“Los abajo firmantes, premios nacionales de educación y académicas/os, llamamos a la ciudadanía a aprobar la propuesta de nueva Constitución en el próximo plebiscito del 4 de septiembre, la que contiene un conjunto de normas y principios educacionales que coinciden con aspectos fundamentales de nuestra visión, esperanzas y desafíos”, comienza el escrito.

Y sigue: “Durante décadas el sistema educativo nacional ha segregado, discriminando, estandarizado y experimentado una acelerada mercantilización, fenómenos agravados por la ausencia de participación real de las comunidades educativas en los procesos que les atañen. Todo lo cual ha desencadenado una enorme crisis de nuestro sistema educativo, y gran parte de los problemas que cruzan dicha crisis se explican por el marco normativo que entrega la Constitución de 1980″.

Así, los firmantes aseguran que “con satisfacción hemos leído la propuesta de nuevo marco normativo para la educación y la pedagogía, que se presenta a la sociedad como resultado del trabajo de la Convención Constitucional, y en la que se establecen aspectos que constituyen un paso fundamental para contribuir a la generación de un país realmente democrático”.

Entre esos aspectos, los académicos destacan que “la educación es garantizada como derecho humano fundamental, superando así su comprensión como bien de consumo” y que “se consagran fines y principios esenciales que contribuyen al bienestar de la sociedad, como la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y discriminación, la educación sexual integral y el respeto a la diversidad de género; así́ como la adquisición de conocimientos, el pensamiento crítico, la capacidad creadora y el desarrollo integral de las personas”.

Pero no es lo único. Dentro de lo que consideran relevante, los firmantes de la carta exponen que el nuevo texto “crea un Sistema Nacional de Educación, integrado tanto por instituciones públicas como privadas. Especial relevancia cobra el carácter estratégico del Sistema de Educación Pública inserto en la estructura nacional, pues deja atrás el rol subsidiario del Estado en materia educativa al existir un deber ineludible por parte éste, el cual supone además la obligación de su ampliación y fortalecimiento”.

Así también, recalcan que la propuesta de texto promueve una participación “vinculante” de las comunidades educativas en el diseño, implementación y evaluación de la política educacional local y nacional, que “se reconoce la libertad de enseñanza de modo que padres, madres, apoderados y apoderadas pueden elegir el tipo de educación de las personas a su cargo”, así como que los trabajadores de la educación, “además de ser reconocidos como actores fundamentales del proceso educativo, gozarán de igualdad de derechos ante iguales funciones”.

“Se promoverá la diversidad del sistema”, suman como argumento. Y cierran: “Se prohibirá toda forma de lucro en las instituciones de educación superior que forman parte del Sistema Nacional de Educación, a la vez que se garantizará en dichas entidades el principio de gratuidad de los procesos formativos conducentes a la obtención de títulos y grados académicos superiores”.

Por todo esto, concluyen, y “dada la trascendencia de este momento histórico, hacemos un llamado a todo el pueblo de Chile para que el 4 de septiembre aprobemos la propuesta de nueva Constitución”.

Hasta esta publicación, eran 81 los firmantes, aunque se buscaba sumar a varios más, con la idea de llegar a, al menos, 100 personas. Entre ellas se destacan cuatro premios nacionales de educación: Beatrice Avalos (2013), Iván Núñez Prieto (2015), Abraham Magendzo (2017) y Nolfa Ibáñez (2021).

Hay, además, dos rectores de universidades: Elisa Araya de la Umce y Álvaro Ramis de la Academia de Humanismo Cristiano.

Pero no son los únicos. Se suman también 76 académicos, de distintas universidades, tanto estatales como privadas. Algunos de ellos son Carlos Ruiz Schneider, Jenny Assael, Jesús Redondo, Rodrigo Cornejo, Leonora Reyes, Cristian Bellei, Luis Osandón, Daniel Johnson, Víctor Orellana y Marcela Gaete (todos firman como académicos de la U. de Chile), así como María Loreto Nervi, ex docente de la Casa de Bello.

“Creo que es el marco normativo que necesitamos para una nueva educación pública, democrática, participativa, inclusiva, plural, diversa, no sexista, con consciencia ecológica, comprometida con el reconocimiento de las lenguas y culturas originarias, orientada al desarrollo integral de las personas y de la justicia social”, expone sobre su visión del texto Leonora Reyes.

Asimismo, desde la Pontificia Universidad Católica entregaron su respaldo Ernesto Treviño, Patricia Guerrero, Claudia Matus, Carmen Gloria Zúñiga y Ana Luisa Muñoz, así como también lo hicieron Verónica López, Vicente Sisto y Silvia Redón, desde la PUC de Valparaíso.

Por su parte, otros 18 docentes de la Diego Portales también aparecen como firmantes: Gonzalo Muñoz, José Weinstein, Renato Gazmuri, Felipe Kong, Julia Marfán, Jorge Marchant, María Jesús Espinosa, Francisca del Río, Silvana de la Hoz, María Alicia Otegui, Liliana Ramos, Rita Arévalo, Claudia Caviedes, Katina Santis, Marcelo Garrido, Luz María Terán, Ximena Galdames y Javier Insunza.

“El texto constitucional propuesto habilita cambios de fondo que están pendientes en la educación chilena (como el financiamiento), pero al mismo tiempo consolida un camino que ya hemos recorrido en la política educacional (como la gratuidad y el fin del lucro), junto con propiciar un debate de futuro sobre lo que se enseña y aprende que también es muy positivo”, justifica su firma Gonzalo Muñoz.

Desde la Umce se sumaron 12 académicos: Willy Thayer, Miguel Caro, Ana Gálvez, Diego Pinto, Marcelo Garrido, Graciela Muñoz, Andrea Figueroa, Guillermo Castro, Victoria Garay, Froilán Cubillos, Jorge Joo y Vidal Basoalto.

“La nueva Constitución consagra a la educación como derecho fundamental, entrega un marco formativo común indispensable para la formación integral, contextualizada e inclusiva de las nuevas generaciones y sitúa a la educación pública como eje central sin transgredir la libertad de enseñanza ni la diversidad de proyectos”, dice Miguel Caro.

Mientras, son 10 los firmantes que dictan cátedra en la Universidad Católica Silva Henríquez: Héctor Opazo, Álvaro González, Gustavo González, Cecilia Millán, Maribel Calderón, Olga Cuadros, María Paz Faúndez, Andrea Horn, Felipe Acuña y Paula Guerra.

La lista, además, la cierran los académicos Rolando Pinto, Eduardo Cavieres, Fabián Cabaluz, David Miranda, Lorena Godoy y Felipe Gascón (U. Playa Ancha); Alejandra Falabella, María Teresa Rojas, María Soledad Jiménez, Liliam Almeyda y Ulises Sepúlveda (U. Alberto Hurtado); Graciela Rubio (U. de Valparaíso); Jaime Retamal y Sergio Galdames (Usach); Fabián González (U. Academia de Humanismo Cristiano); y Donatila Ferrada.