El país iniciará en estos días la discusión en el Parlamento del presupuesto público nacional para el año 2023.  Se trata de una tarea fundamental, por cuanto los recursos son una base indispensable de toda política, lo que implica pasar del discurso a su implementación efectiva. Como señala von Gersdorff (2018), toda política pública sin presencia en el presupuesto no es más que una buena intención. Por tanto, una política pasa a ser parte de un programa de Gobierno, en tanto es incluida en el presupuesto, lo que releva –.en los hechos- su verdadera importancia en este marco.

Como toda herramienta de gestión compleja, el presupuesto es una decisión político-técnica, que guía y orienta el hacer del gobierno nacional y en grado importante de los subnacionales, dando cuenta de sus intenciones, propósitos, metas y prioridades. Es decir, su finalidad es contribuir a la gobernabilidad de la sociedad asignando los recursos financieros –se entiende- a aspectos claves y fundamentales en pro del objetivo indicado: una mejor y mayor gobernabilidad.

La clave para entender este proceso, ahora en el caso específico del sector educación, es comprender ¿cuál es el diagnóstico de las autoridades sectoriales respectivas que fundamenta la asignación de estos recursos? Es decir, más allá de los compromisos contraídos previamente en este campo por las autoridades anteriores cuya finalidad por cierto es mantener funcionando el sistema, se entiende que existe la posibilidad cierta de definir nuevos recursos y/o de reasignar algunos derivados de otras partidas, lo cual por cierto corresponde a prácticas que regularmente realizan los distintos gobiernos.

Para una mejor comprensión del destino de los recursos educacionales es fundamental poder identificar el diagnóstico que guía su asignación. Ello debiésemos obtenerlo de las propuestas de gobierno en este campo y sus fundamentos. En primer lugar, como señalamos es importante entender que gran parte del presupuesto reguilar de Ministerio de Educación está comprometido en las partidas de Subvenciones Escolares que permiten el funcionamiento de las escuelas públicas y privadas que atienden a más del 90% de la población. La segunda partida relevante es Educación Superior, que desde la incorporación de la gratuidad ha crecido en forma significativa. La tercera partida es Becas y programas de alimentación y apoyo, que son iniciativas importantes para dar soporte al proceso formativo, pero que por cierto responden a política social pese a su impacto en lo educacional. La cuarta partida es la administración del ministerio y sus gastos de gestión, incluido personal.

¿Cuál es el diagnóstico compartido del complejo sistema educacional chileno? Es difícil ahondar en esta materia, en un campo tan multidimensional como el educacional, con la confluencia de actores diversos y objetivos dispares.

Ciertamente la Pandemia produjo un efecto decisivo e imprevisible en la educación nacional.  Mucho se ha hablado de ello, nos referiremos a dos aspectos cruciales de esta situación. Uno, lo que se denomina el avance de la desescolarización. Antes de la pandemia, según diversas estimaciones, en el país entre el 5 y 10% de la población en edad escolar no asistían a un centro educativo o al poco ingresar se retiraba de éste. Tal fenómeno se ha agravado postpandemia con cifras superiores al 20%, matizadas como baja asistencia de casi el 40% de los estudiantes. El segundo aspecto son las bajas provocadas en los aprendizajes formales del currículo oficial, entendiendo que la pandemia provocó otros aprendizajes poco o nada reconocidos.

¿Cuánto sabemos de las causas de este diagnóstico? El retornoa las escuelas ha sido en términos muy similares al período prepandemia ¿Qué aprendimos de ella? ¿Cómo hemos incorporado estos aprendizajes? Si teníamos problemas importantes antes y ahora son mayores ¿se solucionan con estrategias más o menos parecidas las anteriores? ¿Qué dice el presupuesto sobre innovación pedagógica, plataformas, equipamiento para estudiantes, mayor tiempo para trabajo autónomo del estudiante, apoyo de tutores y otros elementos aplicados en diversas latitudes en forma exitosa?

En educación superior la gratuidad nos está pasando la cuenta. ¿Qué diagnóstico tenemos de su implementación e impacto en la calidad de la formación?  Su progresión financiera no deja mayores recursos para otras iniciativas. La mayor parte de lo centros educativos superiores maquilló la calidad de su formación con profesores con mayor carga horaria de aula y cursos más numerosos, y con estudiantes con menos acceso a docentes. Este es una materia emblemática para quienes dirigen el Gobierno, pero es imprescindible preguntarse por el destino de la gratuidad. Podemos seguir ese camino sin equilibrio entre aporte y responsabilidades, es decir, entre contribución de la sociedad y retribución por parte de los estudiantes/graduados. Este es un tema crucial de la gobernabilidad. Posiblemente falta avanzar más en este plano para no poner en peligro otras políticas educativas que se necesitan.

Entonces, también podríamos debatir nuestro sistema educacional escolar enfrenta ahora un cumulo de desafíos operacionales relevantes. La unificación de la educación inicial o parvularia, mejorar el Sistema de Admisión Escolar, y por cierto la relevancia y finalidad del currículo de enseñanza media cuya crisis de sentido no hace sino alentar al abandono prematuro de los estudiantes de este ciclo formativo.

La teoría del cajero automático es destinar el dinero sin preguntar el sentido de la política, su relevancia, aporte e impacto, sino solamente proveer recursos hasta que se agoten, alejados de un proyecto estratégico. Sería importante avanzar pre presentación presupuestaria, sobre las prioridades educativas país y regiones y luego en su coherencia con el soporte presupuestario. Entendiendo que el presupuesto del país cada vez se acerca más al de los países de la OCDE, pero nuestros resultados educativos son distantes de ello.

• Opinión sustentada en el proyecto ANID Regular 1220045, a quien se agradece su apoyo.