del 12-D, suscrito por el arco de partidos políticos representados en el Congreso Nacional -con excepción del Partido Republicano y del Partido de la Gente- además de grupos partidistas en formación como Amarillos por Chile, Demócratas y Unir, fija las condiciones que deberían hacer posible la continuación del proceso constitucional.

Sin embargo, ha sido repudiado desde diversas posiciones por quienes prefieren salidas no democrático-liberales; o sea, no deliberativas, no negociadas, no consensuadas, no representativas, no parlamentarias (es decir, no conversadas), ni sujetas a reglas previamente convenidas. Estas reacciones provienen de la extrema derecha, de sus aledaños populistas, de las izquierdas ultrarevolucionarias y, paradojalmente, también de suscriptores a regañadientes del Acuerdo.

I

Desde la derecha no concurrente a este pacto, el Partido Republicano sostiene la posición más doctrinaria. En efecto, como había declarado su líder ya antes de firmarse el Acuerdo a propósito de una pregunta sobre la continuidad del proceso constitucional: “¿Por qué volver al mismo modelo fracasado de elegir una nueva Convención para redactar una nueva Constitución? Chile hoy no requiere una nueva Constitución, requiere que enfrentemos los problemas reales”. Y agrega en esa ocasión: “Si se quieren hacer modificaciones al texto constitucional, hay que hacerlas por la vía institucional. Pero si me dicen que necesitamos una nueva Constitución completa, desde una hoja en blanco, digo que no, que no es necesario. Chile no necesita una nueva Constitución, necesita un gobierno que gobierne, un gobierno fuerte y valiente que enfrente la realidad”. Y remata su visión de este asunto así:  “Yo volvería a lo que señala la Constitución, que es el Congreso el que tiene que realizar las modificaciones. Plantearía, ¿cuáles son las cinco reformas más importantes? Hasta ahora, no las he escuchado, no las he visto. Lo único que he visto es un proyecto fundacional que presentó la izquierda radical y que apoyó el Presidente. Y eso está por escrito. Eso es lo que yo conozco”.

Una vez concretado el Acuerdo, el día martes 13 de diciembre, la presidenta del Partido Republicano, ante la presencia de su líder, dio a conocer su postura contraria a una nueva Convención. Dijo: “Los republicanos no vamos a permitir que refunden Chile. Pese a estas 12 bases constitucionales, nosotros sabemos que quien escribe la letra chica es el Partido Comunista (PC), y nosotros como Republicanos vamos a defender nuestra institucionalidad y la legitimidad de este Congreso Nacional”. Y luego, abundando sobre su argumento, explica: “Hemos señalado que la letra chica la pone el PC porque lo vimos en la primera Convención. Esta es una segunda Convención, a la cual ellos han suscrito a 12 puntos con los cuales no están de acuerdo, por lo que deja entrever que ellos van a seguir con su espíritu y su ansia refundacional (…) Ellos siguen poniendo el tono de la música, la letra de la música y hay muchos que siguen bailando al ritmo del PC”.

El líder republicano, en tanto, en una bien preparada cuña, aseguró que “algunos han señalado que esta es una segunda oportunidad para nuestra nación. Esta no es una segunda oportunidad, es un segundo error cometido por los mismos que aprovechando ciertas circunstancias agobiantes para nuestros compatriotas tomaron la mala decisión de prometer la paz y una nueva Constitución aquel 15 de noviembre de 2019. Hoy podemos decir que ese 15 de noviembre nos opusimos y que desde esa fecha en adelante Chile es más inseguro, más violento y que no se ha solucionado ninguna urgencia social”.

También el senador del Partido se declaró contrario al Acuerdo alcanzado. Este, señaló, “es la demostración más evidente de que los seres humanos somos los únicos animales que cometemos el mismo error dos veces seguidas“; “no es más que una Convención 2.0 lograda a imagen y semejanza de la recientemente fracasada nueva Constitución, la cual rechazamos más de ocho millones de chilenos”. Además, acusa a los gestores y suscriptores del Acuerdo de haber actuado a espaldas de la ciudadanía y haberse saltado un plebiscito de entrada donde los chilenos podíamos rechazar “su cocina política y acuerdo”.

En suma, el discurso anti Acuerdo del Partido Republicano es, esencialmente, de oposición a la idea misma de contar con una nueva Constitución. En parte porque considera que la actual Carta fundamental puede ser reformada en lo que sea necesario y, sin decirlo explícitamente, porque su origen en dictadura -que precisamente lleva a su amplio rechazo y deslegitimación- constituye para este sector una afiliación con su propia identidad histórico-cultural. En parte, además, porque considera que -en las actuales circunstancias-una nueva Constitución sería digitada por el PC, un simplismo que sin embargo se apoya en el clima de amplio rechazo experimentado por la anterior Convención Constitucional y en el intenso anticomunismo de derechas que todavía moviliza a sectores de la sociedad chilena.

II

Otros argumentos esgrimidos contra el Acuerdo, como el de la cocina política y la actuación a espaldas de la ciudadanía, son retomados con más propiedad y más gráficamente por la sensibilidad populista que desde hace un tiempo anda circulando en la política chilena. Según tuiteó la diputada que mejor expresa esa deriva populista, “el pueblo soberano les va a volver a rechazar su mierda antidemocrática”, propinando un doble golpe al intento actual y al anterior fallido ejercicio constitucional. Por su parte, un diputado del Partido de la Gente adelantó, incluso antes de firmarse el Acuerdo, que su Partido no se sumaría y evaluaría más adelante cómo votar el procedimiento para formular la nueva Constitución.

Argumentó que era un error político la idea de contar con 24 expertos elegidos por el Congreso ya que “saltarse a la gente no corresponde”, agregando: “Nosotros siempre hablamos de un plebiscito de entrada, incluso hablamos de una comisión mixta 100% electa. Lamentamos que se haya llegado a esta decisión, saltarse a la gente no corresponde y la gente debió haber elegido porque es un nuevo proceso”. A su turno, la cuenta de Twitter oficial del partido expresó el día 13 de diciembre: “Es momento de que la ciudadanía entienda que no podemos seguir permitiendo que los acuerdos se sellen entre 4 paredes sin preguntarle a los más importantes”.

III

Desde el lado de las izquierdas ultrarevolucionarias, tal vez las más afectadas por, y críticas del, Acuerdo, los tópicos mayormente resaltados son varios: que el consenso se había forjado entre “estos grupos minúsculos que representan a la élite política chilena”; que la fórmula del Acuerdo había sido “claramente impuesta por la derecha”; el “rol de tutelaje que tendrán los (expertos y árbitros) ‘designados a dedo’ respecto de los elegidos de manera libre, secreta y democrática por la ciudadanía”. En breve, se trataría de un “acuerdo cupular, en que no se consultó ni se incluyó la opinión de organizaciones sociales o grupos representativos de la población”. Esta es la versión de izquierdas del argumento populista contra la política democrática, uno de cuyos momentos fundamentales es, en efecto, el de las mediaciones institucionalizadas y los arreglos de gobernabilidad.

En esta línea, un reputado Premio Nacional de Arquitectura, militante del PC, publicó su opinión bajo el título El acuerdo de la infamia, donde señala: “Este 12 de diciembre de 2022, se consumó la máxima cocinería jamás desarrollada en la historia del Parlamento chileno. Durante 92 días, encerrados en el viejo Congreso, de espaldas al pueblo, diputados y senadores de gobierno y oposición, terminaron por parir un engendro destinado a encadenar la soberanía popular, perpetuando, en los hechos, el modelo económico social neoliberal, concebido por Jaime Guzmán y un puñado de ‘expertos’, como se les llama ahora”.

Por su lado, Izquierda Diario, un semanario electrónico, entrega un extenso análisis del estado de situación que llevó al Acuerdo y del negativo cuadro que espera a las fuerzas revolucionarias. De contenido, dice, “el Acuerdo establece 12 ‘bases’ constitucionales donde, manteniendo el corazón de la Constitución de Pinochet actualmente vigente, tanto en el ‘modelo económico’ neoliberal -primario exportador, del saqueo y súper explotación- como en el ‘sistema político’ de una democracia burguesa restringida, busca integrar algunas fórmulas simbólicas, como llamarle Estado democrático y social de derecho (atendiendo esos derechos bajo el principio de la ‘responsabilidad fiscal’ como indica el acuerdo) e integrar algunos de estos derechos. Una especie de Constitución Política del ‘extremo-centro’ neoliberal (Tariq Ali), con la salvedad que no es solo la vieja derecha y la ex Concertación, sino ahora con el apoyo colectivo del Frente Amplio y del Partido Comunista”. Más adelante se lee: “El reformismo chileno del PC y el neorreformismo FA, está jugando un rol abiertamente reaccionario. No hay ningún ‘avance’ ni ‘paso adelante’ en este Acuerdo. La burguesía se ha ganado a un gran aliado en el FA y el PC…”

Aquí estamos en territorio conocido. Es el mismo lenguaje ritual pero de brocha gruesa de las izquierdas ultrarevolucionarias que floreció a comienzos de los años 1970 y volvió a apoderarse del escenario en los días del estallido social y la revuelta en 2019.

Más lírica (y lúdica, a la vez) es la reacción de la mirada destituyente frente al Acuerdo, reacción, cómo no, desolada y francamente pesimista, ahora que los ecos de la revuelta del 18-O apenas se escuchan en las calles. Estaríamos, según este relato expresado con la acostumbrada hipérbole discursiva, ante un golpe civil-parlamentario en curso, “cuyas diversas fases se ciñen al 15 de Noviembre (Acuerdo por la Paz), al 16 de Marzo (Declaración de la Pandemia), 4 de septiembre (plebiscito de salida) y 12 de diciembre (nuevo Acuerdo constitucional)”. Una secuencia pues de arreglos y repliegues que llevarían a una suerte de obturación de la historia la que, por un momento -el de la revuelta- pareció  iluminar el firmamento con la esperanza de un nuevo amanecer.

En esta oscuridad que habría descendido sobre el territorio nacional -el peso de la noche- el proceso constituyente deviene restauración conservadora, el poder constituido hace desaparecer al poder constituyente, un acuerdo oligárquico clausura las posibilidades de transformación abiertas en 2019, los 12 ‘bordes’ acordados son como otros tantos mandamientos de los poderes fácticos, el sistema financiero y el sistema político se unen y expresan su profunda filiación oligárquica atrincherándose contra la irrupción de los pueblos. De paso, la izquierda en el gobierno, particularmente el Frente Amplio, se convierte -desde la perspectiva de esta narrativa- en mera renovación generacional del pacto oligárquico: “Un gobierno que apelaba a la ‘transformación’ terminó, en virtud de su propio devenir, siendo un ‘gobierno transformado’”, dirá este relato.

IV

Más preocupante que las señales -previsibles, a fin de cuentas- de extrema derecha e izquierdas ultrarevolucionarias, y de los círculos populistas, son aquellos indicios provenientes de quienes aceptan a regañadientes el Acuerdo, partiendo por el propio Presidente Boric quien, en la radio Sonar admitió que en el consenso alcanzado, y que él mismo había urgido, “efectivamente hay muchos resguardos respecto del proceso, tanto con el famoso árbitro, las 12 bases, la participación no con derecho a voto, pero sí con derecho a plantear puntos del comité de expertos…”. A continuación, se justificó diciendo, “todos estos bordes, límites y tutelaje, como se dice, fueron parte de lo que se pudo lograr. Y yo prefiero, como dije en algún momento, un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo, porque Chile necesita una nueva Constitución y un nuevo pacto social”.

En otro momento reconoció que quizá este arreglo “no va a tener la épica que a nosotros nos hubiese gustado, pero esa oportunidad la tuvimos y esa oportunidad la perdimos”. Y explica (y se complica): “Por supuesto que yo querría un proceso que tuviera marcos distintos, y así lo impulsamos, lo impulsó el oficialismo dentro de la negociación, pero al frente había un sector que tenía otras observaciones y que era necesario para poder sacar adelante este proyecto, porque cualquier tipo de modificación y echarlo adelante, requiere 4/7 que no tenemos”. Y, en este ir y venir del alma atormentada, Boric termina apelando una vez más al realismo de los límites de lo posible que, días atrás, había elogiado a la sombra de la estatua del Presidente Aylwin. “Entonces, dijo, una vez arribado al Acuerdo, me parece que no ha lugar el tratar de modificar parte de la esencia del mismo, pese a que, insisto, a mí me hubiese gustado otra cosa, pero acá uno no está en política para hacer solo lo que le guste”.

A un similar realismo disgustado parecen haber arribado los jefes de dos partidos de la coalición principal del gobierno Boric.

Así, el presidente del PC declaraba en estos días que “el Acuerdo es insuficiente, imperfecto y lejano a nuestras expectativas. Pero las alternativas que nos dejó la derrota del 4 de septiembre no da para mucho más. Y no se trata de avanzar en la medida de lo posible, sino que hacer lo posible por avanzar más, desde una posición hasta ahora desventajosa”. Más adelante explica: “El Comité Central del Partido Comunista conoció y discutió sobre los bordes, evidentemente con algunos puntos hay disconformidad, pero finalmente se acordó seguir participando del proceso, porque los bordes también dan la posibilidad de avanzar en superar la actual Constitución en algunos aspectos, lo que es parte importante de nuestro objetivo”.

Claudia Pascual, senadora PC, prolonga esta misma línea argumental. Resalta que “la situación actual tiene que ver con la contundencia del resultado del 4 de septiembre. Este acuerdo no es lo que a mí me hubiese gustado, lo digo francamente, pero es el acuerdo que se pudo lograr para habilitar un nuevo proceso que nos permite modificar la nueva Constitución y no con los peligros reales de que empiecen ahora propuestas muy contradictorias entre sí para modificar la actual Constitución”.

Lo mismo dice Daniel Núñez, senador comunista: el Acuerdo “no representa nuestras aspiraciones, nuestras demandas, nuestro sentido de lo que debe ser un proceso con una soberanía popular plena y, desde ese punto de vista, tiene limitaciones que son relevantes, pero es un costo necesario que hubo que pagar”.

Más enérgica en la expresión de su desengaño es la diputada Cariola: “Este es un proceso que quedó completamente tutelado, a propósito de lo que va a significar la discusión posterior en relación a cómo se van a tomar las decisiones. Si bien se logra un órgano 100% electo, con 50 representantes con el modelo del Senado, queda un modelo que, por lo demás, no logra la presentación equitativa respecto de las regiones”. Y concluye, “no me da para salir a celebrar y decir que estamos en la panacea de lo uno esperaría de un proceso constituyente. Sin embargo, es lo que se pudo lograr”.

Igualmente directo en su contrariedad fue el ex precandidato presidencial del PC, alcalde de Recoleta, quien afirmó que “en el acuerdo constitucional persisten los fantasmas de la democracia tutelada y la medida de lo posible. Faltó coraje y convicción, y a pesar de que no es lo que el PC proponía, como siempre, nos sumaremos al proceso a disputarle espacio a quienes siguen creyéndose dueños de Chile”.

Pero el Acuerdo a regañadientes no se limita a figuras del PC. Dando cuenta de sus contenidos, Germán Correa, ex ministro y militante socialista, escribe: “El futuro Consejo Constituyente, aunque sus miembros serán todos elegidos por voto popular (el maquillaje democrático que se le da al proceso), no va a elaborar el nuevo texto constitucional sino sólo aprobar o rechazar la propuesta de texto constitucional que le entregará el grupo de expertos designados por los partidos, y si tiene propuestas diferentes a las de los expertos los quórum establecidos son tan altos que difícilmente lo logren. En el fondo, los parlamentarios se han asegurado que el texto de sus ‘expertos’ sea el definitivo”.

Por su parte, Tomas Hirsch, diputado de Acción Humanista, partido integrante de la coalición oficialista Apruebo Dignidad, reconoce así las complicaciones de la situación: “…sabemos que el resultado de esta propuesta constitucional que habrá no será como la primera, donde se hablaba de transformaciones importantes, profundas, de cambios grandes en materia ambiental, de derechos de las mujeres, de la diversidad, de los pueblos originarios, adultos mayores, en las regiones, para la niñez. Probablemente nos vamos a encontrar con una propuesta bastante más tibia…”.   Y, en respuesta, esboza una estrategia que en otras ocasiones ha perfilado también el PC:  “Nosotros tenemos que ir mucho más allá de lo que dice el Acuerdo, el Acuerdo es la parte legal, formal, institucional, pero no impide que tengamos una participación ciudadana muy activa y muy relevante. Nada impide que se realicen cabildos, asambleas, debates, mecanismos para recoger propuestas y opiniones, eso es fundamental (…) Eso significa una comunidad muy activa, movilizada, presente, que da a conocer su propuesta, su voz, su opinión. Me parece que eso será fundamental, no es algo como parte formal del Acuerdo pero para mí es uno de los elementos fundamentales para poder generar una buena Constitución”.

V

En conclusión, el Acuerdo razonable, realista dentro de lo posible, arduamente negociado y sujeto a cambiantes apoyos, críticas y recusaciones dentro de la esfera política y de la opinión pública encuestada, resulta en todo caso crucial para llevar adelante el proceso constituyente y mantener encauzada la gobernabilidad democrática.

Buena parte de las observaciones contrarias al Acuerdo provienen de los grupos situados en los extremos del espectro ideológico. Son de carácter más bien retórico y previsible. En efecto, hacen parte de los discursos de quienes se oponen, precisamente, al proceso constituyente y tampoco aprecian el valor de la gobernabilidad democrática.

De un lado, esos grupos reivindican «democracias protegidas y autoritarias», no están interesados en contar con una nueva Constitución legitimada ampliamente y son contrarios, en general, a los acuerdos; en especial a éste, igual como ayer rechazaron el del 15-N.

Del otro lado, proclaman «democracias radicales» o «rupturas democráticas» que conciben los procesos constituyentes como un desborde de la institucionalidad y una refundación de la sociedad sobre la base de una nueva hegemonía cultural. No propician el acuerdo sino la confrontación y, por ende, rechazan el pacto del 12-D, igual como antes se pronunciaron contra el pacto del 15-N.

Ambas posiciones extremas alimentan la polarización del debate pero no representan -por el momento- el principal riesgo u obstáculo para el avance del proceso constitucional y para la gobernabilidad del país.

El riesgo más serio viene de aquellos que son parte del Acuerdo pero a regañadientes, con sentimientos de malestar político, culpas ideológicas y disgusto táctico o estratégico. Allí reside la fuente principal de una posible erosión del Acuerdo; que este no logre consolidarse como el vector más dinámico del actual escenario y, por el contrario, se convierta en objeto de interpretaciones y querellas, creando confusión entre las propias fuerzas firmantes y mayor desazón y pesimismo en la población. Ahí reside también la amenaza del potencial populista que, por ahora, se manifiesta como cinismo frente a la política, liderazgos disgregadores, desprestigio de los partidos, demagogia, llamados a eludir las reglas y presión irresponsable sobre el gasto fiscal.

Si el Acuerdo no logra traducirse rápidamente en órganos, mecanismos, reglamentos, designaciones y elección de consejeros, plasmándose inicialmente en una reforma constitucional y, sobre todo, en un clima de convergencia procedimental y sustantiva entre las fuerzas concurrentes al Acuerdo, corre el riesgo de convertirse en un nuevo foco de inestabilidad y discordias.

El gobierno, por lo pronto, y el Presidente, tienen que contribuir a consolidar el Acuerdo y no restarle valor, sugiriendo que habrían preferido seguir el camino de la Convención Constitucional que la ciudadanía rechazó masivamente. La coherencia de los partidos oficialistas es asimismo esencial, en particular del FA y el PC, aunque -como hemos mostrado aquí- sus primeras reacciones más parecen excusas y señales de fastidio y enfado frente al Acuerdo que de compromiso con los arreglos alcanzados y que ahora deben implementar.

En fin, si la conducción política de los partidos y grupos, y de las fuerzas e ideas que en la sociedad acompañan el Acuerdo, no logra consolidar el camino abierto el 12-D, aislando a los extremos y superando las vacilaciones de los que caminan a regañadientes, el próximo año político podría ser desastroso. De aquí en adelante cualquier fracaso -que implique no avanzar o, al término del proceso, reprobar la propuesta constitucional- nos dejaría con una doble crisis de extrema vulnerabilidad institucional y fallida gobernabilidad.

*José Joaquín Brunner es académico UDP y ex ministro.