En conversación con el Diario de la Educación, el exministro secretario general de Gobierno, y académico de la U. Diego Portales, José Joaquín Brunner, definió aquellos puntos relevantes que deben ser parte de una nueva propuesta constitucional.

Lo esencial que debe tener un nuevo texto constitucional en materia educacional es “el derecho a la educación y la libertad de educación en un mismo plano, pues ambos son derechos humanos esenciales y claves para una sociedad democrática pluralista”.

A eso se suma, por el lado del derecho, “la gratuidad desde el jardín infantil hasta el término de la educación obligatoria, y la gratuidad de la educación superior para los grupos de menores recursos. Por el lado de la libertad de enseñanza, el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, el derecho de las comunidades a crear establecimientos y la autonomía de los colegios para gobernar su propio proyecto educativo conforme a la ley”.

En opinión del académico, es “obligación del Estado asegurar todos estos derechos; crear un régimen público que trate a todos los colegios—estatales y no estatales subsidiados—igualitariamente y los financie  sin discriminar entre ellos, garantizando la gratuidad de la educación. Este régimen debe contemplar las formas de asegurar la calidad de la educación impartida, fomentarla y supervisarla junto con adoptar políticas para una progresiva mayor equidad”.

Para Brunner, los principales errores que hubo en la propuesta ampliamente rechazada por la ciudadanía fueron tres: “Una visión estrecha y subordinada de la libertad de enseñanza; un orgánico dual del sistema que crea un régimen privilegiado para instituciones educativas estatales y uno subalterno para las instituciones no estatales; un exceso de principios y fines cuya ambigua definición puede llevar a un control panóptico de los colegios, restándole espacio al pluralismo. Además, en el caso de la educación superior, no se reconocía la autonomía universitaria, derecho a lo largo de la historia de esta institución”.

Asimismo, consideró que “siempre es necesario y positivo conocer la opinión de expertos en la deliberación pública, sobre todo en asuntos de alta complejidad como son las relativas a los sistemas de salud y de educación”.

En ese sentido, se mostró disponible a participar si es que lo llegan a convocar. “Nadie puede excluirse si es llamado a dar su opinión, sobre todo entre quienes participamos continuamente en el debate público. Es nuestra responsabilidad”, manifestó.

Consultado sobre si en esta segunda oportunidad que se dará el país para generar una nueva propuesta constitucional, se podrán generar acuerdos más equilibrados, indicó que eso “dependerá, como ya hemos aprendido, de la manera cómo se organice el nuevo proceso constitucional. Es importante que el órgano convocado sea técnicamente bien diseñado, pero, además, que funcione con un espíritu auténtico de diálogo, orientado a producir consensos, considerando el interés de la sociedad en su conjunto y no solo el de algunos colectivos”.

Mientras que, en el campo educacional, considera que para llegar a acuerdo es “imprescindible actuar con mayor conocimiento de la realidad del sistema y, antes que pensar en ideologías que nos dividen, buscar acuerdos que reconozcan la igualdad de las y los infantes, niños y jóvenes, respetando la diversidad de instituciones educacionales que se ha dado a sí misma la sociedad civil”, concluyó.